La REPAM se ha empeñado en hacer valer los Derechos Humanos en la Amazonía Francis Andrade: “el Sínodo es una manifestación política clara para la defensa de los Derechos Humanos en la Amazonía”

Francis Andrade, eje de Derechos Humanos REPAM
Francis Andrade, eje de Derechos Humanos REPAM

"En la Amazonía hablamos de violaciones sistemáticas de Derechos Humanos"

"Las personas que están en la Amazonía, que generalmente son comunidades campesinas, indígenas, no son de interés del estado, no generan una atención para que el estado pueda actuar de forma prioritaria"

"Esta perspectiva sinodal, ha permitido también integrar, abrir esa mirada, que el conflicto no es solo con esa comunidad, sino con toda una región, que es de interés mundial"

"Esta es una oportunidad para que la responsabilidad de los agentes pastorales, desde su conocimiento, tome forma y valentía de participar en procesos judiciales, que acompañe a las organizaciones, a las comunidades que pidan su apoyo"

"La situación de las comunidades amazónicas frente a la pandemia se exacerba, es decir se exponen a una situación de doble vulnerabilidad"

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Los Derechos Humanos en la Amazonía han sido violados sistemáticamente y de forma generalizada. Se trata de una tierra siempre explotada y de unos pueblos permanentemente segregados, invisibilizados y discriminados. Quien así habla es Francis Andrade que forma parte de la Secretaría Ejecutiva de la Red Eclesial Panamazónica – REPAM y coordina el eje de Derechos Humanos.

El Sínodo para la Amazonía ha supuesto una llamada para que la Iglesia impulse la visibilidad de las comunidades amazónicas y de los pueblos indígenas, que han visto en la Iglesia una aliada para las comunidades, que muchas veces se sienten solas. Francis Andrade define el Sínodo como “una manifestación política clara para la defensa de los Derechos Humanos, una herramienta”, algo que aparece en el Documento Final y en Querida Amazonía, y que debe ser asumido por los agentes de pastoral como elemento que ayude en la defensa de la Amazonía y de sus pueblos.

Se trata, según la abogada ecuatoriana, “de involucrarte, se trata de acompañar, pero no se trata de asumir las responsabilidades que corresponden a estas personas de asumirse como actores y defensores, defensoras, de derechos humanos”. No podemos olvidar que para los pueblos originarios, “los intereses de las comunidades son muy básicos”, por lo que es necesario escuchar lo que ellos quieren y buscan, garantizar “la consulta previa, libre e informada”, insiste Francis Andrade.

En estos tiempos de coronavirus “la situación de las comunidades amazónicas frente a la pandemia se exacerba, es decir se exponen a una situación de doble vulnerabilidad”, ante la falta de derechos garantizados, siendo el contagio masivo una amenaza real, a lo que se une el hecho de “saber que las empresas mineras, petroleras, madereras, la agro industria, la minería ilegal y otras actividades ilegales como el contrabando no están en cuarentena”. Es sólo un nuevo episodio en una región donde “los estados en los últimos años han dado prioridad a políticas económicas extractivas, y el soporte a políticas públicas en materia de derechos humanos son deficientes y sus presupuestos estatales no están destinados para garantizarlos”, según la abogada.

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¿Cuál es la realidad de la Amazonía en relación con los Derechos Humanos?

La situación de los Derechos Humanos en la Amazonía actual se define desde un contexto histórico, porque en la Amazonía hablamos de violaciones sistemáticas de Derechos Humanos. No se puede hablar solamente de la violación de un solo derecho, por ejemplo la violación del derecho al territorio de los pueblos indígenas, sino de una violación sistemática y extendida a varios grupos específicos. Generalmente tienen una causa principal, ya que la Amazonía ha sido considerada un espacio de explotación, segregado, como el lugar donde están las personas que generalmente no pueden acceder a los recursos, donde los estados no tienen un presupuesto para garantizar sus derechos, donde al estado no le ha importado la vida de estas personas.

