Gregorio Delgado Contra la improvisación y la apatía

(Gregorio Delgado, catedrático).- En una reciente Carta (2.02.2015) del Papa Francisco, dirigida a los Presidentes de las Conferencias episcopales, a los Superiores de los Institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica, expresa "su convicción de que se debe continuar haciendo todo lo posible para erradicar de la Iglesia el flagelo del abuso sexual de menores, y abrir un camino de reconciliación y curación para quien ha sufrido abusos" (OR 6, 2015, pág. 4).

Las familias -prosigue el Papa- "deben saber que la Iglesia no escatima esfuerzo alguno para proteger a sus hijos, y tienen el derecho de dirigirse a ella con plena confianza, porque es una casa segura. Por tanto, no se podrá dar prioridad a ningún otro tipo de consideración, de la naturaleza que sea, como, por ejemplo, el deseo de evitar el escándalo, porque no hay absolutamente lugar en el ministerio para los que abusan de los menores" (Ibidem).

Bellas palabras y, sin duda, mejores intenciones. Pero, al fin y al cabo, sólo palabras. Lo que se demanda a la Iglesia son hechos, obras concretas, justicia con mayúsculas para todos los implicados, procedimientos adecuados, aplicación estricta de la norma a los presuntos abusadores y a sus cómplices, pero, también, a los encubridores, a quienes miraron para otro lado, a quienes organizaron, alentaron o permitieron todo un vergonzante sistema de encubrimiento.

La pregunta es obvia: ¿la respuesta de la Iglesia ha abarcado en otro tiempo -no tan lejano- y abarca, en este momento, a todos estos aspectos y, muy en concreto, a la repulsa explícita -con la separación de la función que ejerza- de los encubridores, sea obispo, arzobispo, cardenal? La respuesta también es obvia. No duden que el pueblo fiel conoce los términos de ella y les juzga en consecuencia.

Hay que decirlo claro y alto: cualquier otra organización social de importancia, que se hubiese visto envuelta en semejante o parecido escándalo, ya habría llevado a cabo una investigación seria, a fondo, exhaustiva, para conocer las verdaderas causas -históricas y sistemáticas- de tal contra testimonio evangélico. No se ha realizado, ni se ha reconocido la corresponsabilidad en el encubrimiento -además de los obispos en cuyas diócesis surgieron los abusos- por parte de las más altas instancias vaticanas.

No puede ocultarse que la política de encubrimiento era conocida por Roma y que organismos concretos de la Curia romana tuvieron su innegable responsabilidad. ¿Qué hizo la Congregación para la Doctrina de la fe -ya en el Pontificado de Juan Pablo II- para acabar con el sistema de encubrimiento? ¿Se ha pedido perdón por ello? ¿Qué hicieron Juan Pablo II y Benedicto XVI en esta línea de acabar definitivamente con el encubrimiento?

Siento tener que decirlo, pero -para mí como para otros muchos- no se puede hacer borrón y cuenta nueva. Las cosas no pueden seguir así por más tiempo. Urge la transparencia más absoluta, como ha demandado el Papa Francisco (‘la verdad es la verdad, y no debemos esconderla') y algunos hombres muy significados de la Iglesia (Card Marx y Card. O' Malley, por ejemplo). ¿Puede, si las cosas siguen así, sorprender luego la pérdida de credibilidad y fiabilidad de la Iglesia? ¿Por qué todavía está en vigor -si se habla de trasparencia- el ‘secreto pontificio' al que Benedicto XVI sometió estos delitos tan graves?

¿Por qué se empeñan muchos Obispos -a estas alturas de la película- en ampararse en el secreto pontificio para no actuar con total transparencia ante la comunidad cristiana y la propia sociedad civil, dando pie con ello a toda clase elucubraciones, sospechas, malos entendidos, posibles falsas interpretaciones, etcétera? ¿Por qué, en base al mismo secreto pontificio, ni siquiera se ampara, en muchos casos, el derecho a la propia defensa del presunto abusador? No se entiende cómo se puede otorgar cobertura a estas y otras situaciones en el interior de la Iglesia, claramente rechazadas en la cultura actual. ¿Dónde queda la tutela del derecho de todos y cada uno de los implicados? ¿Qué se buscaba y se busca, de verdad, con someter estos asuntos al secreto pontificio?

