¿Qué hacían el sábado Eduardo Zaplana, Ana Pastor, Ignacio Astarloa, Miguel Arias Cañete, Esperanza Aguirre, Pilar del Castillo, Jaime Mayor Oreja, Jesús Posada, Ana Mato, Ana Botella y varios obispos manifestándose en Madrid? La pregunta no es retórica ni recurrente. En la Europa de los veinticinco existe un país que se gasta tres mil millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado en mantener vigente la Iglesia Católica y esta respetable institución se encuentra insatisfecha hasta el punto de haber participado, organizado y dirigido dos manifestaciones multitudinarias y callejeras en los últimos seis meses de la mano del partido que está en la oposición.

Naturalmente que tienen derecho a hacerlo. La Constitución -que tanto se invoca estos días- garantiza la libertad de expresión y opinión en España y la Iglesia Católica como institución tiene la opción de irrumpir en la arena política. El corolario de su intervención pública es que los españoles que no compartan ese crédito político conservador, al que se han abrazado los obispos, tienen derecho a manifestarse en contra.

No es hora de añorar a nadie. Ni siquiera al Cardenal Vicente Enrique y Tarancón, bajo cuya égida la Iglesia tuvo la inteligencia de no apadrinar siquiera a la Democracia Cristiana, porque entendió bien que después de cuarenta años de , la Iglesia Católica tenía que renunciar al ejercicio de la política. Hoy, la Iglesia y el PP, tomando las calles de Madrid, han establecido una alianza política cuyas consecuencias son imprevisibles.

Al margen de que el anteproyecto de Ley de Educación tiene un largo recorrido parlamentario, en cuya sede todo el mundo puede hacer prevalecer sus argumentos e imponer sus votos, no parecen razonables las denuncias que se hacen del texto con la magnificación y puesta en escena de la protesta en la que la Iglesia ha quemado sus naves de neutralidad.

A partir de ahora los católicos españoles deben entender que la alianza entre la Iglesia y las fuerzas conservadoras de la sociedad -manifestada por la litúrgica unión de los obispos y los dirigentes del PP en las calles de Madrid- tiene un largo recorrido que no puede traer nada bueno para España y nada bueno para la Iglesia española, que tendrá que escuchar muchas voces de la sociedad laica que querrán revisar el destino de los tres mil millones de pesetas que España dedica a que la Iglesia esté insatisfecha.Carlos Carnicero (Dario de León).