"PODEMOS", ¿una opción para un ciudadano católico?
Como católico PODEMOS me pone muy difícil que pueda encontrar un motivo para votarlos, entre otras cosas:
Porque en el nº 2.9 dicen:
“Garantía de la libertad de conciencia, e impulso de medidas orientadas a garantizar la no-discriminación por razones de credo o religión:
Puesta en marcha de un política europea común destinada a separar las actividades de todas las confesiones religiosas de las estructuras estatales y supraestatales, financiación y educación inclusive.
Promoción de la igualdad jurídica de las distintas confesiones y desaparición de todos los marcos normativos que promuevan la actuación de las organizaciones religiosas en las estructuras públicas.
Aprobación de medidas legislativas conducentes a asegurar la laicidad y una verdadera separación Iglesia-Estado.
Eliminación de los privilegios fiscales de la Iglesia Católica, así como de los privilegios que se le conceden en materia educativa.”
Su concepto de la no-discriminación por razones de credo o religión las entiende como el ostracismo de lo religioso a la esfera meramente de lo privado. Especialmente preocupante el último punto en materia educativa.
Porque en el nº 2.11 dicen:
“Reconocimiento de la pluralidad de modelos de familia y reconocimiento en todos los países del derecho al matrimonio civil, a la adopción y a las técnicas de reproducción asistida para todas las personas, con independencia de su sexo, su identidad de género y su orientación sexual.”
Especialmente preocupante la referencia al derecho a las técnicas de producción asistida con todo lo que supone de atentado a la ética de la persona sin reconocimiento a la dignidad de la persona desde el momento de su fecundación hasta la muerte natural. La Iglesia se ha mostrado contraria, véase por ejemplo la Donum Vitae de la Congregación para la Doctrina de la Fe, sección II, números 4,5 y 8.
Porque en el nº 3,4 dicen:
“Contemplación del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de forma segura, libre y gratuita, dentro de la red pública. Garantía del derecho a una muerte digna, sin el encarnizamiento terapéutico actual que sufren muchos pacientes”
Porque atenta gravemente contra la dignidad de la persona promoviendo y legalizando tanto el aborto libre como la eutanasia.
Porque en el nº 3.5 dicen:
“Eliminación de cualquier subvención y ayuda a la enseñanza privada, incluida la modalidad de concertada, destinando el ahorro a la financiación y mejora de los centros públicos.”
Porque atenta gravemente contra el futuro de las escuelas católicas que se verían abocadas o a desaparecer o a reducirse a una élite que pudiera costeárselo. Atenta gravemente contra el derecho de los ciudadanos a recibir una educación religiosa. Y fomenta la imposición de una escuela en manos estatales.
Porque en el nº 3.8 dicen:
“Despenalización del aborto y acceso universal garantizado a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública para todas las mujeres.
Acceso garantizado de todas las personas a una educación sexual, a métodos anticonceptivos seguros y a las técnicas de reproducción asistida en el sistema público de salud, independientemente de su condición civil, su orientación sexual o su identidad de género.”
Por lo ya comentado en números anteriores sobre el aborto y porque atenta al derecho a una formación sexual conforme a una moral cristiana.
Porque en el nº 3.10 dicen:
“Recuperación de los museos, los monumentos y el conjunto del patrimonio cultural material e inmaterial para las grandes mayorías sociales fomentando su gratuidad o un modelo de precios reducidos mediante subvenciones públicas”
Porque esa recuperación del arte y el patrimonio cultural en manos del estado hace pensar en la más que probable apropiación de los bienes culturales y patrimoniales también eclesiales (como en el intento de la junta de Andalucía de adueñarse de la catedral de Córdoba).
En definitiva, en conciencia no podría darle mi confianza a un supuesto gobierno que ya me ha avisado de antemano de intenciones que atentan contra la armonía entre sociedad civil e Iglesia, que atenta gravemente contra la moral, que disminuye cualitativa y cuantitativamente los derechos de los ciudadanos católicos (como en materia educativa) y que pretende eliminar toda interacción pública de la Iglesia católica con el estado español arrinconándola a la esfera de lo privado.
