La hermana María Rosa de la Cierva, Secretaria General de la Provincia Eclesiástica de Madrid y miembro del Consejo Escolar del Estado, pronunció ayer unas jugosas declaraciones en la cadena Cope. Significativas. En opinión de la religiosa, la sentencia del Supremo "nos da pie suficiente primero para denunciar los textos que están en el mercado, en los centros, etc... Y nos da pie a ir al Tribunal Consitucional, al Tribunal de Estrasburgo sin lugar a duda, y a la ONU".

A quien esto escribe le queda la duda de si, además, el camino iniciado por algunos también les llevará hasta el monte. Porque parece que es adonde se encaminan quienes, más allá de la defensa de sus propias convicciones y de la educación de sus hijos, se arrogan una representatividad política -sí, política- y social que no tienen. O que, al menos, no tienen en exclusiva.

Afortunadamente, la Ley pone a cada uno en su sitio. No cabe la objeción de conciencia a Ciudadanía -por mucho que la hermana María Rosa se empeñe en asegurar que sólo se ha hablado de unos casos concretos- y sí, como no podía ser de otro modo, la vigilancia para que no los manuales de texto que desarrollan la materia, no la asignatura en sí, no adoctrinen. Algo que, por cierto, ya se hace entre los que esos mismos denominaron "colaboradores del mal" y, en mi opinión, los representantes genuinos -y mayoritarios- de la escuala católica: FERE.

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