El encuentro de familias cristianas celebrado ayer en Madrid confirmó la capacidad de convocatoria de la Iglesia española: la cita congregó a cientos de miles de personas. Ese éxito tiene nombres y apellidos. Uno es el de Rouco Varela y no podía llegarle en mejor momento. El arzobispo de Madrid está sopesando las posibilidades de presentar su candidatura a la presidencia de la Conferencia Episcopal el próximo mes de marzo.

Suyo es el mérito de haber logrado que el Papa interviniese en directo desde el Vaticano a través de videoconferencia, algo que no se había realizado antes en ningún otro país. También consiguió que le acompañaran en la jornada más de 40 obispos. Quienes con él salen reforzados tras el encuentro de ayer son los movimientos eclesiales más conservadores. De hecho, la idea de hacer un acto multitudinario en defensa de la familia tradicional partió del Camino Neocatecumenal. Junto a los numerosos seguidores de esta organización, estuvieron en Madrid los de la decena de movimientos católicos implantados en nuestro país, desde Renovación Carismática a los Legionarios de Cristo, y también el Opus Dei.

Pero la jornada también puso en evidencia los problemas de división de la Iglesia española: la presencia de obispos vascos y catalanes fue prácticamente nula. Y no deja de ser contradictorio el dato de que, pese a la magnitud del acontecimiento y a la filiación cristiana de una gran parte de la población española, que podría estar interesada en el evento, ninguna cadena de televisión lo retransmitió en su integridad, a excepción de Popular TV, una modesta emisora de la Iglesia. Tanto La 2 como Telemadrid deberían haberlo hecho.

Aunque, a pie de calle, la jornada tuvo un carácter más litúrgico y festivo que reivindicativo, con insignificante participación de políticos -que en cualquier caso acudieron a la cita a modo personal-, los tres cardenales que intervinieron en el estrado sí incluyeron en sus sermones críticas directas a algunas de las leyes aprobadas por el Gobierno de Zapatero.

Rouco Varela, Antonio Cañizares y Agustín García-Gasco -éste, un tanto exageradamente-, arremetieron contra la legalización del matrimonio de personas del mismo sexo, contra la ley que agiliza los divorcios y contra la norma que, a través de la asignatura de Educación para la Ciudadanía, «quiere arrebatar a los padres su derecho a educar a los hijos según sus propias convicciones». Denunciaron «el laicismo radical» y también mostraron su preocupación ante el hecho de que haya partidos que no descartan ampliar la despenalización del aborto, lo cual podría desembocar en un futuro en un cambio en la legislación.

De esta manera, los discursos pusieron de manifiesto que junto a las circunstancias genéricas que preocupan a la Iglesia (como el retroceso de valores tradicionales frente al laicismo, el materialismo o el hedonismo), hay querellas pendientes también con iniciativas específicas que ha impulsado el Gobierno en la legislatura que ahora concluye. Pero claro, esas iniciativas competen tanto a los millones de católicos como a los millones que no lo son.

Editorial de El Mundo

Pedir, no imponer

La Iglesia española ha salido a la calle una vez más para reivindicar su concepción de la familia. Cientos de miles de personas, llegadas de todo el país en autocares y trenes fletados para la ocasión, han participado junto a ella en un "acto por la familia cristiana" promovido por los sectores más conservadores de la institución: los afines al arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, y los emergentes movimientos neocatecumenales.

Es innegable que la Iglesia tiene el mismo derecho que cualquier otro colectivo que no vulnere los principios democráticos a manifestar en la calle su visión del mundo, pero debe empezar a asumir que su derecho se acaba justo ahí: puede reivindicar, pero no imponer. Y es que, pese a que Rouco había asegurado que el acto de ayer no tendría contenido político, los discursos de algunos de los obispos participantes dejaron claro que con tamaña muestra de fuerza, la Iglesia pretende recordar que no ceja en su pulso con el Gobierno socialista para lograr la abolición de las leyes que no se adaptan a su ideario. Leyes aprobadas por un Parlamento elegido democráticamente.

En estos días convulsos para el clero --tras las declaraciones de Martínez Sistach sobre Els pastorets de Polònia o el obispo de Tenerife sobre la pederastia--, oír al cardenal García-Gasco decir que "nos dirigimos a la disolución de la democracia" por culpa de la aprobación del matrimonio gay, o al propio Rouco asegurar que este supone "una marcha atrás en los derechos humanos" no parece lo más adecuado para reconciliar a la Iglesia con la gran mayoría de la sociedad. Con semejante tremendismo probablemente enardecerán a los convencidos, pero se alejarán un poco más del resto.


Editorial de El Periódico



Obispos en campaña

Las decenas de miles de personas que respondieron ayer a la convocatoria del Arzobispado de Madrid en defensa de la familia cristiana recibieron los mensajes que ya se han convertido en una obsesión para la jerarquía católica española. En opinión de los representantes del episcopado que intervinieron en la plaza de Colón, el Gobierno socialista trabaja para destruir la familia, mediante leyes como la que regula el matrimonio entre homosexuales, el divorcio exprés, la Educación para la Ciudadanía o el aborto. Consideran que tales leyes son inicuas y, según el cardenal de Madrid, Rouco Varela, "una marcha atrás en los derechos humanos" y, por supuesto, niegan que exista otra familia que la heterosexual.

Todas las obsesiones generan una atmósfera malsana, porque excluyen la reflexión y la autocrítica. A pesar de las graníticas acusaciones lanzadas ayer por los oradores episcopales, las leyes sobre el divorcio, el matrimonio homosexual o el aborto responden a la necesidad de regular situaciones que se producen en una sociedad abierta y democrática. La insistencia en que sólo existe un tipo de familia reconocible y defendible es un comportamiento teocrático y que demuestra bien poco respeto a la independencia del poder civil o laico frente a las férreas posiciones de una confesión religiosa, muy respetables siempre que no traten de imponerse a todos.

Los obispos convocantes orientarían mejor sus esfuerzos si en lugar de cultivar la manía persecutoria analizasen las causas por las que su discurso religioso tiene cada vez menos crédito. Nadie ataca a la familia en España, y su crisis, de existir, se debería a la estrechez de miras con que sus defensores se han empeñado en negar que la sociedad acepta otras formas de convivencia basadas en principios de afectividad y respeto que la propia Iglesia dice defender. Mal Gobierno sería el que asfixiara esas otras expresiones de convivencia.

El encuentro de ayer tuvo las características de un acto político. La obsesión persecutoria, la repetición de mensajes poco articulados, como el de que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad o la ofuscada acusación al Gobierno de todos los males que aquejan a la Iglesia, confirman que fue un mitin electoral encubierto.

Resulta chocante tanta contumacia contra un Gobierno, el de Zapatero, que ha adoptado medidas que tienen un impacto directo en la protección de la familia, cuando no en su fomento. Algunas, como la Ley de Dependencia o la iniciativa para universalizar la educación de 0 a 3 años, afectan de forma positiva en el bienestar de los hogares. El exabrupto del cardenal de Valencia, García-Gasco, de que el laicismo conduce a la disolución de la democracia ratifica la criticable calidad política de la convocatoria. Al contrario, la democracia se disuelve cuando quienes deben respetarla, como los obispos, irrumpen sin miramientos en tareas que no les corresponden.

Editorial El Pais