En este orden de cosas -y en relación con lo ocurrido en el Arzobispado de Granada-, ¿no creen que, si hubiese habido trasparencia informativa, se habrían evitado muchas situaciones de las que tan amargamente se ha quejado Mons Martínez, secundado, incluso, por los Obispos del Sur de España? La respuesta no me ofrece la menor duda. ¿Por qué, en este caso, nadie -ni el Arzobispado ni la Santa Sede- han sido trasparentes? No sirve para nada invocar el ‘secreto pontificio'. Las reglas del juego son otras y, por cierto, muy diferentes. ¿Qué no lo quieren entender? Pues, peor para ellos y, a la postre, para la propia Iglesia.

Más adelante, el papa Francisco recuerda que "...se debe vigilar atentamente que se cumpla plenamente la circular emanada por la Congregación para la doctrina de la fe, el 3 de mayo de 2011, para ayudar a las Conferencias episcopales en la preparación de las líneas maestras para tratar los casos de abuso sexual de menores por parte de clérigos"(Ibidem). ¡Lo que faltaba! Ahora resulta que no se ha cumplido plenamente -no habrá sido por falta de tiempo- la Circular de 3 de mayo de 2011, que conllevaba ‘instituir procedimientos adecuados' para tratar los casos de abuso sexual contra menores por parte del clero. ¡Increíble, pero cierto! Si esto es así -como parece-, ¿qué ha hecho Roma que no ha promulgado ya estos procedimientos? ¿Por qué, en todo caso, no ha reclamado, de modo perentorio, a las Conferencias episcopales negligentes que cumplan con lo ordenado en la Circular en cuestión? ¡Todo demasiado oscuro! ¡Todo ello poco serio!

En ese orden de cosas, ¿Cuál es, por cierto, la situación de la Iglesia en España? ¿La Conferencia episcopal española elaboró, aprobó, promulgó y publicitó en su día estos procedimientos adecuados? ¿Se cuenta, en las distintas diócesis españolas, con tales procedimientos? En vez de tanto mantra, que ya nadie se cree, no estaría de más -aunque ya es un tanto tarde- una respuesta clara e inequívoca. ¿Qué pasa? ¿Acaso no se cumplió con las exigencias de la Circular en cuestión? ¿Van a pedir, en tal caso, perdón a la comunidad cristiana y a la sociedad en general por tal negligencia? ¿Cómo van a revisar y adaptar -como les pide el papa Francisco- ahora unas normas inexistentes?

Personalmente, otorgo un voto de confianza a Mons Blázquez. Espero y deseo que esta vez se nuestros Obispos se dejen de bobadas y equidistancias, de medidos cálculos que no son otra cosa que velados encubrimientos, se ‘lo tomen muy a pecho', demuestren que, efectivamente "la CEE está muy de acuerdo con el papa Francisco" y que quiere "colaborar muy eficazmente". ¡Ojalá sea así! Si ahora no lo hacen, no tendrán perdón de Dios.

A todo este incomprensible estado de cosas, se ha referido muy recientemente el Card O' Malley, Presidente de la Pontificia Comisión para la tutela de menores del Vaticano, al subrayar que la Iglesia necesita "protocolos claros" para pedir cuentas a los Obispos que no protejan a los menores de los abusos. Han leído correctamente. La Iglesia los necesita porque no los tiene. "Protocolos claros que reemplacen la improvisación y la apatía", habituales durante muchísimo tiempo en la actuación de la Iglesia. ¡Más claro, agua! Es incomprensible que, a estas alturas, existan semejantes carencias procedimentales. Se ha actuado -para vergüenza propia y ajena- desde la improvisación y la apatía. ¿Todavía seguimos en esa situación? ¡Quién tenga oídos para oír, que oiga! Alguien es el responsable de ello. Desde luego, no los medios de comunicación. ¿De verdad pretenden que el pueblo fiel se crea que, ustedes señores Obispos, se lo toman en serio? Muchos tendrán que cambiar y demostrar.

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