Gobierno y obispos estuvieron a punto de llegar a un acuerdo sobre el tratamiento de la clase de religión. Un acuerdo que al final no cuajó. No fue posible porque, según el Gobierno, porque la Conferencia Episcopal fue demasiado ambiciosa y planteó cosas que desbordaban el ámbito moral y religioso. Para la Conferencia Episcopal, sin embargo, las negociaciones no fueron tales, sino que se limitaron a ser simples «contactos». Además, se desarrollaron demasiado tarde: cuando la ley estaba en el Parlamento y la jerarquía católica ya no podía intervenir en el debate.

El Gobierno cree que se puede llegar a un acuerdo con la Conferencia Episcopal en varios aspectos. El estatuto laboral de los profesores de religión, la futura asignatura de Educación para la Ciudadanía y el respeto al ideario de los centros financiados por la Administración son los puntos en que hay mayor sintonía. Sin embargo, uno de los puntos que concitan más controversia es la admisión de alumnos y el papel de la enseñanza concertada.

Durante las negociaciones, la Iglesia reivindicó que se consagre la libertad de enseñanza. Los obispos creen que deben ser los centros los que regulen la demanda de admisión, sin cortapisas del Estado. Ello no quiere decir, dicen los obispos, que se vaya a producir una selección económica del alumnado. El Ejecutivo piensa lo contrario y arguye que ha de prevalece el principio de igualdad y equidad. Así, el reparto de la carga de alumnos desfavorecidos, incluidos los inmigrantes, debe ser más equilibrado.

Lo que disgusta al Ejecutivo es que la Conferencia Episcopal invoque el papel subsidiario de la escuela pública. El Gobierno dice que esto es un principio económico y político, no moral. Los obispos invierten el razonamiento. El Estado no debe entrometerse en la educación de los hijos, que es una competencia exclusiva de las familias.