"La Santa Sede decidirá sobre las causas de La Bañeza y Puebla" Monseñor Menéndez: "Sería malversación de fondos resarcir económicamente a la víctima de Ramos Gordón"

(Cameron Doody).- "Repito una vez más que estos casos no debieran haber ocurrido: son casos execrables y la Iglesia los está condenando". El obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez, ha vuelto así a reprobar los abusos sexuales cometidos por curas como el ex-párroco de Tábara José Manuel Ramos Gordón, si bien ha defendido que "nosotros los obispos somos meros instrumentos" de la Santa Sede en cuanto a la determinación de las penas que se les debe imponer.

En una entrevista con La Opinión de Zamora, el prelado ha vuelto a insistir en que "el caso del sacerdote Ramos Gordón ha sido juzgado y se le ha impuesto una pena que ya ha cumplido. Este caso ya ha prescrito". "En estos momentos", ha informado Ménendez, el ex-profesor del Seminario Menor de La Bañeza "ha pasado a la situación de jubilado al servicio en la Casa Sacerdotal de los sacerdotes mayores, ya que es el más joven de los que allí residen".

Preguntado por si aún mantiene que la condena de un año de inhabilitación impuesta a Ramos Gordón tras admitir éste los abusos que cometió "es justa y proporcionada a la gravedad de los hechos", tal y como sostuvo en febrero de este año, el obispo de Astorga ha respondido que "evidentemente eso es lo que ha sido la sentencia y es lo que han determinado las personas que han llevado a cabo toda la investigación".

"Yo esto lo encontré prácticamente hecho y la Santa Sede examinó toda la documentación y el decreto final en el que se condenaba a un mes de ejercicios espirituales, el apartamiento de las parroquias y del uso de cualquier oficio eclesiástico, así como estar al servicio de los sacerdotes mayores en la Casa Sacerdotal durante un año", ha defendido Menéndez. "Pero [Ramos Gordón] me pidió la jubilación dada la sentencia y yo acepté y él ha pasado a la situación de jubilado sin desempeñar ningún cargo pastoral".

En cuanto a la investigación de los otros dos casos de pederastia en los que Ramos Gordón también ha sido acusado, supuestamente cometidos en el Colegio Juan XXIII de Puebla de Sanabria, el obispo de Astorga ha apuntado que en estas cuestiones "estamos siguiendo los protocolos que manda la Santa Sede y en primer lugar se ha hecho una investigación amplia de todas las situaciones".

"La Santa Sede dirá sobre estos otros dos casos en investigación", ha afirmado Menéndez, "tanto en el colegio Juan XXIII de Puebla de Sanabria, en el que está encausado también Ramos Gordón, como en el de La Bañeza con otro sacerdote. Se está llevando todo el protocolo de la Santa Sede y es ella la que tiene la competencia a través de la Congregación para la Doctrina de la Fe, nosotros los obispos somos meros instrumentos en esta cuestión. Todo ello está en secreto pontificio y no puedo revelar más".

Por otra parte, Juan Antonio Menéndez también se ha referido en la entrevista a la petición de compensación económica por parte de la víctima de Ramos Gordón en La Bañeza, y ha vuelto a insistir en que, dado que el damnificado "no ha pedido nada" en el tiempo en el que fue abierto el proceso contra el sacerdote, "yo no puedo hacer ese resarcimiento sin que hubiera una sentencia canónica o civil, ya que sería malversación de fondos, pero el caso está prescrito".

"Reitero que nuestra actitud es clara de combatir esta cuestión porque se debe proteger a los menores de todo daño", ha dicho por último el obispo de Astorga en conversación con La Opinión de Zamora, defendiendo que "hemos tratado estos casos con toda rigurosidad conforme a la ley eclesiástica y a los protocolos de la Santa Sede".

"Rigurosidad" que ha llegado incluso a la adopción de una serie de medidas en pro de la protección de los menores que incluyen "un protocolo para sacerdotes, catequistas y todos aquellos que en la iglesia de Astorga trabajan con menores para que sepan cómo prevenir y actuar en el caso de que haya abusos por parte incluso de otras personas", o la exigencia de que todos los que trabajen con menores presenten, como marca la ley, un certificado de antecedentes penales.