(RD/Agencias).-El obispo de Lleida pedirá a la Generalitat que dé vía libre administrativa para entregar a Aragón los conocidos como 'bienes de la Franja', 113 obras de arte que están en el Museo Diocesano de Lleida y que, según sentencia firme de la jurisdicción eclesiástica, deben ser devueltas a sus legítimos propietarios, las parroquias de la Diócesis oscense de Barbastro-Monzón. La jurisdicción eclesiástica se ha agotado tras diez años de litigio y después de que el Tribunal de la Rota haya desestimado el último recurso interpuesto por el Obispado ilerdense.

Previamente, el Tribunal de la Signatura Apostólica emitió sentencia y desestimó recursos. Y la Congregación de los Obispos, en septiembre de 2005, decretó la devolución de los bienes. El último intento de Lleida fue el Tribunal de la Rota, pero ha fallado en contra de las pretensiones ilerdenses.

El Gobierno aragonés se ha mantenido hasta ahora al margen del litigio y -mirando hacia la Generalitat- ha abogado por que las instituciones civiles hicieran lo mismo. Insistía, y ahora vuelve a hacerlo tras agotarse el proceso judicial, que era un conflicto entre dos diócesis y que, en cumplimiento del Concordato entre España y la Santa Sede, las sentencias eclesiásticas en un contencioso de esta naturaleza tienen plena validez en el sistema jurídico español.

Pero cabe que la Generalitat ponga frenos a la devolución de esas obras de arte, porque en el transcurso del litigio entre las dos diócesis, el Gobierno catalán catalogó esas 113 piezas como parte del patrimonio cultural catalán.

Salvo cambios de última hora, fuentes del Gobierno aragonés informaron que todo apunta a que serán convocados para la próxima semana en Roma el obispo de Barbastro, Alfonso Milián, y el obispo-administrador apostólico de Lleida, Javier Salinas. Serán convocados para que se cumpla la sentencia. A partir de ahí, la Diócesis leridana comunicará a la Generalitat la entrega de las piezas, para que dé vía libre administrativa.

Si la Generalitat impide dicha entrega a Barbastro-Monzón, el Gobierno aragonés emprenderá acciones legales, según informaron las mismas fuentes. Precisaron que será entonces cuando podrá intervenir la Administración aragonesa, porque en ese momento habrá un acto administrativo recurrible, en tanto que la Generalitat se verá obligada a pronunciarse de modo oficial y reglado ante la petición del Obispado. Si dicho pronunciamiento no va en consonancia con el cumplimiento de la sentencia eclesiástica, se recurrirá contra la Generalitat.

Este es el escenario posible con el que cuenta el Ejecutivo aragonés. Mientras tanto, en el plano de las declaraciones políticas, el presidente de Aragón, el socialista Marcelino Iglesias, reclamaba que las autoridades civiles se limiten a favorecer el cumplimiento de la sentencia eclesiástica.