Tarcisio Bertone, el número dos del Vaticano, acaba de hacer una visita a España que va más allá de lo pastoral y lo protocolario. Se ha entrevistado con el presidente del gobierno, la vicepresidenta, el ministro de Asuntos Exteriores y el monarca.
En los contenidos de sus conversaciones, además de cuestiones de política internacional, ha estado la posible modificación de la ley de despenalización del aborto y la asignatura de Educación para la Ciudadanía.
Veo elementos positivos en estos encuentros: siempre es bueno el diálogo por sí mismo, el franco contraste de pareceres, aún cuando al final sólo se pudiese constatar la existencia de serias diferencias de criterio. Veo también positivo que el gobierno abra sus oídos a sensibilidades diferentes a las suyas propias; tiene la responsable obligación de considerar las demás posiciones.
Por otra parte, defiendo el derecho de los católicos a aportar sus propuestas en los temas citados, a hacerlo en público, sin complejos, a ejercer toda la influencia que su presencia social les permita dentro del juego democrático y que no se les intente tapar la boca aduciendo que las creencias religiosas se deben preservar para la privacidad; y, yendo más allá, con toda probabilidad yo coincidiré en muchas objeciones de los católicos ante la citada ley y la referida asignatura.
La vida política se organiza desde los valores más profundos de cada ciudadano, sean los que sean, y esto es compatible con la necesaria separación iglesias-Estado.
Esta separación es la que, a mi entender, no se ha respetado en las conversaciones del gobierno y el Sr. Bertone.