Gregorio Delgado Abrir sitio a la verdad (II)

(Gregorio Delgado, abogado).- Aunque no se ha hablado de ello, el embrollo granadino ha puesto sobre la mesa una muy posible negligencia a la hora de dar respuesta adecuada y eficaz a los posibles casos de abuso sexual en España. Como es sabido, la Congregación para la Doctrina de la Fe redactó (3 de mayo de 2011), con la finalidad de ayudar a la Iglesia universal en su esfuerzo por afrontar debidamente tal contra testimonio, una Carta Circular al objeto de ayudar a las Conferencias Episcopales en la preparación de las Directrices para tratar los casos de abuso sexual contra menores por parte del clero. La respuesta que, como decía la propia Carta Circular, conllevaba ‘instituir procedimientos adecuados', debía realizarse en el plazo de un año y ser presentado en Roma para la oportuna y necesaria ‘recognitio'.

Si colocamos a la verdad en el lugar que le corresponde, nadie debería escabullir su responsabilidad en estos momentos tan complicados (y no sólo por el caso granadino) para la credibilidad y fiabilidad de la propia Iglesia. En esta perspectiva, no estaría de más formular algunas preguntas: ¿Cuál fue la respuesta de la CEE a la invitación del Dicasterio romano? ¿Se elaboró una normativa jurídica completa sobre el modo de proceder en estos casos por parte de los Obispos? ¿Tal normativa fue aprobada por la Asamblea Plenaria de la CEE? ¿Se remitió al Dicasterio romano, como era preceptivo, para su aprobación y reconocimiento? ¿Obtuvo, efectivamente, la necesaria ‘recognitio'? ¿Por qué, en todo caso, no ha gozado de la publicidad necesaria? ¿Acaso se aplica una normativa no aprobada por la Asamblea Plenaria y que no goza de la necesaria ‘recognitio'? ¿Por qué se ha actuado, en materia tan grave y que reclama absoluta trasparencia, con tanto ‘secretismo'?

A mi entender, estas preguntas -entre otras varias- reclaman ahora una respuesta clara y convincente. Ahora, más que nunca. Después de Granada, la credibilidad de la Iglesia está por los suelos. Menos mal que el Papa Francisco estuvo al quite. Pero, ¿acaso nuestro episcopado no tiene nada que decir? ¿Acaso no puede garantizar al pueblo fiel que existen los procedimientos adecuados, que gozan de la necesaria aprobación de la Asamblea episcopal y que igualmente gozan del reconocimiento de la Santa Sede? ¿Acaso no es consciente del estado de la opinión pública eclesial?

Sería muy lamentable -el colmo del contra testimonio-  que a nuestros Obispos se les haga ahora la boca agua con la tolerancia cero frente al abuso sexual y, sin embargo, resultase que no han hecho los deberes para acabar con dicho crimen. ¡Obras son amores, que no buenas razones!, que dice el refranero.

No resultaría fácil hallar una motivación válida que justificase y amparase una supuesta inacción al respecto de la CEE. Estaríamos -dicho, sin eufemismo- ante una muy grave negligencia. ¿Qué poderosas razones habrían podido manejar nuestros muy prudentes Obispos para no confeccionar ‘los procedimientos adecuados' para abordar tan graves situaciones? No me digan -aunque, sinceramente, me lo temo- que pensaron en su día que este gravísimo escándalo eclesial era más propio de otras latitudes y no afectaba a la católica España.

No me digan --aunque, sinceramente, me lo temo- que buscaron no dar pié a que se pudiera pensar que los mismos Obispos, al elaborar dichas Directrices, estaban, de un modo implícito o indirecto, admitiendo que también aquí podían existir casos de abuso sexual a menores. Si esto fuera así: ¡Vaya error de cálculo! El eterno problema de siempre: salvar la apariencia. O -lo que es lo mismo- la maldita hipocresía a la que tanto culto se rinde.

Prefiero pensar -si esto fuera así- que existieron secretas razones superiores. Nos gustaría conocerlas. Mientras tanto, nos es permitido acogernos a la duda y a subrayar la falta de realismo. La existencia del problema era patente. No querer verlo, aferrarse al disimulo, mirar para otro lado, tratar de esquivar los hechos me parece un inútil empeño. Más pronto que tarde, todo aparece y acaba por volverse contra quienes cometen tales ingenuidades. La realidad es siempre tozuda, al final aflora y señala con el dedo a quienes aparentaron ignorarla. ¡Señores Obispos, déjense de repetir tanto mantra! El pueblo ya no se lo cree.

¡Tolerancia cero! No faltaba más. Pero, sobre todo, hechos, normas, procedimientos adecuados que garanticen la búsqueda de la verdad y la realización de la justicia, la tutela del bien común eclesial, el respeto y observancia de los normas vigentes, la ayuda de todo orden a las víctimas, la garantía de los derechos de todos los implicados, la colaboración con las autoridades estatales, la tutela de la buena fama del denunciado y la asistencia al mismo, espiritual y material.

Nada serviría mejor, en estos momentos, a la fiabilidad eclesial que saber que todo esto está resuelto y garantizado desde hace tiempo por la oportuna acción de nuestra Conferencia episcopal, como era el deseo de la Santa Sede.