Una reforma urgente del sistema político, acciones inmediatas desde el poder Ejecutivo y la implementación de medidas que garanticen seguridad y empleo; son algunas de las razones legítimas que llevaron a los gremios peruanos a convocar a una jornada de paro este 15 de octubre.

Un muerto y más de cien heridos es el balance preliminar de la jornada de protesta convocada por diferentes gremios de la sociedad civil peruana. A la movilización de carácter nacional se vincularon los transportadores, estudiantes universitarios, los jóvenes de la generación Z y las organizaciones sindicales.

En la convocatoria participaron quince regiones del país, entre ellas Lima, Chachapoyas, Arequipa, Huancayo, Cusco, Puno, Huaraz, Trujillo, Iquitos, Huánuco, Cajamarca, Ayacucho, Puerto Maldonado, Piura, Chimbote y Ucayali.

Ciudadanos exigen cambios

Los peruanos están en desacuerdo total con las autoridades actuales, razón por la cual exigen cambios estructurales que pongan fin a la violencia e impunidad que vive el país. Las cifras de la Defensoría del pueblo confirmaron el ingreso de 102 personas heridas a los servicios de emergencia, 29 de ellos civiles y 84 policías.

Más adelante, fuentes no oficiales aseguraron que los heridos incluso podrían llegar a las 176 personas, incluyendo los periodistas de la agencia AFP afectados en medio de la protesta.

Disturbios que se presentaron durante la noche de este miércoles cuando los manifestantes atravesaron las vallas de seguridad en inmediaciones de la sede del congreso.  Las autoridades disiparon a la multitud con gases lacrimógenos, mientras que los manifestantes respondieron con piedras y fuegos artificiales; en medio de la confusión y la represión de las autoridades murió Eduardo Ruiz Sanz.

El hombre de 32 años fue alcanzado por el impacto de un arma de fuego en el tórax. Disparo a quemarropa que presuntamente fue hecho por un policía vestido de civil en inmediaciones de la plaza Francia, ubicada en el centro de la capital peruana.

Es tiempo de unirse

La Iglesia no se margina del conflicto social y desde el 14 de octubre, víspera de la marcha emitió un comunicado en el que reconoce que "todos los ciudadanos tienen derecho a manifestarse y expresar sus ideas libremente"; sin olvidar que este "legítimo derecho debe ejercerse siempre con actitudes de paz, respeto y fraternidad, porque todos somos hermanos y miembros de una misma nación".

Pese a las dificultades que atraviesa el país, la Iglesia insiste en que es tiempo de unirse, "con firmeza, para vencer la inseguridad, el crimen, la corrupción y la pobreza que golpea a tantos hermanos"; trabajando juntos para hacer de Perú una nación grande.

Para los obispos es importante que los peruanos sepan que el país los necesita unidos en la justicia y el respeto, la democracia y la libertad, la reconciliación y la paz. "Nos necesita comprometidos con los más débiles y olvidados de nuestra sociedad. Nos necesita unidos para no permitir que nada nos arrebate la llama de la esperanza", sin olvidar que "la violencia nunca genera justicia ni desarrollo, por el contrario, destruye la convivencia, debilita la democracia y lograr herir el alma del pueblo".

Fiscalía admite excesos

Pese al llamado a la calma de la Iglesia, la jornada de protestas cerró con enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, cuyos ánimos se vienen exacerbando tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte, quien fuera destituida el 10 de octubre en un juicio para muchos exprés que le entregó el poder a José Jerí, un político de 38 años que en principio asumiría la presidencia hasta el mes de julio de 2026.

Por ahora el presidente José Jerí permanece en la sede del congreso en compañía de Ernesto Álvarez presidente del consejo de ministros sin dar declaraciones a la prensa. Por su parte, Tomás Gálvez Fiscal general de la nación, reconoció los excesos de ambas partes y confirmó la investigación por parte de la fiscalía de derechos humanos para esclarecer los móviles del homicidio del joven reconocido como artista del rap.

Mientras tanto, un grupo de congresistas busca una moción de censura a través de la recolección de firmas para impedir las actuaciones de la mesa directiva del parlamento, porque consideran que "la permanencia de la actual mesa directiva en sus cargos, constituye un grave riesgo para la estabilidad democrática del país".