Cuenta M. Buitrago en la Verdad que el obispo de la Diócesis de Cartagena, Juan Antonio Reig Pla, el presidente de la Fundación San Antonio, José Luis Mendoza, y el Ejecutivo de Ramón Luis Valcárcel se muestran, de entrada y en diverso grado, satisfechos con la decisión del Consejo de Gobierno de levantar la suspensión sobre los estatutos de la Universidad Católica (UCAM), en la que reconoce a su vez que la titularidad corresponde a la Iglesia Católica, representada por la Diócesis de Cartagena.

Según fuentes de la Comunidad Autónoma, cada parte considera que el informe de los Servicios Jurídicos de Presidencia les da la razón, pero esto no aleja la probabilidad de que monseñor Reig Pla recurra finalmente a los tribunales civiles para modificar el artículo 2 de los estatutos que conceden la titularidad a la Fundación de Mendoza. Esto significa presentar un recurso contencioso-administrativo contra el decreto del Gobierno ante el Tribunal Superior de Justicia, algo que la jerarquía católica podría encajar con cierto disgusto.

Algunos creen que el Vaticano, la Nunciatura y la Conferencia Episcopal Española verían mejor a estas alturas que Reig Pla siguiera adelante con su recurso ante la Signatura Apostólica -y ventilar el conflicto dentro de la propia Iglesia--con el fin de obtener una respuesta formal del Vaticano a su petición, toda vez que el obispo considera que el escrito del secretario de Estado, Tarzisio Bertone, refleja una opinión particular del número dos de la Santa Sede.

Si opta por acudir a la vía civil, planteando el recurso ante los tribunales, se podría dar la circunstancia de que el Vaticano dijera al final una cosa y el TSJ otra distinta. Se podría llegar al extremo incluso de que el obispo defendiera al Estado frente a la Iglesia. Reig Pla estima que el derecho civil español le da la razón por completo sobre la titularidad de la UCAM, y aporta para ello el dictamen de octubre de 1997 del Consejo de Estado sobre la Universidad Católica de Ávila. Sostuvo dicho Consejo que, siendo una universidad de la Iglesia Católica, la titularidad no podía recaer en la fundación que se creó al efecto, ni en otra entidad civil. Dicha fundación tenía entre sus miembros al obispo de aquella Diócesis, al delegado territorial de la Junta de Castilla y León, al presidente de la Diputación provincial de Ávila, al alcalde de Ávila y al presidente del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros de Ávila.

El obispo sostiene que este dictamen es aplicable a la UCAM, sobre todo porque su antecesor, Javier Azagra, envió en 1997 una carta a la ministra de Educación, Esperanza Aguirre, para que el Consejo de Estado tuviera también en cuenta a la Universidad Católica de Murcia a la hora de elaborar su dictamen, «dado que la situación de ésta es similar a la de Ávila y ambas han nacido al amparo de la misma normativa», escribió Azagra. Quienes defienden la causa del obispo consideran que este dictamen les da la razón de pleno y que la fundación de Mendoza no puede asumir la titularidad. Apuntan que debe prevalecer el Derecho Civil español sobre el Derecho Canónico y las leyes de la Iglesia.

Satisfacción de Mendoza

Los que opinan lo contrario argumentan que no se puede aplicar ese dictamen a la Fundación San Antonio de Murcia porque ésta se ha constituido por la vía del 3.3 de la Constitución Apostólica, que permite a los fieles laicos católicos fundar universidades de la Iglesia Católica, sobre la base de los acuerdos entre los Estados de España y del Vaticano. Mendoza no oculta su satisfacción por el hecho de que los estatutos ya tienen plena vigencia, y destaca que el recurso del obispo ha sido rechazado de plano sin que se atendiera ninguna de las tres objeciones que planteaba. Considera que su Fundación es «una institución de la Iglesia Católica con una clara labor evangelizadora». Si el Vaticano la considera como tal, no existiría ninguna contradicción entre los artículos 1 y 2 de los estatutos de la UCAM, que dicen que la universidad es de la Iglesia Católica y que la titularidad se encomienda a dicha Fundación. Quienes apoyan las tesis de Mendoza apuntan igualmente que en esta fundación no hay cajas de ahorros ni cargos políticos, como sucedía con la de Ávila.

Alivio en San Esteban

En tercer lugar, el Gobierno regional muestra su alivio porque no ha tenido que revocar su propio decreto y actuar contra sus propios actos. Apunta que los estatutos de la UCAM no son fuente de titularidad, sino que ésta correspondía desde el principio a la Iglesia Católica, como viene recogido en los propios estatutos que presentó José Luis Mendoza. «Sólo nos hemos limitado a transcribir lo que decía el decreto de erección del obispo Javier Azagra, que encomendaba la titularidad a la Fundación San Antonio», señalan diversas fuentes. «Creemos que la interpretación que se hace es válida para las dos partes». El Consejo de Gobierno, en el fondo, ha intentado contentar a las dos partes y blindarse ante futuros recursos por la vía judicial.

Según ha podido saber La Verdad, el obispo manifestó meses atrás que no tendría problemas para ceder la titularidad de la UCAM a la Fundación, siempre que antes quedara claro que dicha titularidad corresponde a la Diócesis de Cartagena. Lo hacía por cuestión de conciencia personal. Se ignora si el obispo opina ahora lo mismo. Por otro lado, algunas organizaciones y partidos políticos que han salido en defensa del obispo lo han hecho para atacar a José Luis Mendoza y para criticar el papel del Gobierno regional en este asunto, por creer que se favorece a la Fundación.

El conflicto no está cerrado. Unos pronostican un periodo de tranquilidad dentro de la Universidad Católica hasta que el Vaticano se pronuncie de nuevo; otros apuestan porque el espectáculo seguirá adelante por la vía de los tribunales civiles, que podrían tardar varios años en decidir.