Los gobiernos pueden obligar a los ciudadanos a estudiar una lengua pero no pueden obligarlos a utilizarla si hay otra lengua oficial en la que puedan manifestarse y una Constitución que las iguala en derechos y obligaciones. Los funcionarios públicos deben saber las lenguas en las que se puedan expresar los ciudadanos que vienen a reclamar sus servicios. Las lenguas, además de ser un útil de comunicación, son un bien cultural. Cada una de ellas vehicula y codifica un número determinado de experiencias de manera exclusiva. El ciudadano de a pie tiene obligación de respetar el Museo del Prado y todos y cada uno de los cuadros que alberga pero no tiene la obligación de ir a visitarlos cada domingo ni siquiera una vez en la vida.