Ha sido una causa principalmente de segregación, de invisibilización, de discriminación racial. La colonización es el elemento principal del que se van generando varios efectos de violación de Derechos Humanos. Actualmente hablamos, como principal causa, de la explotación de los recursos naturales. Pero eso tiene un trasfondo económico, también de interés político, social, que generalmente está en determinar quiénes son ciudadanos de primera clase y segunda clase, de interés para el estado. Las personas que están en la Amazonía, que generalmente son comunidades campesinas, indígenas, no son de interés del estado, no generan una atención para que el estado pueda actuar de forma prioritaria. Las personas de interés son aquellas que comparten una visión desde el eje capitalista, una visión desde las ciudades, de mantener un desarrollo, desde una visión hegemónica desde el capital, desde el dinero.

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¿Qué ha supuesto, para la Amazonía y para los pueblos que en ella habitan, el proceso sinodal en relación con esa defensa de los Derechos Humanos?

Principalmente es ver este rostro de la Iglesia, este grupo de personas que representan esta institución, como una aliada más. Reconocer en esta fortaleza institucional que tiene la Iglesia, con su posicionamiento a partir del cuidado de la Casa Común, de visibilizar, como dice en la Laudato Sí, a las comunidades amazónicas y los pueblos indígenas, como estas comunidades enriquecidas social y culturalmente, que deben y pueden influir al resto de la sociedad con sus principios de cuidado de la naturaleza.

Entonces, cómo ha influenciado el Sínodo, qué ha significado para estas personas en el proceso de la defensa de sus derechos, pues ha significado una alianza muy importante. Porque a través de esta acción, de este proceso sinodal, que se configura como un acto político de la Iglesia, se ha manifestado una postura desde un sector muy importante, para volcar la mirada y ayudar a integrarse, involucrarse con estas personas, para defender sus derechos. Involucrarse en la defensa de los Derechos Humanos en la Amazonía y también de los derechos de la naturaleza.

Eso pienso que realmente ha significado el Sínodo, ver también una esperanza, porque generalmente, lo que ocurre en los escenarios de violaciones de Derechos Humanos, es que la mayoría de las comunidades se sienten solas. A pesar de que es algo que está pasando regionalmente, las comunidades lo viven como que les está pasando de manera singular en su territorio, y desde una perspectiva panamazónica, es algo que indigna a todo el mundo y que afecta no solamente a la Amazonía de Brasil o de Perú, sino que es una causa que está afectando a toda una región.

Desde ahí, esta perspectiva sinodal, ha permitido también integrar, abrir esa mirada, que el conflicto no es solo con esa comunidad, sino con toda una región, que es de interés mundial, por decirlo así. Porque la responsabilidad no está solo en la persona que habita, sino que es de todos los que formamos parte de este planeta, de las personas que tenemos esta conciencia social y política, y que creemos en un mundo mejor. Entonces, sí, el Sínodo es un aliado, la Iglesia es una aliada, el Sínodo es una manifestación política clara para la defensa de los Derechos Humanos, una herramienta, hablando del Sínodo como un proceso, pero también hablando del Sínodo con su resultado en el Documento Final y la Exhortación Apostólica Querida Amazonía.

Ella viene a ser una herramienta donde todos los que nos posicionamos desde esta perspectiva de Derechos Humanos, la podemos utilizar como un sustento, darle vida. Incluso relacionarla con otros instrumentos de Derechos Humanos, para tener como una fundamentación mayor, e incluso la comparación con leyes o constituciones de los países, y preguntarse en qué parte estas leyes están siendo coherentes con un desarrollo social que se imaginan, o que han soñado, desde su conformación estatal. Viene a ser una herramienta muy importante de uso, y como tal, difundida, empoderada desde las propias comunidades.

