Lo primero y más elemental que cabe pedirle a un Gobierno que se pretende espejo de honradez es que no trate de engañar a la ciudadanía. Cuando la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, asegura que el acuerdo al que ha llegado con la Conferencia Episcopal Española «vincula los ingresos de la Iglesia de manera directa y expresa a la voluntad de los contribuyentes», miente, y ella lo sabe.

Trata de que nos creamos que, a partir de 2007, la Iglesia católica se financiará con el dinero que quieran darle sus feligreses. Y eso no sólo es completamente falso, sino que lo es, además, por partida doble.
En primer lugar, porque los católicos que quieran contribuir a los gastos eclesiales no van a pagar ni un céntimo más que el resto de los ciudadanos.

En lo que a la declaración de la renta se refiere, ellos se limitarán a mostrar su deseo de que pague el Estado. A partir de lo cual, será la Hacienda pública la que detraerá una parte (el 0,7%) de lo que ellos hayan pagado en concepto de IRPF para dárselo a la Conferencia Episcopal.

Como ese dinero será restado de los ingresos totales del erario, los perjudicados seremos todos, incluidos quienes alienten otras creencias religiosas y los que carecemos de ese registro anímico concreto. Los católicos no darán ni un euro que no estuvieran obligados por ley a pagar, como todo quisqui. La financiación de su Iglesia les seguirá saliendo gratis.

Javier Ortiz (El Mundo)