Guillermo Gazanini Espinoza /CACM. 27 de octubre.- El Sistema Informativo de la Arquidiócesis de México dio cuenta del triunfo legislativo en la sesión del 23 de octubre de la Cámara de Diputados donde se discutió la minuta proyecto de decreto que expide la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, originada por una iniciativa preferente del Ejecutivo, presentada en el Senado de la República, misma que sufrió importantes modificaciones a las de su iniciador, particularmente para considerar los “derechos sexuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes”.

Mueve a la reflexión el controvertido debate en la Cámara de Diputados y cómo la ideologización de estas nociones adquieren un impacto particular donde no se tienen consensos suficientes; estas discusiones se movieron en el pantano de la subjetividad, de la ideología de la equidad y género, del laicismo y el autonomismo sin dejar de apuntar hacia las temerarias afirmaciones de que la “negación” de estos derechos provienen de fuerzas oscurantistas, clericales y confesionales que están detrás de esto.

Examinemos primero el contenido de los textos controvertidos. La Cámara de Senadores realizó, entre otras, modificaciones a los artículos artículos 50, fracción XI y 58, fracción VIII, del proyecto de decreto para incorporar la obligación de las autoridades a proporcionar asesoría y orientación sobre el ejercicio responsable de los derechos sexuales y reproductivos a niñas, niños y adolescentes, así como a sus padres o tutores, y garantizar el acceso a los métodos anticonceptivos; de igual forma, se pretendía que los sistemas educativos promovieran la educación integral que contribuya al desarrollo de competencias que permitan a niñas, niños y adolescentes a ejercer, de manera informada y responsable, sus derechos sexuales y reproductivos.

Ya desde la Cámara de Senadores, se vino denunciando los riesgos que podrían entrañar estos cambios advirtiendo del terreno movedizo en el que se encuentran dichos conceptos sin definir claramente sus alcances y limitaciones. A juicio del grupo parlamentario de PAN, esto podría abrir prácticas de anticoncepción desde el aborto, la promoción irresponsable de métodos artificiales e ignorar conceptos esenciales como madurez y autonomía jurídica de la persona capaz de ejercer derechos. En la Cámara de Diputados, la discusión degradó en niveles absurdos cuando el grupo parlamentario del PRD denunció la violación del principio de laicidad con la falsedad de que no serían reconocidos “todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes” con el argumento de que la supresión del texto normativo obedecía a consignas de tinte religioso y confesional. Uno de los discursos que más llamó la atención durante fue el de la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, la diputada Martha Lucía Micher Camarena, del grupo parlamentario del PRD. Al enunciar diversos convenios y tratados internacionales, los cuales ninguno expresamente cita o reconoce derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes, Micher Camarena usó su defensa para afirmar: “No voy a permitir que una ideología de ultraderecha y conservadora venga a esta tribuna a negar los derechos sexuales y reproductivos que están en todos los tratados que México ha signado…” Más aún, en una especie de arrebato energúmeno, la legisladora por el Distrito Federal había proclamado su fe católica desde la Tribuna del Palacio Legislativo, cuando arrojó a la asamblea la siguiente sentencia: “Díganles a sus hijos e hijas que ustedes no quieren reconocer sus derechos sexuales y reproductivos. Vayan y díganselo. Nosotros, nosotras tenemos la frente en alto. No vamos a desconocer los derechos sexuales y reproductivos nomás porque Dios dice. Aquí saquen a Dios y metan los derechos”.

Más adelante, sus correligionarios ideológicos se sumaron denunciando “estos graves atentando al estados laico” y a los derechos reproductivos. El colmo de la discusión fue señalar a los legisladores opositores a este tema como “reaccionarios” poniendo de ejemplo a un Papa de avanzada. El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, recomendó a la asamblea la lectura de una novela-ficción sobre el supuesto envenenamiento del Papa Juan Pablo I. Después de alabar la prosa, el legislador plurinominal por el Distrito Federal y exgobernador de Zacatecas postulado por el PRD, no dudó en reclamar a sus colegas, “Frente a las tesis que ahora escuché, les puedo decir que voy a recrearme más seguido de las tesis del Papa Francisco. Son de mayor avanzada que las de ustedes. El Papa Francisco ha asumido una posición mucho más avanzada que la de ustedes... Vean, lean, escuchen al papa Francisco y lean esta novela que es extraordinaria y que fijará la posición de cada uno, en una etapa tan difícil para el país, para el mundo como es lo que está pasando”.

