La Iglesia católica de Honduras exigió este domingo que haya justicia para el ambientalista Juan López, asesinado el 14 de septiembre de 2024 en Tocoa, departamento de Colón, en el Caribe del país centroamericano.

"Inspirados por el Evangelio, por la encíclica 'Laudato Si' y por el clamor de las comunidades, exigimos con firmeza justicia para Juan López, que se investigue y se sancione a los responsables materiales e intelectuales de su asesinato", expresó en un comunicado la Comisión Nacional de Ecología Integral de la Conferencia Episcopal de Honduras.

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Señaló además que "la impunidad no puede seguir siendo el sello de los crímenes contra defensores ambientales" y que "la justicia no es venganza: es reparación, es verdad, es garantía de no repetición".

También abogó porque se ejecuten mecanismos de protección para líderes comunitarios, indígenas, campesinos y religiosos que defienden la tierra, el agua y la vida.

"La defensa del territorio no es delito: es servicio, es vocación, es acto de fe", recalcó la institución, que además le pidió a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, la "adhesión inmediata" del país "al Acuerdo de Escazú".

"No hay excusas. Este tratado garantiza el acceso a la información ambiental, la participación ciudadana y la protección de quienes defienden el ambiente. Cada día que se posterga esta decisión, se pone en riesgo más vidas", añade el comunicado.

A un año del asesinato de López solamente han sido llevados a juicio tres presuntos autores materiales.

López era predicador de la palabra y concejal de la Alcaldía de Tocoa por el gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, quien además es esposo y principal asesor de la mandataria hondureña.

Iglesias, ambientalistas, defensores de derechos humanos y organismos internacionales, entre otros, también exigen que se investigue quiénes son los autores intelectuales de la muerte de López, quien fue asesinado a tiros en el interior de su vehículo tras haber salido de una iglesia en la que predicaba.

"No podemos contentarnos con paliativos o soluciones superficiales. Lo que está en juego es la dignidad humana, la justicia intergeneracional y la supervivencia de los más pobres", indicó la Comisión Nacional de Ecología Integral.

La misma fuente pidió la revisión de los proyectos extractivos y la ejecución del Decreto 18-2024, que establece medidas urgentes para la protección de territorios ambientalmente vulnerables y comunidades en riesgo, y que se detenga la imposición de proyectos mineros, hidroeléctricos y agroindustriales que violan derechos humanos, contaminan ecosistemas y fracturan comunidades.

La muerte de López ha salpicado a ejecutivos de la minera Pinares Ecotek, a la que se oponía el ambientalista, y al alcalde de Tocoa, Adán Funez, a quienes grupos ambientalistas y la Iglesia católica culpan del crimen.

Funez, a quien pocos días antes de su muerte López le había pedido que renunciara como alcalde porque le estaba causando daño a su comunidad por supuestos vínculos con el narcotráfico, ha rechazado las acusaciones en su contra sobre el crimen, que causó mucha conmoción en el país, donde decenas de ambientalistas han sido asesinados en los últimos 50 años.