Cuenta M. Buitrago en La Verdad que el Consejo de Gobierno tuvo que hacer ayer muchos esfuerzos para explicar su decisión sobre la Universidad Católica de Murcia (UCAM). Por una parte levantó la suspensión de los estatutos, que conceden la titularidad a la Fundación San Antonio que preside José Luis Mendoza. Éstos ya tienen plena vigencia. Por otro lado, recordó que la titularidad es de la Iglesia Católica, representada a través de la Diócesis de Cartagena, quien a su vez encomendó tal titularidad a la Fundación, según el decreto del año 1996 por el cual se creó dicha universidad. Como se había publicado, el Gobierno regional soslayó decidir a quién corresponde la titularidad, porque ese no era el objeto del recurso del obispo Reig Pla. Para ello emplazó a las partes a que acudan a la jerarquía eclesiástica, o bien a la jurisdicción civil.

El obispo Reig Plá estaba estudiando ayer la posibilidad de recurrir la decisión del Gobierno murciano por la vía civil, en este caso ante el Tribunal Superior de Justicia. Si lo hace, se daría la circunstancia de que tendría un recurso planteado ante la Santa Sede y otro ante los tribunales civiles. Algunos miembros del clero le han aconsejado que no haga esto último, ya que pondría en juego su cargo al frente de la Diócesis, informaron a La Verdad fuentes conocedoras del caso. El obispo dijo la semana pasada, en un comunicado, que pensaba llegar hasta el final para reclamar la titularidad, ya que considera que existen documentos que le dan la razón. Después de varias llamadas telefónicas y como viene siendo habitual, La Verdad no pudo obtener ayer la versión del obispo. Un portavoz dijo que no habría declaraciones.

Se lava las manos

El Ejecutivo regional se lava las manos sobre la titularidad, según el informe presentado por el consejero de Presidencia, Juan Antonio de Heras, ya que da por buena la alegación de José Luis Mendoza de que la propiedad o dominio de los bienes o derechos no es un asunto de competencia de la Administración educativa regional, sino de la jurisdicción civil en caso de conflicto.

Para el Gobierno regional, lo que cuenta no son los fundamentos jurídicos -que algunos consideran difíciles de entender- sino el acuerdo adoptado ayer, según el cual se desestima el recurso de reposición del obispo porque se entiende que los estatutos de la UCAM no son contrarios a derecho, ya que, de conformidad con el dictamen del Consejo de Estado, «se limitan a reflejar el contenido del decreto de erección» de la UCAM dictado por en entonces obispo Javier Azagra. Aquel decretó encomendaba la titularidad y gestión a la Fundación San Antonio.

En sus razonamientos, el informe de Presidencia señala que puede existir una divergencia entre los dos primeros artículos de los estatutos. El primero recuerda que la UCAM es de la Iglesia Católica, y el segundo que la titularidad gestión y administración a perpetuidad es de la Fundación San Antonio. A juicio del gobierno de Valcárcel, eso no opta para que los estatutos sean legales. «Existe una encomienda por parte del obispo Javier Azagra para que la titularidad fuera de la Fundación. Y es la Iglesia quien debe aclarar el alcance de dicha encomienda», precisaron fuentes de la Comunidad Autónoma.

José Luis Mendoza, por su parte recuerda que la UCAM siempre ha sido de la Iglesia Católica, que así aparece en los estatutos. Subraya que la titularidad corresponde a la Fundación, «que fue quien tuvo la iniciativa única y exclusiva de crear la Universidad Católica» al amparo del artículo 3.3 de la Constitución Apostólica Ex Corde Ecclesiae, que permite a los fieles laicos crear universidades. «La Fundación se constituyó como persona jurídica privada de la Iglesia Católica. Es una institución más de la Iglesia Católica», puntualizó ayer.

El Gobierno regional quiso poner el acento en que se han rechazado los tres motivos que adujo el obispo en su recurso de reposición. En primer lugar, rechaza que hubiera existido falta de elaboración de los estatutos por la propia Universidad, porque sostiene que eso corresponde al Patronato y que el obispo no impugnó en su momento el acuerdo de esta instancia. También rechaza el Gobierno regional la pretensión del obispo de que no sancionó los estatutos, ya que entiende la Comunidad que es un acto sometido al Derecho Canónico.

Por último, el Ejecutivo niega que se hubiera producido una alteración no justificada de la titularidad de la UCAM: por un lado porque los propios estatutos reconocen en su artículo 1 que la UCAM es de la Iglesia Católica, y en segundo lugar porque los estatutos reflejan el contenido del decreto de erección de Javier Azagra, que encomendaba la titularidad a la Fundación San Antonio.