No obstante, hay que decir que hubo voces de mesura para lograr una racionalidad jurídica del tema. Una fue la del diputado José Alfredo Botello, integrante del grupo parlamentario del PAN y legislador por Querétaro, quien como abogado y padre de cinco hijos esgrimió equilibrados argumentos para votar en contra de estas modificaciones del senado y apoyar las reservas: “Los derechos sexuales y reproductivos no se encuentran en nuestra Constitución ni tampoco en los tratados internacionales, que vinculen al Estado mexicano porque carecen de una definición sobre su contenido y alcance puede dar lugar a interpretaciones arbitrarias si se dejan estos artículos como están contemplados. La ley no se da una clara diferencia sobre el ejercicio de estos derechos en relación con la edad. No es lo mismo el grado de madurez de un niño de once años que el de un adolescente de diecisiete. Yo no quiero que se haga a un lado la orientación que los padres o tutores debemos brindar en vista el interés superior del menor. Si la legislación civil prevé que un menor no pueda realizar actos jurídicos por sí solo. Se alimenta es altamente riesgoso que en este proyecto de ley se pretenda que niñas, niños y adolescentes puedan tomar decisiones sin la orientación de nosotros, sus padres o tutores, en algo tan delicado como es la sexualidad con implicaciones físicas, psicológicas, económicas, sociales en el presente y en el futuro, y por ello es nuestra reserva”.

Finalmente, las reservas a los artículos 26, 50, 57, 58 y 83 , aceptadas por la asamblea, fueron aprobadas por 267 votos del PRI y PAN contra 71 del Partido de la Revolución Democrática, de Movimiento Ciudadano, del Partido del Trabajo y de Nueva Alianza eliminando las imprecisas concepciones de derechos sexuales y reproductivos; sin embargo, los representantes de la izquierda juran seguir en lucha para lograr “el reconocimiento de todos los derechos” y llevar sus argumentos a la Cámara de Senadores donde aprobarán o desecharan los cambios de la revisora en próximos días.

¿Qué pasará en la Cámara de origen, el Senado? Según el proceso legislativo, los representantes sólo versarán sus discusiones exclusivamente sobre lo modificado en la revisora. En caso de insistirse en agregar los conceptos de “derechos sexuales y reproductivos”, podría volver a la Cámara de Diputados donde, de rechazarse nuevamente, el decreto de ley podría enviarse al Ejecutivo sin dichas adiciones o modificaciones.

La niñez es una de las poblaciones más vulnerables y hemos sido omisos muchas veces en el cumplimiento a cabalidad de sus derechos consagrados en las normas fundamentales. Sin embargo, usar a la niñez como bandera ideológica para justificar el individualismo y el exagerado subjetivismo que ignora conceptos jurídicos fundamentales para entender de qué manera son garantizados sus derechos resulta más interpelante. Es evidente que todos, por el hecho de ser personas, disfrutamos prerrogativas inalienables; sin embargo, la capacidad determina en qué momento han de ser ejercidos plenamente dependiendo del grado de madurez y responsabilidad personal. Todo niño tiene derecho a la vida, es innegable, pero no todo niño puede ejercer derechos políticos ni puede ser votado; toda niña tiene derecho a la salud y a un ambiente sano, pero no toda niña debe pagar contribuciones para el gasto público que redundan en bien de la comunidad. Los mal llamados derechos sexuales y reproductivos, se insiste, no son tema definido en las tratados y convenciones internacionales, mucho menos en la Constitución General de la Republica; en sentido contrario, las leyes de nuestro país garantizan el desarrollo integral y los documentos internacionales determinan la protección de la niñez contra cualquier forma de explotación que pueda afectar su salud o desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social lo que contradice la tesis absurda de los defensores de estos “derechos” al afirmar que, de no ser reconocidos, abre la puerta para que los delitos sexuales en contra de menores dejen de serlo.

No se puede ignorar la lamentable situación de muchas adolescentes que son madres, de la precaria información sexual o del lamentable estado de explotación que jamás debería darse contra un niño. La ideologización del tema, entre posturas “liberales o conservadoras”, en nada abona a un reconocimiento amplio de lo que es jurídicamente correcto y moralmente permitido. Es claro que, en primer término, los padres de familia son la población aliada más eficaz en cualquier iniciativa de promoción y defensa para generar cambios legislativos en cuanto a los “derechos sexuales y reproductivos”, procesos de sensibilización y educativos acompañados de los padres de familia, la hechura de materiales informativos siempre acordes a la edad de los niños y comunicación constante son adecuados para formar estos criterios que mantienen el respeto a los menores que aún son incapaces para decidir sobre hechos tan serios y determinantes en su vida. Ninguna política “responsable” aceptaría la promoción ilusa de la contracepción atentando contra la dignidad de los niños y la relativización de la vida.

Desafortunadamente, la discusión en la Cámara de Diputados piso el terreno de lo sacro y profano vulnerando, paradójicamente, la esencia de un debate auténticamente laico, no laicista. Y al parecer, la política quiso rebasar al derecho; lo que está en juego, es precisamente el interés superior de los menores, no de conservadores y liberales, no de izquierdas o derechas.