Porque en el nº 2.9 dicen:
“Garantía de la libertad de conciencia, e impulso de medidas orientadas a garantizar la no-discriminación por razones de credo o religión:
Puesta en marcha de un política europea común destinada a separar las actividades de todas las confesiones religiosas de las estructuras estatales y supraestatales, financiación y educación inclusive.
Promoción de la igualdad jurídica de las distintas confesiones y desaparición de todos los marcos normativos que promuevan la actuación de las organizaciones religiosas en las estructuras públicas.
Aprobación de medidas legislativas conducentes a asegurar la laicidad y una verdadera separación Iglesia-Estado.
Eliminación de los privilegios fiscales de la Iglesia Católica, así como de los privilegios que se le conceden en materia educativa.”
Su concepto de la no-discriminación por razones de credo o religión las entiende como el ostracismo de lo religioso a la esfera meramente de lo privado. Especialmente preocupante el último punto en materia educativa.
Porque en el nº 2.11 dicen:
“Reconocimiento de la pluralidad de modelos de familia y reconocimiento en todos los países del derecho al matrimonio civil, a la adopción y a las técnicas de reproducción asistida para todas las personas, con independencia de su sexo, su identidad de género y su orientación sexual.”
Especialmente preocupante la referencia al derecho a las técnicas de producción asistida con todo lo que supone de atentado a la ética de la persona sin reconocimiento a la dignidad de la persona desde el momento de su fecundación hasta la muerte natural. La Iglesia se ha mostrado contraria, véase por ejemplo la Donum Vitae de la Congregación para la Doctrina de la Fe, sección II, números 4,5 y 8.
Porque en el nº 3,4 dicen:
“Contemplación del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo de forma segura, libre y gratuita, dentro de la red pública. Garantía del derecho a una muerte digna, sin el encarnizamiento terapéutico actual que sufren muchos pacientes”
Porque atenta gravemente contra la dignidad de la persona promoviendo y legalizando tanto el aborto libre como la eutanasia.
Porque en el nº 3.5 dicen:
“Eliminación de cualquier subvención y ayuda a la enseñanza privada, incluida la modalidad de concertada, destinando el ahorro a la financiación y mejora de los centros públicos.”
Porque atenta gravemente contra el futuro de las escuelas católicas que se verían abocadas o a desaparecer o a reducirse a una élite que pudiera costeárselo. Atenta gravemente contra el derecho de los ciudadanos a recibir una educación religiosa. Y fomenta la imposición de una escuela en manos estatales.
Porque en el nº 3.8 dicen:
“Despenalización del aborto y acceso universal garantizado a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública para todas las mujeres.
Acceso garantizado de todas las personas a una educación sexual, a métodos anticonceptivos seguros y a las técnicas de reproducción asistida en el sistema público de salud, independientemente de su condición civil, su orientación sexual o su identidad de género.”
Por lo ya comentado en números anteriores sobre el aborto y porque atenta al derecho a una formación sexual conforme a una moral cristiana.
Porque en el nº 3.10 dicen:
“Recuperación de los museos, los monumentos y el conjunto del patrimonio cultural material e inmaterial para las grandes mayorías sociales fomentando su gratuidad o un modelo de precios reducidos mediante subvenciones públicas”
Porque esa recuperación del arte y el patrimonio cultural en manos del estado hace pensar en la más que probable apropiación de los bienes culturales y patrimoniales también eclesiales (como en el intento de la junta de Andalucía de adueñarse de la catedral de Córdoba).
En definitiva, en conciencia no podría darle mi confianza a un supuesto gobierno que ya me ha avisado de antemano de intenciones que atentan contra la armonía entre sociedad civil e Iglesia, que atenta gravemente contra la moral, que disminuye cualitativa y cuantitativamente los derechos de los ciudadanos católicos (como en materia educativa) y que pretende eliminar toda interacción pública de la Iglesia católica con el estado español arrinconándola a la esfera de lo privado.
