A los obispos españoles no les falta ocasión ni ámbitos institucionales para exponer al Gobierno sus demandas y opiniones en los asuntos que tienen que ver con "las relaciones de cooperación" que el Estado debe mantener con la Iglesia católica y demás confesiones religiosas según la Constitución. Las comisiones mixtas Iglesia-Estado responden a ese objetivo. Más discutible es que esos asuntos tengan que solventarse en la calle, poniéndose al frente de manifestaciones o avalando las que algunos grupos convocan contra determinadas políticas sociales y educativas.

Lo que es exigible es que los hechos por los que se movilizan sean ciertos y no falsas apreciaciones, como lo es que la Ley Orgánica de Educación (LOE), en trámite parlamentario, sea un ataque a la enseñanza de la religión católica en la escuela pública. Sin embargo, esa suposición, presentada como un atentado a un derecho fundamental, está detrás de las manifestaciones anunciadas para el mes próximo por la Confederación Católica de Padres de Alumnos contra la reforma educativa del Gobierno y que los obispos apoyan.

El hecho cierto es que la enseñanza de la religión católica en la escuela pública no cambia y que se impartirá como siempre desde los tiempos de los Gobiernos de UCD, los del PSOE y también los del PP, según un sistema que, con algunos retoques del Tribunal Supremo, ha sido considerado compatible con el carácter no confesional del Estado: una materia de oferta obligatoria para los centros y voluntaria para los alumnos. Quienes quieran estudiar religión católica podrán hacerlo, y los que no lo hagan tendrán la opción de asistir a escuelas talleres, realizar actividades de ocio o dedicarse al estudio. Se respeta, pues, el derecho de todos, y explícitamente el de los padres a que sus hijos reciban una educación religiosa y moral acorde con sus convicciones.

Lo que ha quedado en papel mojado son los cambios que introdujo en la enseñanza religiosa la Ley de Calidad aprobada en el último tramo de la anterior legislatura y que no llegaron a ponerse en práctica: dos asignaturas, Religión Católica y Hecho Religioso, de fuerte contenido doctrinal, que los alumnos estaban obligados a elegir y que tenían un peso similar a las matemáticas o la lengua a efectos de repetición de curso y nota media. Cambios dudosamente compatibles con un Estado aconfesional, que exceden del derecho de los padres a la educación religiosa de sus hijos en la escuela pública y que la actual mayoría parlamentaria considera rupturistas con el delicado pacto constitucional mantenido hasta ahora en la materia. Editorial de El Pais.