El Papa Francisco con los indígenas del Sínodo

Inclusive, dentro del proceso sinodal y de la Asamblea Sinodal, estuvo presente Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, ¿podríamos decir que la Iglesia se ha empeñado en un esfuerzo común entre esa perspectiva de fe y esa que ofrecen los organismos internacionales en la defensa de los Derechos Humanos?

Claramente. La presencia de Victoria Tauli, como relatora de pueblos indígenas, es una muestra de la necesidad de articulación entre la Iglesia y otros procesos u otras organizaciones que trabaan también por este objetivo común de la defensa de los Derechos Humanos. Y no solamente ella, sino que también desde otros organismos, como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se ha sumado y se ha sentido el interés de un trabajo en conjunto. Hay desafíos también, pero eso da mucha claridad de que en estos procesos, lo que funciona es integrar desde las instituciones y desde las fortalezas de cada una de ellas.

En el Documento Final del Sínodo hay un apartado que me parece muy relevante, porque es muy puntual, sobre la defensa de los derechos, principalmente la defensa al territorio, que lo marca muy, muy puntual, de esta importancia. Una defensa como derecho humano, y de posicionamiento de la Iglesia no solamente por visibilizar o acompañar, sino un posicionamiento de la Iglesia firme para denunciar las violaciones con respecto a estos derechos, o principalmente, como lo describe ahí, el derecho al territorio.

Otra parte también muy interesante es el desarrollo que se realiza en el Documento Final sobre los pueblos en aislamiento voluntario. Todo este contexto que se coloca ahí y la importancia de la defensa de estos pueblos, también son tomados de un informe muy nuevo, que justo salió en septiembre, cuando iniciaba la Asamblea Sinodal, que es un documento de la Comisión Interamericana, un informe sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas y tribales en la Panamazonía. Ahí se ve también esa consonancia y que no se necesita ser expertos desde el punto de vista teológico o jurídico, para darte cuenta que realmente hay criterios básicos para defender la vida.

Ahí se encuentra el principio de defender la autonomía que tienen los pueblos indígenas, partiendo desde la Laudato Sí, reconociendo sus valores culturales, sociales, reconociendo también su armonía que tienen con la naturaleza, el reconocimiento de mencionar en el Documento Final lo que es el buen vivir, que desde la sociedad latinoamericana es un concepto que se ha ido posicionando, que se le ha ido estudiando desde diferentes ámbitos, sociológicos, antropológicos, jurídicos, y que este concepto del buen vivir marca también una referencia sobre las cosmovisiones. Ese entendimiento que tienen las comunidades amazónicas, principalmente los pueblos indígenas en su relación con su entorno, con los recursos naturales, de cómo debe ser su aprovechamiento.

El tema también de la responsabilidad con las futuras generaciones. Este concepto es tan utilizado en este Documento Final, que tiene postulados teológicos o eclesiales que también son utilizados en el desarrollo de instrumentos jurídicos o declaraciones. Ahí se ve toda esta resonancia del interés del buen hacer de los grupos sociales, o de los seres humanos, que tienen este objetivo común.

Francis Andrade, REPAM

Analizando el Documento Final y la Exhortación Apostólica Querida Amazonía, podemos descubrir que la insistencia en la defensa de los derechos humanos, especialmente de los pueblos originarios, y la defensa de los derechos de la naturaleza, es una de las cosas que más aparecen. ¿Podríamos decir que estos elementos son uno de los principales aportes del Sínodo para la Amazonía, no sólo para la Iglesia como también para la sociedad amazónica?

Sí, principalmente en el sueño social y en el sueño ecológico, desde el conocimiento de la realidad, de lo que acontece no solamente con la devastación de la naturaleza, sino con fenómenos sociales como el narcotráfico, la trata de personas y esa responsabilidad que tiene también la Iglesia con estos grupos sociales. Ampliar esa visión de derechos humanos, de que realmente la extracción de recursos no sólo afecta a la naturaleza, o a los pueblos indígenas específicamente, porque les despojan de sus territorios, sino que es toda una relación que involucra también un sin número de causas y efectos de todos estos fenómenos sociales, como la trata de personas, de utilizarlas para fines económicos y totalmente deshumanizantes.

