Se citan para una reunión el 10 de junio, mientras el PP se mantiene al margen PSOE y obispos acercan posturas sobre la regularización extraordinaria de migrantes

“Estaríamos encantados de vernos, si es posible, el próximo 10 de junio, a las 18 horas, en el Congreso de los Diputados”. Así reza la carta enviada esta misma semana por la secretaria general del grupo socialista en el Congreso, Montserrat Mínguez, en respuesta a una misiva enviada por el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, hace ya unos meses, para debatir acerca de la toma en consideración de la ILP para la regularización extraordinaria de inmigrantes.

Tal y como avanza Julio Núñez en El País y ha podido confirmar RD, el presidente de los obispos envió un escrito similar a todas las fuerzas políticas, para tratar de sumar apoyos a la tramitación en el Congreso de esta iniciativa legislativa popular, la más avalada de la historia, que pretende regularizar a más de medio millón de migrantes residentes en España.

Hasta el momento, sólo los socialistas, en un curioso giro de timón (en principio no parecían dispuestos a avalar la propuesta, aunque ahora sí), han respondido a la misiva de Argüello, quien está dispuesto a encontrarse con los responsables del PSOE en el Congreso. Con todo, la iniciativa tiene complicado salir a flote, toda vez que el PP ha hecho de la cuestión migratoria uno de los ejes de su nueva política, compitiendo con VOX para ver quién es más duro contra la inmigración ilegal. En este punto, además, no parece que el Gobierno vaya a contar con el apoyo de Junts per Catalunya.

En sectores episcopales sí sorprende la falta de respuesta del PP, con quienes se habían estrechado los lazos en los últimos tiempos, especialmente después de la deriva sectaria (supuestamente católica) de la ultraderecha. Sin embargo, la pugna por acaparar cierto nicho de voto con VOX ha llevado a los populares a endurecer su política migratoria, haciendo de ella un arma de confrontación con el Gobierno. Nada que ver con la petición que hizo Argüello a las fuerzas políticas en marzo, en las que les instó a un acuerdo que calificó de "regeneración democrática". 

¿A quién afectaría esta regulación? "Quienes no cumplan el requisito de dos años de permanencia o personas que no puedan demostrar fehacientemente su estancia durante ese periodo; las personas indocumentadas sin posibilidad de recibir documentos de su país de origen; las personas con difícil empleabilidad por edad, discapacidad o enfermedad crónica; quienes estando en posibilidad de trabajar no pueden aceptar una propuesta de empleo por no estar ‘regularizados’ ni pueden ‘regularizarse’ por no aportar un contrato laboral; los solicitantes de protección internacional, a quienes se deniega su solicitud; y las familias con niños y adolescentes que estén en situación de irregularidad administrativa", afirmaba el presidente de la CEE en su carta que, por el momento, sólo ha obtenido respuesta por parte del PSOE.