Invitado oficialmente por la Conferencia Episcopal, la visita del secretario de Estado del Vaticano, cardenal Tarcisio Bertone, ha suscitado notable interés no sólo en el ámbito eclesial, sino también en el político y diplomático. El viaje a España del número dos del Papa, equivalente al cargo de primer ministro, se produce en una coyuntura muy relevante para las relaciones entre España y la Santa Sede. No sin razón, la agenda del cardenal Bertone prevé entrevistas con el presidente del Gobierno, la vicepresidenta De la Vega, el ministro de Exteriores y el líder del PP, además de un almuerzo con los Reyes al que asistirán los Príncipes de Asturias. Y, naturalmente, un encuentro con los obispos españoles, ante los que pronunciará una conferencia sobre los derechos humanos.

El jefe de la diplomacia vaticana conoce con precisión la realidad de la Iglesia española y la temperatura de sus relaciones con el Gobierno de Zapatero. De talante afable y dialogante, su intervención fue decisiva para que el episcopado español y la vicepresidenta De la Vega acordaran un nuevo sistema de financiación de la Iglesia, cerrando así un asunto que llevaba pendiente más de veinticinco años.

En este mismo espíritu de colaboración se enmarca la visita del secretario de Estado, tal como sugieren las declaraciones que le han precedido, publicadas ayer por el diario «Avvenire»: «Los católicos son tradicionalmente respetuosos con el poder político legítimamente constituido y la Iglesia siempre está disponible a una provechosa colaboración con las autoridades en el marco de una sana laicidad». Es decir, respeto mutuo a los ámbitos respectivos y colaboración dentro de la independencia, que no significa «callar si vemos que de alguna manera se menoscaban los principios de la ley natural o de la libertad de la Iglesia».

En este sentido, y aunque no tenga relación directa con las conciliadoras palabras del cardenal Bertone, debe valorarse muy positivamente la actitud responsable del Grupo Socialista del Congreso, que ayer rechazó varias propuestas de la izquierda radical para regular la apostasía, suprimir los símbolos cristianos de los actos oficiales e impulsar la eutanasia activa y el suicidio asistido. Nada hubiera sido más dañino para las relaciones entre el Gobierno y la Iglesia que añadir nuevos elementos de tensión en plena polémica por la asignatura de Educación para la Ciudadanía y cuando el Ministerio de Igualdad elabora a marchas forzadas una ley de plazos que permitirá el aborto libre.

La delicada situación económica que padece el país no aconseja, precisamente, abrir otros frentes que ahonden la división entre los españoles. Si hay alguna institución que está trabajando duramente al lado del Gobierno para hacer frente al paro y las penurias de los menos favorecidos, ésa es la Iglesia y sus múltiples organizaciones solidarias; y sin exigir nada a cambio. Naturalmente, la Santa Sede y la Conferencia Episcopal son ámbitos con distintas funciones, pero ambos tienen la misma y única misión: difundir el mensaje evangélico y defender sus principios.

Por otra parte, el Gobierno sabe que en la Santa Sede puede tener uno de sus mejores aliados en política exterior, a la que Rodríguez Zapatero está dando preferencia en el arranque de esta Legislatura. La presidencia española de la UE, en el primer semestre de 2010; la política hacia Iberoamérica, en especial con la vista puesta en la transición cubana; y una mayor presencia de España en los organismos internacionales ganarían muchos enteros si contaran con el apoyo nada desdeñable del Vaticano.

(Editorial de La Razón)

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