La Exhortación la veo como una declaración, el deber ser, el como queremos, como soñamos, porque lo plantea desde ahí, encuentra su complemento con el Documento Final, porque en el Documento Final se establece en muchas cosas el como se podría hacer. Y en esa correspondencia entre estos dos documentos, realmente la exhortación Querida Amazonía, esta declaración de amor, es un reconocimiento a este permitirnos soñar, un reconocimiento a todo este esfuerzo, un reconocimiento a la causa de los pueblos indígenas, a pesar de que no coloca taxativamente, punto por punto, cuales son sus violaciones y como debería actuar la sociedad civil o la Iglesia, porque no es un documento de directrices. Es un documento que declara, que postula, que se posiciona, que debe encontrar su armonía con el trabajo anterior que es el Documento Final.

Pero, yendo a la pregunta en concreto, sí, existe un interés por defender los derecho humanos en concatenación con otros documentos, y obviamente reconociendo también el sueño principal de responsabilidad con la Amazonía.

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Querida Amazonía es un documento que hace diagnósticos de la realidad. En ese sentido, el número 12 nos habla de una perspectiva que no reconoce los derechos de los pueblos originarios, o simplemente los ignora como si no existiesen y como si las tierras donde habitan no les perteneciesen, que es una postura defendida por muchos gobiernos y grandes empresas. ¿Cómo la Iglesia, sobretodo las pastorales sociales, pueden usar ese instrumento para posicionarse cada vez más claramente e infundir una fuerza cada vez mayor en la lucha de los pueblos indígenas?

Un paso importante es socializar este instrumento, no como una tarea de pasar la voz de lo que se trata, sino la importancia de su contenido, de su conocimiento, no solo de agentes eclesiales, sino de las personas que son afectadas por varias cosas que se encadenan en la violación de los derechos humanos. Primero un trabajo de contagio de ese contenido, para que se conozca, del punto a al punto z, para que se conozca qué realmente se está contando ahí y como es la posición de la Iglesia, de la opción que debería tener.

Con esto, las personas también tienen la facultad de presentar, de ir, de tocar la puerta, ya sea de agentes eclesiales, al párroco, al sacerdote, al obispo, de proponer, de trabajar en conjunto para dar desenvolvimiento al contenido de ese instrumento, como una acción social. La responsabilidad de los agentes eclesiales que han apostado y han estado en ese proceso sinodal, que han hablado y han escrito mucho sobre la importancia del Sínodo y esta Querida Amazonía, es tomar la voz, tomar el Instrumento, y utilizarlo como instrumento de denuncia. Muchas veces, en los espacios judiciales, la Iglesia está divorciada porque es muy civil, o de poco entendimiento jurídico.

Esta es una oportunidad para que la responsabilidad de los agentes pastorales, desde su conocimiento, tome forma y valentía de participar en procesos judiciales, que acompañe a las organizaciones, a las comunidades que pidan su apoyo. Un posicionamiento en una corte jurisdiccional de un obispo, o de un sacerdote, que mencione también su posicionamiento desde la Iglesia católica, para representar, para hablar con estos pueblos sobre la defensa de los territorios, es un gran paso y representa también mucho a nivel de presión política en la defensa en estos espacios jurisdiccionales. En concreto, se configura como un involucrarse mucho más en acción, tomar la palabra y lanzarse también a eso.

Francis Andrade

Querida Amazonía habla sobre sueños. Entre lo que el Papa Francisco sueña para la Amazonía, recogido en el número 7, está el sueño con una Amazonía que luche por los derechos de los pobres, de los pueblos originarios, de los últimos, donde su voz sea escuchada y su dignidad sea promovida. ¿Cuáles crees que deben ser los pasos que debe dar la Iglesia de cara al futuro, para que eso sea concretizado, para ayudar a hacer realidad ese sueño que tiene el Papa Francisco?

