Mientras, el sentimiento de abandono se extiende por la Amazonía peruana Las comunidades indígenas, con el apoyo de Manos Unidas, luchan contra el narcotráfico en Perú

Arbildo Meléndez fue asesinado en abril de 2020, en plena selva peruana. Líder de la comunidad nativa kakataibo de Unipacuyacu y defensor incansable de su territorio, dedicó su vida a combatir las actividades del narcotráfico en la Amazonía y a defender los derechos de su pueblo. Su muerte no fue un hecho aislado, sino la expresión más violenta de una crisis creciente que afecta a los pueblos indígenas en Perú y en toda la Amazonía. Esta realidad ha sido documentada con cifras alarmantes en el informe Narcotráfico en territorios indígenas de la Amazonía peruana, cofinanciado por Manos Unidas. 

“Desde 2020, seis líderes del pueblo kakataibo han sido asesinados. No sabemos quiénes serán los próximos”, denuncia Marcelo Odicio, presidente de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (FENACOCA), organización con la que colabora Manos Unidas y testigo de la amenaza que las economías ilícitas suponen para los pueblos originarios.

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Sus palabras reflejan el sentimiento de abandono que se extiende por toda la Amazonía peruana. Y los datos del informe elaborado por el Instituto del Bien Común (IBC), lo confirman. En solo cinco años han sido asesinados 27 líderes de distintos pueblos indígenas, hay 274 comunidades afectadas, y 7.400 hectáreas de selva —el equivalente a más de 10.000 campos de fútbol— se han visto arrasadas por el avance de cultivos ilegales de coca, pistas de aterrizaje clandestinas y laboratorios de droga.

Marcelo Odicio, presidente de FENACOCA. Fotografía: Pavel Egúsquiza Sarapura.

Narcotráfico en la Amazonía: una amenaza en expansión

Lo que ocurre en territorio kakataibo forma parte de una crisis mucho mayor. El informe identifica cuatro regiones especialmente amenazadas: la zona awajún en el norte, Ucayali (hogar de los kakataibo), el trapecio amazónico en la triple frontera con Colombia y Brasil, y Madre de Dios, donde la minería ilegal se suma al narcotráfico. 

“Desde el asesinato de Arbildo Meléndez, la violencia no ha cesado. El narcotráfico se expandió aprovechando el vacío dejado por el Estado durante la pandemia”, señala Marcelo Odicio, líder indígena kakataibo. 

Ahora, en 2025, la situación es más crítica que nunca: en el Perú, al menos 717 comunidades indígenas siguen sin título de propiedad, lo que significa que el Estado aún no ha reconocido legalmente sus tierras, quedando así completamente expuestas a invasiones, contratos fraudulentos y el acaparamiento de sus territorios. La vulnerabilidad y el abandono son extremos. En los últimos años, se han identificado más de 500 pistas de aterrizaje clandestinas dentro de territorios indígenas, utilizadas para el tráfico de cocaína hacia Brasil y Bolivia. Nada de esto hubiera sido posible sin la indiferencia del Estado ante el avance y violencia del narcotráfico.

Más de 500 pistas de aterrizaje clandestinas han sido detectadas dentro de territorios indígenas. Fotografía: Aidesep 

“El 70 % de los asesinatos de líderes amazónicos están vinculados al narcotráfico”, explica Luis Hallazi, investigador del IBC. “La tierra sin título es tierra vulnerable. La inseguridad jurídica es el origen de muchos de estos crímenes”, lamenta.

Comunidades milenarias bajo asedio

Unipacuyacu, una comunidad nativa kakataibo ubicada en la zona centro-oriental del Perú, se ha convertido en un símbolo de esta crisis. Rodeada de plantaciones ilegales de coca y sin el respaldo legal de la titulación de tierras, su población vive bajo constante amenaza. Esta comunidad se encuentra en la cuenca del río Aguaytía, un corredor estratégico utilizado por el narcotráfico para movilizar drogas hacia la frontera con Brasil. Para resistir, los kakataibo han formado Guardias Indígenas, grupos de autodefensa que patrullan el territorio y buscan disuadir a invasores y narcotraficantes. Y lo han hecho con el apoyo de Manos Unidas. 

Más al norte, en territorios del pueblo awajún -el segundo más grande de la Amazonía peruana-, la amenaza también se vive a diario. María -nombre ficticio para proteger su identidad- describe cómo el narcotráfico ha transformado por completo su entorno. “El agua que antes bebíamos ahora está contaminada por los residuos de la pasta básica de cocaína. Ya no podemos pescar ni confiar en las fuentes naturales”, afirma.

Los que trabajan en los cultivos ilícitos nos intimidan. Intentamos salir adelante con cultivos como el cacao, pero necesitamos apoyo para vivir en paz.

Y ahí es donde también emerge el trabajo de Manos Unidas.

Cocales en territorios indígenas. Fotografía: Amazon Watch.

Manos Unidas: esperanza y resistencia en medio del abandono institucional

Ante esta realidad, Manos Unidas trabaja desde hace años junto a organizaciones locales como el IBC y CAAP para fortalecer la resistencia de las comunidades amazónicas. Desde 2018, la organización de la Iglesia católica apoya de forma integral un proceso que combina el fortalecimiento de los autogobiernos indígenas con la formación en derechos territoriales, el acompañamiento legal para la titulación colectiva de tierras y el apoyo a líderes amenazados. 

Junto al IBC, Manos Unidas ha conseguido fortalecer a líderes de ocho comunidades a través de talleres para mejorar su capacidad de organización y defensa territorial. El proyecto también promueve la creación de Guardias Indígenas y documenta violaciones de derechos humanos que han sido presentadas ante instancias nacionales e internacionales, incluyendo Naciones Unidas. 

“Nuestra estrategia es clara: apoyamos a las comunidades indígenas en la defensa jurídica de sus territorios y en la incidencia para que se creen políticas públicas interculturales que enfrenten el narcotráfico con su participación activa”, explica Mariana Ugarte, responsable de proyectos de Manos Unidas en Perú. 

La organización pone en el centro la voz de los propios pueblos. “En nuestros acompañamientos otorgamos centralidad a las decisiones de los pueblos sobre el buen vivir dentro de sus cosmovisiones ancestrales”, añade Ugarte. 

El trabajo no se limita a la denuncia. Manos Unidas impulsa alternativas de vida digna frente al avance de las economías ilícitas. “También apoyamos proyectos de desarrollo alternativo, como el cultivo de cacao y café, que permiten generar ingresos sin depender de las economías ilícitas”, subraya Ugarte. 

Alejadas de los centros de poder, la realidad de estas comunidades sigue marcada por el abandono. “Aquí estamos muy alejados y no sentimos la presencia del Estado como en las ciudades. Lo que pedimos es protección, control y proyectos de desarrollo que mejoren nuestra calidad de vida”, concluye María, quien sabe lo que es enterrar a miembros de su comunidad por defender su territorio ante la inacción del Estado.