Guillermo Gazanini Espinoza / 15 de agosto.- La sociedad mexicana se encuentra en un debate en torno a las iniciativas del Presidente de México para reformar el artículo 4o de la Constitución y modificar diversas disposiciones del Código Civil Federal a fin de reconocer el llamado “matrimonio” entre personas del mismo sexo, proyectos legislativos presentados como “de avanzada” para hacer legítimos los criterios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quienes afirmaron la constitucionalidad del “matrimonio” homosexual.

Desde luego, los debates y controversias están en punto de ebullición. Por un lado, los defensores de las iniciativas aplauden los proyectos como normatividades para personas del mismo sexo que dicen amarse y que, en justicia, correspondería lo mismo como en el matrimonio tradicional. Más aún, en bien de la libertad y del desarrollo de la personalidad, se justifica otorgar el derecho de matrimonio a homosexuales porque en México son ilegales los prejuicios de discriminación basados en preferencias sexuales.

Del otro lado están quienes argumentan que el Matrimonio representa el nexo principal de fuentes y obligaciones entre complementarios, generándose la célula base de la sociedad: la familia. El Matrimonio no es para iguales hombre-hombre o mujer-mujer, sólo puede originarse y tiene existencia por voluntad de un hombre y una mujer capaces de producirlo.

La exposición de motivos de las iniciativas presidenciales tienen serias deficiencias de técnica jurídica y de argumentación legislativa que ignoran muchos elementos de derecho familiar, valiéndose solo de los criterios de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que usan, a modo, los conceptos de libertad, discriminación y desarrollo de la personalidad, sin tomar en cuenta “un todo” en cuanto a las relaciones familiares. Igualmente, no consideran el derecho comparado y los tratados internacionales sobre derechos humanos de los que México es parte, y en los cuales no dice que el Matrimonio sea derecho de lesbianas y homosexuales.

Sin embargo, en junio pasado, una sentencia del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos interpretó sendos artículos de la Convención Europea de los Derechos del Hombre. En la parte medular, los jueces afirmaron que si bien los Estados parte pueden legislar en torno al Matrimonio, también es cierta la inexistencia del derecho de los homosexuales a contraer nupcias conforme al concepto del artículo 12 del Convenio, el cual establece el matrimonio como unión entre un hombre y una mujer.

El criterio de los jueces de Estrasburgo no es el primero al respecto. Como es de explorado derecho, México es parte de Tratados y Convenios internacionales sobre Derechos Humanos que reconocen al matrimonio heterosexual. El artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, promulgado el 20 de mayo de 1981 en el Diario Oficial de la Federación, señala a la familia como elemento fundamental de la sociedad protegido por el Estado.

Las interpretaciones del Comité de Derechos Humanos del Pacto de Derechos Políticos y Civiles respecto al Matrimonio corren por el mismo sentido que la novedosa sentencia de Estrasburgo. En 2012 ese Comité emitió un dictamen argumentando que, si bien la discriminación contra homosexuales vulnera derechos humanos, también es cierto que no permitir el matrimonio a personas del mismo sexo no puede ser considerado como una violación, ya que el artículo 23.1 del Pacto consagra el Matrimonio como derecho entre un hombre y una mujer.

Los defensores del llamado “matrimonio homosexual” han proliferado la idea de que “el mundo entero” está en pie de lucha. Hasta abril de 2016, de los casi 200 estados nacionales en el orbe, sólo 22 habrían legislado en la materia. Esto cuestiona seriamente que sea una idea de avanzada y de reconocimiento de nuevos derechos. Por otro lado, países como Eslovenia derogaron de sus legislaciones el “matrimonio homosexual” y otros, como Armenia, lo han puesto a consulta pública para ser rechazado como derecho constitucional.

Mientras las iniciativas del presidente Peña Nieto aguardan en la Cámara de Diputados para su discusión y dictamen, la sociedad mexicana enfrenta un debate que debería evaluar y considerar todos los aspectos legales sensibles a una realidad que tiene en el Matrimonio una de sus más preciadas instituciones de derecho familiar. Si la propuesta corre por presiones internacionales para favorecer a grupos de poder o a organismos internacionales que acatan determinada agenda, México estaría sometiendo su derecho soberano a legislar y adecuar su sistema de derecho civil conforme a las necesidades de la población particular. Reconocer un falso derecho a personas del mismo sexo iría en contra de las ideas que sustentan al Matrimonio como pacto entre hombre y mujer propio del Estado laico y liberal.