(AE)
Ellas se llaman Sadia y Amouna. Un tribunal sudanés acaba de condenarlas a morir lapidadas por el horrendo crimen de cometer adulterio. Un adulterio
que curiosamente sólo parecen haber cometido ellas, una acción donde la otra parte involucrada (masculina, huelga decir) sale indemne del asunto mientras toda la culpa es proyectada cobarde y colectivamente sobre las dos mujeres. Amnistía Internacional ha dado detalles sobre la situación en la que se encuentran y los diferentes fallos que se han detectado en el proceso judicial, donde ellas no han tenido oportunidad de defenderse, ni de acceder a un abogado, ni siquiera de poder hablar en el tribunal en su propia lengua materna.
Éstas son situaciones que me hacen dudar de la bondad humana y del diálogo entre civilizaciones. Creo que uno no se puede aliar con sistemas que de entrada no respetan los derechos humanos más básicos. Por si fuera poco con la vergonzosa impunidad legal que está rodeando al terrible conflicto humano de Darfur, donde las milicias a sueldo del gobierno siguen sembrando el terror y la muerte allá por donde van, ahora este estado tan modélico ha permitido una sentencia tan drástica y, si Dios no lo remedia, estas mujeres terminarán sus días víctimas de una multitud exaltada. Diferentes asociaciones sudanesas de Derechos Humanos han documentado con nombres y apellidos cientos de personas desaparecidas, torturadas, con miembros amputados por parte de tribunales religiosos... los nombres de Sadia y Amouna son “solamente” dos eslabones más de esta cadena de intolerancia y de odio que sacude el Sudán desde hace años.
Además, creo que es escandalosa la hipocresía y la doble moral de un sistema que no duda en culpar a las mujeres cuando se trata de casos como adulterio y que prácticamente exime a los hombres de cualquier responsabilidad. Situaciones así multiplican en una cultura donde el poder judicial apenas tiene independencia y donde el gobierno impone un dominio férreo sobre los tribunales. Todavía el gobierno está luchando para que la Corte Internacional de Justicia no pueda avanzar en su intento de poder incriminar a los principales líderes de las milicias yanyawiid, cuyos nombres ya han sido hecho públicos y entre los que se cuentan funcionarios y relevantes cargos del gobierno a nivel regional e incluso nacional.
Valgan estas humildes líneas para llamar la atención sobre el destino de miles de personas juzgadas, condenadas y a veces sentenciadas a muerte sin las más mínimas condiciones judiciales.
