Editorial Desde la Fe / 17 de mayo.- Después de las reformas en materia político-electoral se apostó por la democracia transparente y procesos impecables para suscitar la confianza ciudadana. La Ley General en Materia de Delitos Electorales tipifica las conductas contrarias al sistema de participación en beneficio ilegal de candidatos y partidos por prácticas que se creían superadas, típicas del viejo régimen sustentado en fraudes y corporativismos lesivos de la libertad. No obstante la especialización de legislaciones, es más la maldad de contendientes por encontrar resquicios, empoderarse indecentemente y violar la ley defenestrando a los electores, considerados como objetos negociables, prescindibles, de fácil uso para la consecución de su voracidad desmedida.

México sufre una herida supurante y no hay medicina para lograr la pronta recuperación. Llegamos a la jornada electoral de junio ante la vergonzosa realidad del nepotismo, parejas imperiales, familias que viven como magnates a costa de los cargos de representación popular y por el cobijo de partidos solapadores de mafias; usan los puestos para fincar reinos monolíticos, incapaces de ceder un centímetro del poder acumulado por las complicidades y corrupción de las estructuras.

La Ciudad de México es ejemplo icónico de la descomposición a manos de unos cuantos quienes hacen negocios multimillonarios en el poder. Vistos como mecenas y campeones de la caridad, en realidad son mercenarios de la pobreza y necesidades de los desvalidos, haciendo de las delegaciones del Distrito Federal otros pequeños feudos donde ni una hoja se mueve si no es por los dictados de su podrida voluntad. Así, de primera mano, es ilusoria, impensable, cualquier oposición política. ¿Cuestionar? Jamás. Quien lo hace, corre el riesgo de ser amenazado, perseguido, golpeado y hasta desaparecido por grupos de choque leales a esas familias y parejas, un corporativismo sostenido con dinero público, porros azuzados por la voluntad de sus amos prestos para acabar a los enemigos.

En esta carrera por el poder se ha hecho énfasis en la transparencia y rendición de cuentas. Lamentablemente son pocos los candidatos que presentaron declaraciones patrimoniales reales y objetivas, en coherencia con la ética política urgente para nuestro país. La opinión pública se da cuenta de ilógicas e inauditas riquezas de la clase política, de vástagos y juniors que presumen en redes sociales sus viajes, fiestas y menajes, cortesía de papá quien compite, de nuevo, por otro trienio en demarcaciones pobladas de pobres y humildes. Cuando José Luis Abarca y esposa aparecieron a la luz pública debido a la ignominia de los desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa, los ciudadanos fueron azorados por un imperio hecho en un Estado pobre, atrasado y azotado. El poder de esa pareja sólo es explicable por el encubrimiento de otros beneficiados de sus crímenes.

Cualquier democracia promueve la sana competencia, y el sistema legal preserva el Estado de Derecho contra esa corrupción. Desafortunadamente, la política mexicana es un jugoso negocio, cortesía del voto y de partidos complacidos por el nepotismo de familias que hacen del oficio político el comercio más redituable para sus mezquinos propósitos, lucrando con el bien y diezmando la vida de millones de mexicanos.