El proyecto de reformas al artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dictamina una iniciativa propuesta por el diputado José Ricardo López Pescador, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Al ser aprobadas, pasan al senado de la República para ser revisadas y, posteriormente, ser avaladas por la mayoría de las legislaturas de la Unión.
Guillermo Gazanini Espinoza / Consejo de Analistas Católicos de México. 15 de diciembre.-¿Qué pretende la reforma? Quiere realizar modificaciones al artículo 24 de la Constitución Política con el fin de “adecuar el contenido de la Constitución con los pactos internacionales, por eso debe reformarse el artículo 24 de la ley fundamental para reconocer expresamente la libertad religiosa en los mismos términos que la reconocen y protegen los tratados de derechos humanos vigentes en México, especialmente el Pacto Internacional de derechos civiles y políticos (artículo 18), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 12), la Convención sobre los Derechos de la Niñez (artículo 14), la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (artículo 5), la Convención Interamericana para prevenir, suprimir y erradicar la Violencia contra la Mujer (artículo 4), y la Convención sobre los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios (artículo 12)”.

La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, presidida por el ministro retirado Juventino Castro, estimó que “la libertad religiosa debe protegerse absolutamente, pues los tratados internacionales prohíben cualquier tipo de medidas coercitivas que la menoscaben. Ese derecho fundamental comprende manifestar la religión en forma individual o colectiva, en público o en privado. Los ámbitos en que debe manifestarse el derecho a la libertad religiosa, es a través del culto o prácticas, incluyendo el derecho implícito en la tutela de los padres, sobre los hijos, para enseñarles la religión que profesan, como una forma de transmisión y recreación de la cultura”.

Sin embargo, dadas las polémicas derivadas de los argumentos contenidos en el dictamen y de los procedimientos para la aprobación del proyecto al seno de la Comisión, los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Diputados eliminaron algunos párrafos, uniformando en un criterio el concepto de “libertad de religión” y sus derechos, así se solicitó la supresión de los argumentos relativos a la difusión de las ideas religiosas por cualquier medio de comunicación y salvaguardando el derecho exclusivo de los padres de familia para escoger la educación que mejor convenga sin la intervención de iglesias o agrupaciones religiosas. Durante el debate, los diputados del Partido del Trabajo argumentaron que, por las reformas, la Iglesia católica se vería beneficiada por encima de las demás para entregarle concesiones de radio y televisión y privilegiando a “los religiosos” frente a los agnósticos y quienes tienen convicciones ideológicas distintas.

En el debate, los diputados del PT-PRD señalaron las componendas entre el PRI y el arzobispo de México para la aprobación, en este período, de las reformas. Sus especulaciones afirmaron que la visita papal es una oportunidad para debilitar y romper el estado laico y abrir la posibilidad a la Iglesia para tener medios de comunicación en propiedad. El temor de los partidos de izquierda es impregnar las reuniones religiosas con un carácter político, poniendo en riesgo la paz y la tolerancia. La pretensión última del fortalecimiento del estado es la limitación de los derechos para mantener a las iglesias en el marco de la legislación actual, reduciéndolas a su nivel mínimo, recordando la defensa del estado y la educación laica.

Javier Corral Jurado, del Partido Acción Nacional, admitió que la discusión no va contra religión o iglesia alguna, sino privilegia el derecho fundamental de creer o no creer; el estado laico implica una neutralidad positiva, ni de restricción de creencias e imparcialidad que debe mantener frente a los que toman la decisión de adoptar cualquier creencia. La reforma no atentaría, en modo alguno, contra los principios de separación de las iglesias y el estado. Como tal, es un tema de derechos humanos, de modernización de la legislación de la libertad religiosa que implica una especie, la de culto. En resumidas cuentas, el PAN llamó a superar las rémoras decimonónicas laicistas que aún perduran en la legislación mexicana.

Otro aspecto de la discusión fue la confusión lamentable que los diputados del PRD tuvieron sobre el artículo 24 constitucional y las relaciones del estado y las iglesias reguladas en el artículo 130. Hasta la saciedad se afirmó que el precepto en cuestión no habla de instituciones, sino de derechos humanos y libertades fundamentales. El miedo a la “poderosa jerarquía católica” confundió la ampliación de derechos esenciales. Diputados como Fernando Cárdenas Gracia y Gerardo Fernández Noroña, se montaron en el viejo discurso, rancio y atrasado, de acabar con una cúpula eclesiástica omnipresente con fueros de hecho arrobándose en una especie de “paladinismo” parlamentario con legitimidad moral para intervenir en la vida interna de las iglesias y de la condición de los ministros de culto católicos. Los jerarcas católicos, en suma, son culpables de la ignorancia y del atraso de la población mexicana. Finalmente, la asamblea aprobó las reservas presentadas por la diputada del PRD, Enoé Uranga, aceptando la reincorporación del párrafo tercero que limita las expresiones de culto público, clasificándolos como ordinarios y extraordinarios, sometiéndolos a la vigilancia y visto bueno de la autoridad de acuerdo con la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, volviendo a un punto controvertido: las limitaciones a la libertad de culto.

No solamente los diputados de izquierda estuvieron en contra de la reforma discutida. Algunos cabilderos de la Iglesia de la Luz Mundo, a través del ministerio de Comunicación Social, expresaron a los diputados del Congreso de la Unión y a la opinión pública su preocupación por una aprobación fast track debido a la "insistencia de la jerarquía católico-romana". Para esta iglesia, el cambio constitucional tiene como “trasfondo las exigencias de la jerarquía católica, quien enarbolando una sesgada interpretación de la libertad religiosa, busca resucitar antiguos privilegios: instrucción religiosa en las escuelas públicas, participación del clero en política electoral, instalación de capellanías en el Ejército y la Marina; subsidio estatal para sueldos, además de la posesión y control de medios de comunicación electrónicos, entre otros”.

Para la Luz de Mundo, la reforma quiere “sepultar la obra de Benito Juárez y los hombres de la Reforma, cuyo legado ha contribuido decididamente a fortalecer el régimen de libertades, la educación laica y la cultura de los derechos humanos. Por tanto las pretensiones clericales a que responde tal reforma van detrimento del Estado.

La reflexión final sobre este debate destaca la necesidad de una ampliación de los derechos de la libertad religiosa acorde con los convenios y tratados internacionales superando los vestigios decimonónicos. La Iglesia, en voz de los obispos, ha dicho hasta el hartazgo que no busca poder y la vuelta por sus fueros y, por el contrario, anhela el impulso de la laicidad que brinde a todos los credos presentes en México una participación activa que mejore las relaciones entre el poder público y la presencia religiosa; a nuestro juicio, es una reforma inacabada: falta garantizar los derechos de los padres para el fomento de la educación religiosa, los defectos sobre los avisos a las autoridades para permitir los actos de culto público y el tema pendiente de la objeción de conciencia. Aún, el estado laicista mexicano se abriga en un fantasma del siglo XIX que ya no corresponde al espíritu de los tiempos modernos: la protección y defensa de los derechos humanos. Falta mucho por hacer.