Monseñor Reig subraya que la UCAM está bajo su jurisdicción

Cuenta M. Buitrago en La Verdad que la Universidad Católica de Murcia (UCAM) está bajo la jurisdicción del obispo Juan Antonio Reig Pla, sus estatutos actuales -aprobados por el Gobierno regional- «carecen de toda legitimidad», y los profesores y el personal no docente han sido «arrastrados a posturas de descomunión».

Con estos argumentos, el Obispado de Cartagena contestó ayer tarde al comunicado del Consejo de Gobierno y del Claustro de Directores de la UCAM, que expuso que Reig Pla no tiene ningún cargo ejecutivo ni decisorio sobre la institución universitaria, a la vez que le hace responsable de no haber permitido la asistencia de otros prelados al acto de inauguración del curso académico.

En su segundo comunicado oficial -tantos como ha emitido la UCAM- el obispo señala que «no existe litigio alguno entre personas», sino «discrepancias jurídicas» que le obligan en conciencia a «defender a la Diócesis y a la UCAM frente a la postura adoptada por la entidad civil Fundación Universitaria San Antonio», que preside José Luis Mendoza.

Considera que la UCAM tiene personalidad jurídica canónica y que por lo tanto no puede quedar fuera de la jurisdicción del obispo. Esta misma jurisdicción confiere autonomía plena al Obispado. Según señala la nota «ningún otro cardenal, arzobispo u obispo de España tiene jurisdicción sobre la Diócesis de Cartagena ni sobre la Universidad Católica».

Reig Pla subraya este punto para explicar la no asistencia del resto de prelados al acto académico, cuya suspensión ha dado origen al conflicto de estos días. Dice el obispo que el nuncio y el arzobispo metropolitano tienen el privilegio de oficiar ceremonias litúrgicas en la Diócesis, pero apunta que «es inveterada cortesía consultar y atender al obispo diocesano». Con estas palabras se puede deducir que el obispo no fue consultado de la invitación, aunque fuentes de la Fundación San Antonio sostienen que el acto estaba programado desde hace un mes, incluido el reparto de papeles, y que todos habían confirmado su asistencia, como viene ocurriendo en todas las aperturas de curso de la UCAM que se han desarrollado sin problemas.

Avisa de acciones

Respecto de los estatutos, que confieren la titularidad de la Universidad Católica a la Fundación San Antonio que preside José Luis Mendoza, tal como aprobó en mayo el Gobierno regional, el comunicado del obispo mostró ayer su total discrepancia. Indica que la titularidad corresponde a la Diócesis, y que los únicos estatutos vigentes son los que sancionó en el año 1998 su predecesor Javier Azagra.

A partir de ahí, sostiene que los nuevos estatutos «aprobados civilmente el 13 de noviembre de 2007 fueron y permanecen reprobados canónicamente y, por lo tanto, carecen de toda legitimidad. Todos los actos realizados por los gestores de la Universidad Católica contrarios a los estatutos de 1998 son ilícitos e inválidos». Recuerda a renglón seguido que están recurridos ante el TSJ por otras instancias, como el PSRM-PSOE, como publicó ayer La Verdad.

Reig Pla añade que las prerrogativas que tenía la Diócesis de Cartagena sobre la UCAM fueron suprimidas en el año 2003, y en particular «la necesidad de la sanción episcopal» para poder modificar los estatutos.
El obispo no ha dejado nada en el tintero, puesto que también alude a la carta del secretario de Estado del Vaticano, cardenal Bertone, que dio la razón a José Luis Mendoza en el litigio sobre la titularidad de la UCAM.

Manifiesta Reig Pla que dicha carta -en concreto la que remitió Bertone el pasado mes de abril- «se basa en una mente o voluntad circunstancial, y fue redactada a la vista de un conjunto de documentos que le fueron proporcionados por la Fundación Universitaria San Antonio, sin refrendo alguno ni validación por este Obispado». Reig Pla revela que ha realizado «una ardua investigación», cuyos resultados han sido expuestos personalmente al cardenal Bertone y a otras instancias del Vaticano, por lo que está a la espera «de las indicaciones de la Santa Sede».

Esto no es óbice para poner «en marcha las acciones pertinentes para hacer cumplir las leyes de la Iglesia», concluye la nota.
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