Cuenta La Opinión de Murcia que la investigación sobre la compra por parte de la UCAM (Universidad Católica San Antonio) de unos terrenos propiedad del ministerio de Defensa sigue adelante. En los últimos días, la Fiscalía Anticorrupción, interesada en la operación de compra del suelo en Los Dolores en los que se construirá el nuevo campus en Cartagena, ha solicitado documentación a la Comunidad Autónoma.

En concreto, según ha podido saber este periódico, la Fiscalía General Anticorrupción, con sede en Madrid, ha solicitado a la consejería de Presidencia los estatutos que rigen la UCAM desde el año 2003, fecha de la compra de los terrenos. Entre los documentos solicitados está el decreto por el que se aprobaban en 2007 los Estatutos que han generado una agria polémica entre el obispado de Cartagena y el presidente de la Fundación San Antonio, José Luis Mendoza, sobre la titularidad de la UCAM. Además, los investigadores también han pedido la contestación del Gobierno regional al recurso de reposición presentado por el obispo, Juan Antonio Reig Plá, contra el decreto mencionado.

La investigación de la Fiscalía Anticorrupción se inició después de que un particular presentase una denuncia ante el Tribunal de Cuentas, en la que reclamaba que se investigara las gestiones de José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, al entender que había irregularidades "que podrían ser constitutivas de delito". Una de estas irregularidades, según la investigación abierta por Anticorrupción, podría ser la operación de compra de los terrenos cartageneros del ministerio de Defensa.

Desde el PSOE ya se denunció que parte de los terrenos -250.000 metros cuadrados en el barrio cartagenero de Los Dolores- no pertenecen a la Fundación San Antonio, la sociedad encargada de la gestión de la UCAM. En concreto, los socialistas denunciaron que sólo el 10% de los terrenos adquiridos en el año 2003 al ministerio de Defensa pertenecen en la práctica a la Fundación San Antonio. El resto, según las mismas fuentes, serían propiedad de una empresa privada, propiedad del propio José Luis Mendoza y su familia.

El presidente de la Fundación, José Luis Mendoza, salió en su momento al paso de estas informaciones afirmando que la denuncia formaba parte "de una campaña de desprestigio contra la UCAM". Además, el presidente de la Fundación San Antonio aseguró que la investigación de la Fiscalía Anticorrupción no era contra la UCAM, "sino contra el ministerio de Defensa", debido a que originariamente la investigación estaba dirigida a averiguar si el papel desarrollado por el general que gestionó, entre otras operaciones la de la UCAM, se ajustaba a la legalidad. Dicho militar ha sido imputado por las presuntas irregularidades detectadas en una operación de venta de instalaciones militares fuera de uso en Cádiz.