Primero es conocer y reconocer realmente a las personas que forman parte de estas comunidades y verlas como personas autónomas, titulares de derechos, actores de su propia vida. Cuando se subestima la capacidad de una comunidad o de un actor, asumiendo que desde una posición de Iglesia o desde una posición social, se tiene la capacidad de sugerir, de decir cómo tendrían que hacer las cosas, va perdiendo todo este principio de defender la autonomía, sus derechos. Se trata de involucrarte, se trata de acompañar, pero no se trata de asumir las responsabilidades que corresponden a estas personas de asumirse como actores y defensores, defensoras, de derechos humanos.

Un segundo paso es tomar a los derechos con las manos, partir de un entendimiento de qué significan estos derechos para estas personas, cuál es la finalidad, qué es lo que quieren, qué es lo que buscan satisfacer, si buscan justicia, si buscan protección. Todo eso, en este proceso, pienso que debe ser escuchado, porque muchas veces, en los procesos de defensa de derechos humanos, vamos con todo el armamento para decir que es lo que deberían pensar, o que es lo que deberían defender, cuando los intereses de las comunidades son muy básicos, como poder vivir en paz, poder vivir en armonía, que su río deje de estar contaminado, que su hijo o hija pueda bañarse tranquilamente, que en la noche puedan servirse tranquilamente el pescado favorito, que sus esposos puedan salir a cazar con tranquilidad, y que si defienden sus derechos no tengan que ser criminalizados o criminalizadas. Es escuchar cuales son las finalidades que tienen estas comunidades para defender sus derechos y qué entiende por ello.

Extendiendo este tema de la autonomía, de la libre determinación, desde los procesos y las propias instituciones sociales que tienen las comunidades. Porque a veces imponemos también procedimientos, cuando ellos tienen sus propios procesos de socialización, de legitimación de un líder de la comunidad, para que hable de estos temas. Es una escucha constante, y sobretodo acompañar para que ellos den su voz. Respetar también desde sus instituciones sociales, qué instrumentos ellos pueden generar. Actualmente hablamos de procesos de auto consulta que están teniendo las comunidades indígenas, o de protocolos de consulta para los procedimientos de la consulta previa, libre e informada.

Muchas comunidades han dicho que quieren que el estado les consulte en base a sus propios postulados, a sus intereses, a sus valores que tienen como comunidades. También marcan líneas de respeto y de acción que surgen desde su propia institución social, cultural. Entonces, los derechos humanos no se pueden estandarizar, o tomar por lo general, sino aterrizar en cada uno de los territorios y sus comunidades, en las realidades.

Derrame de crudo en la Amazonía ecuatoriana

La Amazonía está siendo afectada por la pandemia del coronavirus, y en el caso de Ecuador, a principios de abril sufrió un grave derrame petrolero, cuyas consecuencias se han extendido también a Perú. ¿Hasta qué punto los derechos humanos de las comunidades están siendo respetados en la forma como están siendo enfrentadas estas situaciones?

La situación de las comunidades amazónicas frente a la pandemia se exacerba, es decir se exponen a una situación de doble vulnerabilidad. Son colectivos cuyos derechos esenciales no son garantizados, como el acceso a agua limpia, agua potable, acceso a servicios públicos de salud, a una seguridad social, etc. Todo ello es una insistencia de cada día con la que tienen que lidiar en su búsqueda de mejores condiciones de vida, son comunidades y familias que viven del subempleo o del trabajo informal, por lo general de la recolección de alimentos para su venta en los mercados próximos a sus comunidades. Son familias que tienen grandes distancias que recorrer para llegar algún subcentro de salud, o algún lugar de abastecimiento de comida, por los general muchas familias no tienen un salario estable, o las condiciones socio económicas no son las mejores.

