Eugenio Martín Elío | analisis@arcol.org / 10 de abril.- La venida del Papa Benedicto XVI a México ha traído, entre muchas cosas, un interesante debate en torno al tema de la laicidad del Estado. Desde hace veinte años la República Mexicana vivía una esquizofrenia reflejada muy bien en la anécdota que un testigo presencial me refirió de la conversación que mantuvo el Presidente José López Portillo con el Papa Juan Pablo II cuando lo recibió en el aeropuerto del D.F. en su primera visita a México el 26 de enero de 1979. “Bienvenido a México, Santidad. Llega usted a un país surrealista, porque la mayoría de los mexicanos son católicos, pero no lo puedo recibir oficialmente, porque no tenemos relaciones diplomáticas con el Vaticano. Sin embargo, le quisiera pedir el favor de si podría oficiar una misa privada en Los Pinos para mi mamá, que es muy católica”.

Ahora que Benedicto XVI sí pudo ser recibido oficialmente por el Presidente Felipe Calderón resulta que a algunos políticos e intelectuales les pareció maquiavélica la elección de la fecha y el lugar que el Papa escogió para su visita. Abrazando el estandarte de la sacra laicidad del Estado, denunciaron las intenciones ocultas de la Iglesia al traer a su máximo representante al centro simbólico del “México católico” justo antes de la campaña a las elecciones presidenciales. Y recordando la memoria de Don Benito Juárez, se han rasgado las vestiduras por ver al Presidente de la República recibir la comunión en una ceremonia religiosa presidida por el Sumo Pontífice. Leyendo interpretaciones tan retorcidas, me ha venido a la memoria la conocida anécdota del Benemérito de las Américas, que cuando le preguntaron si su hija se iba a casar por la Iglesia Católica, respondió con seguridad y firmeza: “¡Por supuesto! Mi hija no es una cualquiera”. Creo que los candidatos a la presidencia de los principales partidos políticos tampoco quisieron ser considerados unos “cualquiera” y no tuvieron problema de asistir a la misa pública que el Papa celebró en el Parque Bicentenario.

Y es que, a pesar de tantos prejuicios y predisposiciones negativas a la visita del Papa, el pueblo mexicano manifestó una vez más su espontaneidad y entusiasmo a la hora de vivir su fe. Mexicanos de muy diversos estados, condiciones sociales y generaciones –con predominio de muchísimos jóvenes- abarrotaron las calles de Guanajuato y se entregaron de corazón al Papa. Como sucedió en las anteriores visitas apostólicas de Juan Pablo II a nuestro país, no se avergonzaron de mostrar al mundo que México sigue “siempre fiel” a sus raíces y tradiciones católicas, orgulloso de ser un país hospitalario, alegre y profundamente religioso.

Pasado el enojo de algunos y el fervor popular levantado por esta visita papal, creo que lo más sensato y oportuno es reflexionar sobre la libertad religiosa y el significado del “Estado laico” como marco jurídico que permita superar estas tensiones y establecer una sana relación entre las iglesias y el Estado. El pleno del Senado aprobó el 28 de marzo de 2012 la reforma al artículo 40 de la Constitución que define a México como una “República laica”. Sin embargo continúa viva la discusión: ¿qué entendemos por “laico”? Ya en el artículo 3 de la Constitución se dice que la educación en México debe ser “laica”, gratuita y obligatoria. Pero no debemos olvidar que en 1934 se escribió “socialista” en vez de “laica”, sin especificar si se inspiraba en el modelo de socialismo democrático o totalitario.

Hay un modo de entender el término “laico” como respetuoso de la sana autonomía que debe existir entre la esfera política y civil y la esfera eclesiástica y religiosa. En este sentido, aceptado en casi todos los países democráticos, “laicidad” sería una característica del Estado que garantiza la libertad de sus ciudadanos –incluido el Presidente- para que puedan pensar y practicar sus creencias religiosas, siempre y cuando no se manifiesten en forma de delito o contra el derecho de los demás. Si el pueblo mexicano es mayoritariamente católico y así lo ha mostrado en su historia reciente y antigua, creo que sus representantes no expresarían la voluntad general ni cumplirían su papel, si tomaran una actitud anticatólica y menos aún atea.

Tampoco se trata de privilegiar o imponer una religión ni de excluir a nadie que profesa una cosmovisión distinta a la mía. El acto religioso es el más personal e íntimo de un ser humano. Y consiste en la actitud que tomamos frente a Dios, frente a los demás y frente a la propia conciencia. Si entendemos “laico” como una doctrina que parte de una concepción materialista y excluye a priori cualquier visión trascendente del ser humano y de la sociedad, entonces el “laicismo” se hace ideología. Y el Estado que lo impusiera se haría totalitario, como también la religión que usara la fuerza para eliminar o cambiar a quien piensa distinto. Todos los ciudadanos tenemos algo que aportar en la sociedad y estamos obligados a respetar y buscar el bien común. Pero para ello necesitamos que el Estado reconozca este derecho de libertad religiosa, que no se reduce al ámbito privado, sino que también tiene una dimensión pública, como cualquier asociación humana.

Una sana laicidad, en mi modesta opinión, debería basarse en dos principios: la autonomía de ámbitos de competencia y la mutua colaboración en vistas al bien común. La religión no debería interferir en el modo concreto de organización política del Estado ni imponer una forma de gobierno. Pero tampoco debería ser amordazada o discriminada por expresar sus convicciones éticas y su defensa de lo que considera la dignidad del ser humano. Por su parte, el Estado cometería un grave error si pretendiera sustituir a la religión o excluyera a los ciudadanos de la participación pública por el solo hecho de ser creyentes. Ojalá la visita del Santo Padre y el debate político actual nos ayude a madurar una concepción del Estado laico donde quepamos todos los mexicanos y cada uno pueda aportar, en respeto y armonía, la riqueza de sus convicciones y libertades religiosas