El obispo de Murcia lleva la decisión sobre la UCAM a la Signatura Apostólica

Reig Plà recurre al 'tribunal supremo vaticano' e insiste en que la titularidad no puede ser de la Fundación San Antonio. El obispo de la Diócesis de Cartagena no se ha dado por satisfecho con la decisión del Vaticano de otorgarle la 'propiedad' de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) a la fundación de igual nombre que preside José Luis Mendoza.

Según ha podido saber este periódico, monseñor Réig Plá ha acudido a la Signatura Apostólica, equivalente en la jerarquía eclesiástica a lo que el Supremo sería para los tribunales españoles, para insistir en su tesis de que la titularidad de la institución universitaria no debe quedar en manos de la fundación.

El obispo mantiene silencio acerca de este asunto desde noviembre del pasado año, fecha en la que recurrió el decreto del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma que otorgaba la titularidad a la Fundación San Antonio, entidad civil formada por fieles laicos que encabeza como patrono delegado único José Luis Mendoza y a la que los estatutos recurridos le otorgaban las facultades de gobierno, gestión y administración a perpetuidad.

Monseñor Réig Plá, impulsado por diversos estamentos de la Diócesis, además de muchos sacerdotes, ha respondido al escrito firmado por el secretario de Estado del Vaticano, Tarcisio Bertone, apoyándose en los informes realizados por sendas comisiones técnicas vaticanas, una de Educación y otra de carácter puramente jurídico, que avalaban las tesis del Obispado y que parece que no se han tenido en cuenta en la decisión final.

La Universidad Católica San Antonio fue creada en 1996 por un decreto del entonces titular de la Diócesis de Cartagena, monseñor Javier Azagra. En junio de 1999, casi dos años después de iniciar su andadura, una orden de la entonces consejería de Cultura y Educación autorizó la implantación de enseñanzas en la UCAM y otorgaba la titularidad a la Iglesia Católica. A pesar de la comunicación de la secretaría de Estado del Vaticano, la Comunidad Autónoma tendrá que tomar una decisión al respecto.
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