La ley del aborto cumplió el 5 de julio su vigésimo tercer aniversario con más de 1,1 millones de abortos. Las asociaciones provida denuncian que la consecuencia más grave que ha acarreado la normativa es la falta de concienciación social sobre el valor de la vida. El derecho de la mujer a la maternidad y el derecho del niño a nacer no parecen ser prioritarios para el Gobierno. Por el contrario, el presidente del Ejecutivo ha insistido en que el Parlamento debata una ampliación de la ley del aborto y no descarta que, entre las posibilidades, España cuente en el futuro con una ley de plazos. El derecho a la vida, ya de por sí bastante resquebrajado, enfrenta también otra amenaza: el de la despenalización de la eutanasia. El presidente de la Subcomisión de Familia y Vida del Episcopado y obispo de Cartagena, Juan Antonio Reig Pla, alerta de que la «crisis más seria que puede darse en la sociedad española es aceptar este holocausto silencioso y afirmarlo como progreso». Lo entrevista Laura Daniele en Abc.

-El Gobierno se propone ampliar la ley del aborto y no descarta una ley de plazos si consigue el consenso en el Parlamento. ¿Cómo ve usted esta iniciativa?

-El aborto no es otra cosa que matar a un ser humano inocente en el seno de su madre: un crimen injustificable desde todos los puntos de vista. Ampliar y facilitar el aborto no es el camino. Esto produciría más muerte y más sufrimiento. Creo que todos estamos convencidos de que el aborto es un mal.

-¿Cuál es la alternativa?

-La primera y fundamental es la educación y la prevención. A las personas hay que educarlas para amar, y para amar sabiendo respetar al otro y el mejor respeto empieza por salvar la vida naciente. Y luego ayudar a las madres para que sus hijos puedan nacer. Por último, crear una cultura que ame la vida en lugar de destruirla. La crisis más seria que pueda darse en la sociedad española es aceptar este holocausto silencioso y afirmarlo como progreso.
-La actual ley ha permitido más de 100.000 abortos en 2006. ¿Qué supondría su ampliación?
-La actual ley del aborto se ha convertido en la práctica en un arma letal de destrucción masiva de vidas humanas: mata a los niños y causa un destrozo afectivo y psicológico a veces irreparable para muchas de sus madres. Una ley de plazos es un instrumento que facilita más aún esta práctica homicida.

-¿Cuál debe ser el rol del Estado?

-Un Estado democrático y social tiene el deber de proteger a los más pobres e indigentes, como son los niños no nacidos, los discapacitados, los ancianos o los enfermos terminales. Cuando el Estado, en vez de proteger a los más débiles, da cobertura legal a la cultura de la muerte, se transforma automáticamente en un Estado totalitario, los fundamentos de la convivencia se quiebran y surge una sociedad de la muerte, una auténtica «tanatocracia». ¿A qué cifra de abortos tenemos que llegar para tomar conciencia de la magnitud de este drama?

-El PSOE también ha propuesto al Gobierno la despenalización de la eutanasia, aunque la denomina «muerte digna». ¿Ve usted alguna intencionalidad en la confusión de los términos?

-Creo que nuestros médicos son excelentes profesionales y saben aplicar todos los remedios que la medicina ofrece para paliar el dolor y ayudar al enfermo sin caer en el encarnizamiento terapéutico. Hoy el problema es el contrario. Hay personas que se erigen en dueños de la vida y provocan la muerte de otros. Todo este discurso aparentemente tan razonable y humanitario no es sino una excusa para legalizar el suicidio asistido y la eutanasia, que consiste en provocar directamente la muerte del enfermo con graves enfermedades o sufrimientos o indirectamente negando los cuidados médicos éticamente obligatorios. Nos encontramos con una manipulación del lenguaje para manipular las conciencias e inocular en ellas el virus de la cultura de la muerte.

-Estas medidas ¿pueden considerarse una «ampliación de derechos» como pregona el Gobierno?

-De ningún modo. Un avance en la cultura de la muerte es siempre un retroceso de la sociedad, no una mejora de los derechos. El Gobierno quiere situar el debate entre su postura «progresista» y la postura de la Iglesia, «rancia y retrógrada». No es esa la cuestión. La cuestión es si el niño no nacido es un ser humano y sujeto de derechos -el primero es el derecho a la vida- como reconoce la Constitución española y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Si no es un ser humano, el aborto es legítimo en cualquier caso: dejemos la hipocresía de los «supuestos» o los «plazos». En cambio, la verdad es que es un ser humano, cuya vida es un valor superior y anterior a cualquier legislación. Esta es la cuestión.

-Algunos ven infundada la postura de la Iglesia que considera al embrión, desde el momento de su concepción, como un ser humano.

-No es sólo la Iglesia quien afirma que desde la fecundación hasta la muerte natural hay un ser humano, con unidad orgánica y desarrollo autónomo, sino la también ciencia: la biomedicina, la biología celular y molecular, la genética del desarrollo. Con el aborto y la eutanasia, la ley se pone de espaldas a la ciencia y sacrifica a la ideología de la muerte las vidas de los más indefensos de nuestros hermanos.

-¿Considera que es la sociedad la que demanda estas normativas?

-Lo que la sociedad demanda es que las leyes protejan los verdaderos bienes del hombre, como la vida, la libertad o el respeto a sus convicciones religiosas. La sociedad avanza cuando custodia estos valores. Otro avance sería recuperar que el enfermo no muera solo, entre máquinas y tecnología, sino en la compañía de sus seres queridos. Ofrecer no sólo atención médica, sino también afectiva y calor humano es dar dignidad al que muere.
El obispo de Cartagena, en un momento de la entrevista