"Se dio potestad a curas y obispos para realizar labores de notarios y poder inmatricularse las propiedades mancomunales. Algo inadmisible en un Estado laico"

Ainhoa Aznárez: "Un expolio que viene desde el franquismo y que se ha mantenido durante la transición con esa figura de súper poderes para una confesión religiosa que tiene la capacidad de inmatricular"

Mi dicha se fue tornando en mosqueo por un parcial e incompleto documento que ni siquiera incluía las inmatriculaciones “expropiadas” entre 1946 y 1998 con las que multiplicaríamos por 3 esta relación

"Consideramos un 'absoluto insulto' y una 'gran trampa' que haya que reclamar en los tribunales los bienes inmatriculados"

Europa Laica acusa al Gobierno de ser “cómplice de un expolio monumental que no se negocia ni se litiga en los tribunales”

Para acabar definitivamente con este expolio de las inmatriculaciones, además de publicar el listado completo de bienes “expropiados”, urge anular todas las inmatriculaciones realizadas, reclamándolas de oficio para el dominio público del patrimonio al que correspondiera

"Desde 1998, la Iglesia tuvo barra libre para registrar a su nombre todo lo que pudo pillar".

"El expolio del patrimonio del pueblo ha sido escandaloso, y todo ello con el consentimiento de los gobiernos de turno, tanto del PSOE como del PP"

"Lo primero que llama la atención es cómo una ley inconstitucional, franquista, pudo pervivir sin ningún tipo de problema hasta el 2015. ¿Pasó inadvertida? ¿No tuvieron las narices suficientes para denunciarla?"

"La mayor parte de las inmatriculaciones fueron anteriores a 1998. ¿Entonces por qué solo se refiere el Gobierno a las registradas desde 1998? Pues no lo entendemos"

"¿Qué pasa con los decenas de miles de bienes inmatriculados desde 1946 a 1998? ¿Hacemos la vista gorda?"

"La mayor parte de los bienes parece claro que son propiedad de la Iglesia católica. Hay otros que pueden estar en litigio", subraya en una entrevista en la cadena Ser

"Y luego habrá algunos que lleguen hasta el conflicto en tribunales", admitió, recalcando que, con la publicación del listado, se abre "una situación que será complicada y lenta, pero que cerrará definitivamente este asunto"

La Conselleria de Calidad Democrática pedirá al Gobierno central que detalle cuáles de los 912 inmuebles autocertificados por la Iglesia Católica en la Comunitat Valenciana fueron arrebatados al patrimonio público

El Ejecutivo valenciano considera las inmatriculaciones "el mayor expolio del patrimonio histórico del país por la Iglesia Católica"

"Tenemos la clarísima sensación de que ha habido una negociación previa y secreta entre la Conferencia Episcopal, el Gobierno y el Vaticano. No es normal que salgan a valorar al alimón el listado y que nosotros no tengamos acceso a él", critica Jorge García, coordinador de Recuperando

El Gobierno no tiene previsto revertir la ley que permitió las inmatriculaciones, aunque sí abre la puerta a un proceloso mecanismo para iniciar un procedimiento administrativo de investigación que podría llevar a las denuncias, en algunos casos

"Estamos dispuestos a hacer esa revisión si el derecho lo permite y las exigencias de la legalidad nos lo pide"

Las eventuales reclamaciones podrán ser realizadas tanto por la Administración General del Estado (incluyendo el conjunto de administraciones autonómicas y locales) como por particulares (personas físicas o personas jurídicas), señala Calvo

Finalmente la ley se modificó en 2015 y, desde entonces, la Iglesia está sometida al mismo proceso que los demás para reclamar la propiedad de los bienes inmuebles

"No puede afirmarse que los bienes o derechos reales inscritos a favor de la Iglesia carecieran de título material de adquisición", señala el informe entregado al Congreso, que abre la puerta a que quien tenga "documentación que lo acredite" pueda demandar a la institución

De los bienes registrados, 20.055 son templos o dependencias complementarias y 14.906, fincas “con otros destinos (terrenos, solares, viviendas, locales, etc…)”

La Iglesia niega privilegios: "Lo pueden hacer como cualquier otra institución civil, social, deportiva, científica, académica que concurren en el espacio público y trabajan en el tejido de la sociedad. Conocer la historia resulta imprescindible"

Se pusieron a nombre de la Iglesia católica un “total de 34.984 fincas”, según el Colegio de Registradores, de los que “18.535 se refieren a templos de la Iglesia o dependencias complementarias a los mismos y 15.171 a fincas con otros destinos”

Ambas formaciones califican de "escándalo" las inmatriculaciones de la Iglesia Católica –que contabilizan en unos 100.000 bienes en 74 años–, y señalan que ha de ser una "cuestión de Estado" con "una solución global"

Para ERC y EH Bildu sería "crucial" y "urgente" que se regulara de forma paralela y mediante ley "los criterios para determinar la naturaleza pública del patrimonio cultural de carácter religioso"

"El Ministerio de Justicia dispone, desde el 6 de febrero de 2018, de una relación de 34.984 bienes inmatriculados entre 1998 y 2015 mediante este procedimiento cuya constitucionalidad ha sido cuestionada incluso por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos"

"Resulta clara la intención que ha tenido el gobierno de ocultar el mayor tiempo posible esta información, para que no salga a la luz"

Recuperando cree que el Gobierno ha pactado en secreto la "impunidad" de miles de bienes inmuebles registrados a nombre de los obispos "como moneda de cambio en las negociaciones con el Vaticano"

"Todas las inscripciones son plenas de pleno derecho", aseguran los colectivos, que insisten en que, si se toma como período de referencia 1946, "las inmatriculaciones podrían alcanzar los cien mil bienes"

Inquietud en el Episcopado por que el Ejecutivo saque la cuestión de la fiscalidad, cuando "esos temas están en el guión, pero aún no hemos dialogado", tal y como confirma el portavoz a RD

El grueso de las conversaciones ha girado en torno al listado de bienes inmatriculados entre 1998 y 2015, aspecto en el que los obispos están muy tranquilos. Al parecer, las propiedades susceptibles de ser recurridas ante la Justicia son "residuales". "Si hubiera algún conflicto respecto a alguno de los 34.000 inmuebles hablaríamos", revela Argüello