En este contexto, se suma una pandemia, un riesgo de contagio masivo, no es el mejor de los escenarios; primero porque las familias o comunidades no pueden continuar con sus dinámicas económicas; segundo porque frente a cualquier riesgo de contagio, los procedimientos estatales para brindar protección o asistencia sanitaria son casi inexistentes y negligentes; tercero, hay riesgos de exposición a escenarios de violencia por confinamiento forzado ya sea en espacios de abuso intrafamiliar, o incluso desde la fuerza pública, legitimada en la figura de estados de excepción por la emergencia, donde por lo general funcionarios públicos recaen en el uso inadecuado o abuso de sus potestades; cuarto, por lo general este momento de emergencia sanitaria en varios países puede verse como una oportunidad para reactivar actividades de empresas extractivas o agro industriales que se encontraban paralizadas, u otras para seguir con su funcionamiento sin ningún parámetro de control o fiscalización especifica en estos contextos de emergencia.

Por tanto, es una alarma para pueblos indígenas, comunidades amazónicas en general, para defensores y defensoras de Derechos Humanos y de la naturaleza. Saber que las empresas mineras, petroleras, madereras, la agro industria, la minería ilegal y otras actividades ilegales como el contrabando no están en cuarentena.

En tiempos de COVID-19 ha ocurrido un derrame de petróleo sobre el río Coca en Ecuador, el cual dista de ser un caso fortuito, la ruptura de los oleoductos ocurre por un socavón de tierra en un área muy frágil, frente a la cual grupos especialistas habían dado sus advertencias sobre riesgo de erosión años atrás cuando comenzó un megaproyecto hidroeléctrico. Ocurrido este desastre las empresas petroleras no advirtieron de que se trata de un derrame, solamente de una ruptura que ha suspendido sus actividades, no hay aviso a las comunidades. Eso es grave, tanto que hasta el momento no hay información pública y oportuna sobre el derrame y las medidas de contingencia y remediación que han adoptado las entidades responsables.

Las entidades estatales han tratado de minimizar este desastre ambiental, manifestando que son pocas las comunidades afectadas y que se hará entrega inmediata de bidones de agua y comida. Esto contrasta con testimonios de personas que afirman que la atención no ha llegado y con la noticia que la mancha de petróleo ha llegado hasta comunidades fronterizas en Perú.

La situación es crítica en un escenario donde los responsables no dan cuenta de la magnitud de sus actividades y creen que hacen un favor humanitario a lo que debe ser un plan de reparación integral, tanto por el daño ambiental y social. Algunos comuneros han mencionado que quieren negociar directamente con la empresa, incluso se muestran agradecidos que ésta les ofrezca trabajo para la limpieza del derrame, -esto sin duda es una paradoja-, no deja de causar indignación, no porque las personas no tengan autonomía en sus decisiones para contratar y decidir que es lo mejor para ellas sino porque se mantiene una respuesta de violencia sistemática, ya que en estas transacciones quien pone las condiciones y formas son quienes tienen el poder, y se aprovechan de las necesidades de las personas, que necesitan de dinero o trabajo para sustentar a sus familias.

Las comunidades amazónicas y en particular los pueblos indígenas siempre han estado expuestos a la indefensión, discriminación, al abuso y a los impactos de las actividades extractivas, despojos de tierra, asesinatos, criminalización, contaminación de su medio ambiente, de sus fuentes hídricas, entre otras, y ahora se agrega una amenaza a su salud, una pandemia para la que nadie estaba preparado, ningún estado. En nuestro contexto panamazónico sabemos que los estados en los últimos años han dado prioridad a políticas económicas extractivas, y el soporte a políticas públicas en materia de derechos humanos son deficientes y sus presupuestos estatales no están destinados para garantizarlos. Por tanto, la situación de vulnerabilidad de estos pueblos y comunidades se duplica por los niveles de desatención frente a cualquier riesgo o enfermedad, o incluso frente a la carencia de protocolos específicos de atención para estos pueblos.

Los indígenas sufren las consecuencias del derrame de petroleo

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