Decíamos la semana pasada que la Iglesia necesita crear los protocolos que permitan una elección de sus cargos representativos más acorde con los tiempos  y más cercana a los procedimientos utilizados al principio del cristianismo, es decir, con participación plural de todas las personas implicadas. Estos protocolos no existen y eso hace más difícil aún el cambio necesario, por eso seguimos estancados en procedimientos vetustos que no solo nos acercan a formas de poder periclitadas, sino que nos alejan del espíritu recogido en los textos fundacionales.

Cuando no existen los protocolos adecuados o cuando estos no están claros, las personas tienden a tomar atajos que les permitan tomar las decisiones deseadas de modo que aparentando cumplir la ley que el protocolo expresa, acaban incumpliendo la voluntad del legislador, con resultados muy dispares.

Dos ejemplos nos pueden permitir comprender esto mejor. El primero es el caso de Ludmila Javorová, mujer ordenada sacerdote de la Iglesia católica en 1970 en la Checoslovaquia comunista. La persecución de los sacerdotes varones llevó al obispo Davidek a ordenar a una mujer (se desconoce si se ordenaron más) como medio para que las comunidades pudieran vivir la Eucaristía. La norma eclesiástica y el protocolo de ordenación sacerdotal impiden la ordenación de una mujer, sin embargo, nada impide a un obispo ordenar a una mujer si Roma no se entera o si, como fue el caso, recibe confirmación tácita. Cuando el protocolo no se adecua a la realidad, se fuerza el protocolo para que responda a la realidad. Podemos decir que se trata de un uso del sentido común.

Otro ejemplo, este muy diferente, lo tenemos en nuestros días. Existe un protocolo de vacunación acordado por las instituciones del Estado: Gobierno y Comunidades autónomas. Este protocolo determina el orden de vacunación ante la escasez de vacunas. Da prioridad a las personas más débiles o indefensas, las que tienen más riesgo de morir o de contagiarse. Así, se vacuna primero a las personas muy dependientes y a lo sanitarios que se enfrentan directamente a la pandemia, para ir pasando progresivamente a otros grupos de población.

Sin embargo, aunque aquí el protocolo está claro y es adecuado a la realidad, lo que falta es un protocolo de control del protocolo. Es decir, no existe un control sobre el proceso de vacunación, sino que este es subrogado por las Comunidades autónomas a los centros donde residen las personas que se vacunarán o a las instituciones que lo harán, verbi gratia, residencias de ancianos o ayuntamientos. Al no haber un control protocolizado sobre el proceso de vacunación, es posible que los responsables finales de la misma tomen atajos que permitan vacunar a personas que no están incluidas en un momento determinado en el protocolo.

La existencia de protocolos de actuación claros y el control sobre los procesos de implementación es imprescindible si vivimos en sociedad; lo mismo sirve para la Iglesia, que aún no se ha dotado de los protocolos oportunos para la toma de decisiones que le permitan vivir el presente como parte de su esencia.