El pasado mes de abril, la Audiencia Provincial de Granada absolvió a don Javier Martínez, anterior obispo de Córdoba, del delito de coacciones y de la falta de injurias a que le había condenado uno de los dados en llamar "jueces estrella" (por su intervención en la instrucción del caso Malaya). Se ha tratado del primer caso en que un obispo ejerciente ha sido sentado en el banquillo de los acusados imputado de serios delitos nada predicables de una persona consagrada como él. Obviamente, la singularidad del caso ha hecho que su difusión haya sido máxima, dando pábulo a todo tipo de comentarios, no siempre favorables a don Javier cuando no claramente tendenciosos, en un intento de manipulación en contra de la Iglesia.

Llama poderosamente la atención en este caso, sus causas, ligadas al ejercicio de la dirección de la diócesis, lo que viene regulado en un ordenamiento jurídico específico: el Derecho Canónico, que nada tiene que ver con la legislación laica de nuestro país, y cuya vigencia ha sido reconocida desde siempre a la vista de la singularidad de la propia Iglesia, formando parte, por lo tanto, de nuestro Derecho.

Por ello, parece fuera de lugar querer enmendar la plana en la forma de dirigir o pastorear en la diócesis, en la que, ante la actitud claramente hostil de un sacerdote, se optó por despojarlo de sus atribuciones, porque ni en este mundo ni en ninguno (llámese ejército, empresa o cualquier otra organización) deben ser admisibles actitudes levantiscas y retadoras. El principio de autoridad, que va unido al ejercicio correcto de la dirección de la organización de que se trate, con esa "gracia de estado" que se le supone, no puede ser puesto permanentemente en almoneda al socaire de pretendidos derechos.

En cualquier caso, aun admitiendo que la fuerza de la razón canónica ha de administrarse con la mesura exigible a todo dirigente eclesial, hay que preguntarse el por qué de la contundencia empleada en este caso, y dirigir las pesquisas no al carácter de los involucrados directamente, sino a los entornos, también hostiles en algunos casos, que con su aliento, económico o silente, han propiciado la algarada eclesiástica. Entornos sobre los que no cabe duda de que, en un ejercicio de florentina hipocresía, se estarán ahora dando sentidos parabienes a don Javier por el buen fin de todo este calvario al que se ha visto sometido, con merma de su integridad personal y del buen nombre de la propia Iglesia.

Cuando las ambiciones personales se erigen en pautas de conducta de las personas; cuando la egolatría es el leitmotiv de los comportamientos personales; cuando otros vicios como la envidia o la frustración personal marcan el devenir de la gente, no es extraño que se ceben en las personas que, con mayor o menor acierto en ocasiones, pero con rectitud de intención, van por la vida cumpliendo con su compromiso personal y profesional, sin concesiones a los cantos de sirena ni a las prebendas u otro tipo de regalías que se les presenta para doblegar su voluntad y acomodarla a las espurias pretensiones de los que ponen como norte de su vida, no la mayor gloria de Dios, sino la deificación personal.

En este Grupo ha sido motivo de regocijo la absolución de don Javier, a la par que de recuerdo de nuestro mentor, Tomás Moro, que dio su vida por defender la verdad, abominando de los lujos, riquezas y privilegios que Enrique VIII le concedió y quiso incrementar a cambio de que abjurara de sus creencias y permitiera su divorcio y nuevos casamientos.

La Historia es maestra de la vida, y las circunstancias de unas épocas se repiten en otras, porque la condición humana, vaya revestida de la pompa regia o de hábitos y dignidades consagradas, sigue siendo lo mismo de miserable en todas ellas, propiciando que, de vez en cuando, se envíe al martirio, al calvario o al sufrimiento a personas que sólo pretenden ser consecuentes con las creencias a las que han dedicado su vida. Enhorabuena, don Javier.

Grupo Tomás Moro (Diario de Córdoba)