Tres militares acusados de asesinar al prelado declararán el próximo 23 de septiembre El magistrado llama a indagatorias: Avanza la causa por el asesinato del obispo Ponce de León

Monseñor Ponce de León entorpecía el plan económico y político del terrorismo de Estado, defendiendo a delegados sindicales, militantes estudiantiles, sacerdotes con compromiso social y laicos en las barriadas populares. Por eso sufrió amenazas de muerte y fue espiado por la inteligencia del ejército argentino hasta que en la mañana con neblina del 11 de julio de 1977, camino a la Ciudad de Buenos Aires, a la altura de la localidad de Ramallo, es interceptado por una camioneta Ford F-100 que fue colocada como una barrera en la ruta nacional 9 evitando que Ponce de León presente documentación de los desaparecidos de su diócesis ante la Conferencia Episcopal Argentina, órgano administrativo y político de los obispos, y la embajada de la Santa Sede, llamada Nunciatura.

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La causa Ponce de León se inició en dictadura y su resultado fue el ocultamiento y la impunidad, por ello en el año 2004 la Subsecretaria de Derechos Humanos de la Nación inició un largo camino de investigaciones, acompañado en ese entonces por el fiscal Juan Patricio Murray, más la militancia eclesial, sindical y política.

Tras lograrse la anulación de la causa en dictadura por la abrumadora prueba, fue determinante el peritaje automovilístico realizado por el ingeniero Jorge Geretto. Es la querella familiar vía la sobrina del obispo, con el fiscal federal Matías Di Lello, más los gestos concretos de los propios obispos de la CEA con la conformación de una comisión y la misa en la Catedral de Buenos Aires, que se avanza en la causa con el pedido de indagatoria al grupo de cuatro militares del aérea militar 132.

Pero se opuso entonces del juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque. Por su negativa a realizar la indagatoria de los acusados es la fiscalía con la querella que recurren a la Cámara de Apelaciones. En este tiempo el magistrado Bailaque fue acusado de vínculos con el narcotráfico, y ante un proceso en el Consejo de la Magistratura y el escándalo en la prensa nacional tomó la decisión de renunciar.

Luego se aceleró la designación de un nuevo juez en la causa Ponce de León, el magistrado Carlos Vera Barros, un laico católico reconocido por su mano dura contra el narcotráfico, que ha participado de Congresos antimafia e incluso viajado al Vaticano a un coloquio sobre crimen organizado encabezado por el entonces Papa Francisco.

Una vez caída la negativa a la indagatoria, por al fallo del 27 de agosto firmado por la camarista Élida I. Vidal y su par Aníbal Pineda, no así la presidenta del tribunal de alzada, el magistrado Vera Barros el mismo día que es notificado del fallo de la Cámara de Apelaciones llamó a indagatoria a:

-Omar Andrada: desde octubre de 1975 y hasta el 5 de diciembre de 1977, tenía el grado de Mayor, y era jefe de la Sección San Nicolás del Destacamento Inteligencia 101, en coordinación con los Oficiales jefes S2 y S3 del Área Militar 132 y de la Dirección General de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

-Carlos Sergio Bottini: en el hecho a investigar era acompañante de Luis Antonio Martínez en la camioneta Ford F-100 y figuraba como directivo de Agropolo S.A., titular registral de la camioneta que impactó en el Citroen Renault 4 de Ponce de León.

-Luis Antonio Martínez: dijo que él y su acompañante Carlos Sergio Bottini viajaban “por razones comerciales” de la empresa Agropolo S.A., propietaria de la pick-up. Quedó fuera de la indagatoria el cuarto acusado, Bernardo Luis Landa, por fallecimiento.

Así, la causa toma un nuevo impulso y crecen las posibilidades de dilucidar el crimen del obispo: por primera vez el juez de primera instancia y el fiscal están en sintonía para avanzar en la búsqueda de la verdad.