Por primera vez en España, el Vaticano ha abierto una investigación canónica contra un obispo en ejercicio por presuntos abusos sexuales a menores. El protagonista de este hecho histórico es Rafael Zornoza, titular de la diócesis de Cádiz y Ceuta, acusado de haber abusado sexualmente, durante los años noventa, de un menor que se encontraba bajo su tutela espiritual cuando el prelado era sacerdote y responsable del seminario diocesano de Getafe.

La noticia, publicada por Julio Núñez e Íñigo Domínguez en El País, ha causado un terremoto en los ámbitos eclesiales y mediáticos. Según esta investigación, el denunciante habría acudido directamente al Dicasterio para la Doctrina de la Fe, en Roma, narrando los supuestos abusos sufridos entre los 14 y los 21 años. En su testimonio, el joven relató tocamientos, besos, manipulaciones psicológicas y la imposición de una “terapia de conversión” para “curar” su homosexualidad.

Aunque el caso ha prescrito judicialmente en los tribunales civiles, el Vaticano ha considerado que los hechos son lo suficientemente graves como para activar su propio mecanismo disciplinario. El arzobispo de Sevilla será el encargado de instruir la investigación previa, en un proceso que podría culminar con un juicio canónico en Roma. Conviene subrayar que Zornoza no ha sido condenado y que la investigación está en curso. Fuentes próximas al obispo niegan la intencionalidad del daño y aseguran que el prelado ha reconocido “errores de trato” y posibles “manipulaciones”, pero rechaza que existiera voluntad de abuso.

Jesús decía: “No hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni secreto que no haya de ser conocido” (Lucas 8,17). Y esas palabras resuenan hoy con fuerza en una Iglesia que empieza, poco a poco, a mirar de frente sus propias heridas.

La diócesis de Cádiz y Ceuta no es ajena a la polémica. Según datos recogidos por El País, al menos cinco casos de abusos han sido documentados en la diócesis, aunque solo una mínima parte de las víctimas ha recibido reparación efectiva. El gobierno episcopal de Zornoza ha sido objeto de críticas internas por su estilo autoritario y su falta de transparencia. En este contexto, destaca el caso del sacerdote Rafael Palomino, quien fue marginado y maltratado tras denunciar situaciones que consideraba injustas dentro de la diócesis. Palomino se convirtió en un símbolo de la resistencia interna al poder eclesial y de la necesidad de que la verdad prevalezca sobre los intereses corporativos.

Un sacerdote de la diócesis resume el sentir de muchos: “Durante años hemos vivido bajo una cultura del silencio. Quien levantaba la voz era señalado. Ahora, con esta investigación, algunos sienten que algo empieza a cambiar.”

El Evangelio nos recuerda: “La verdad os hará libres” (Juan 8,32). En esa libertad evangélica se juega hoy la credibilidad de la Iglesia.

El caso Zornoza, más allá de su desenlace judicial, abre una grieta profunda en la estructura jerárquica de la Iglesia española. Por primera vez, un obispo en activo es objeto de un proceso canónico por abusos, y esto obliga a mirar de frente una realidad que durante décadas se ha querido ocultar. El poder eclesial, cuando no es controlado ni compartido, puede convertirse en un espacio de impunidad.

En ese sentido, voces como las de Xabier Pikaza y del recientemente fallecido José Ignacio González Faus, teólogos de enorme lucidez y compromiso, llevaron años reclamando una reforma en el proceso de elección de los obispos. Pikaza recordaba que los primeros cristianos elegían a sus pastores en comunidad, reconociendo su testimonio de vida, su cercanía y su entrega. Con el tiempo, el sistema se volvió más jerárquico y cerrado, y muchos obispos fueron elegidos más por obediencia que por servicio.

Como escribía González Faus, “el poder sin vigilancia se convierte en tentación, incluso en la Iglesia, que nació para servir, no para dominar.” Y el Evangelio lo dice sin rodeos: “Sabéis que los jefes de las naciones las dominan, y los grandes las oprimen. No será así entre vosotros; el que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor” (Mateo 20,25-26).

Durante los últimos años, numerosas cartas y denuncias fueron enviadas al entonces nuncio apostólico en España, Bernardito Auza, alertando de la situación en Cádiz y Ceuta y del presunto abuso de poder del obispo. Sin embargo, muchas de esas quejas no recibieron respuesta o fueron derivadas sin efecto. Este silencio institucional dejó a varios sacerdotes y laicos en una profunda sensación de desamparo, incrementando la desconfianza hacia los mecanismos internos de control de la Iglesia.

Ahora, en medio del revuelo mediático y la expectación social, el obispado de Cádiz-Ceuta ha emitido un comunicado oficial. En él, califica las acusaciones de “muy graves y además falsas” y subraya que “el respeto a la presunción de inocencia asiste a todas las personas”. El comunicado confirma que el caso fue presentado la semana pasada en el tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica en España, expresando “plena confianza en la justicia” y el compromiso de colaborar con ella.

Ante la gravedad de la situación, el propio Zornoza ha anunciado la suspensión temporal de su agenda, tanto para facilitar el esclarecimiento de los hechos como para atender el tratamiento de un cáncer agresivo que padece. Desde el obispado se ha precisado que no se harán más declaraciones hasta que el tribunal eclesiástico se pronuncie.

Este gesto, leído en clave pastoral, puede interpretarse como una señal de prudencia y recogimiento en medio de la tormenta. Nadie puede alegrarse de la enfermedad de un pastor, ni olvidar que, más allá de las sospechas, sigue siendo un hermano en la fe que sufre. Pero tampoco puede pasarse por alto la gravedad de las denuncias ni el clamor de las víctimas que reclaman verdad.

En medio de esta crisis de autoridad, el ejemplo del obispo de Mondoñedo-Ferrol, Fernando García Cadiñanos, sigue siendo un signo de esperanza. D. Fernando se ha ganado el respeto de fieles y sacerdotes por su sencillez, su cercanía y su trabajo incansable, por ejercer el ministerio desde el servicio, no desde el poder. Su figura demuestra que otra forma de ser obispo es posible, una forma evangélica, pastoral y humana.

Como recuerdan muchos fieles gallegos, “Dios nos ha bendecido con un pastor que escucha, acompaña y no teme la verdad.” En él se hace visible aquel mandato del Señor: “El que quiera ser el primero, que sea el servidor de todos” (Marcos 9,35).

El caso Zornoza es, en el fondo, una oportunidad, una oportunidad para que la Iglesia española rompa definitivamente el silencio, escuche a las víctimas y reforme sus estructuras. Solo así podrá recuperar la credibilidad perdida y mostrar que la fe no puede ser cómplice del abuso, sino camino de verdad y justicia.

Y aunque el proceso judicial eclesiástico siga su curso, una cosa ya ha quedado clara: el tiempo del silencio ha terminado. Porque, como dijo Jesús: “Nada hay encubierto que no llegue a descubrirse, ni oculto que no llegue a saberse” (Lucas 12,2).