El polémico 'Para dar luz' ofreció datos personales de 45 supervivientes de la pederastia Protección de Datos archiva la denuncia contra los obispos por el filtrado de información de las víctimas de abusos

No habrá castigo para los filtradores. Al menos, eso es lo que ha determinado la Agencia Española de Protección de Datos, que ha cerrado el falso la investigación que abrió de oficio contra la Conferencia Episcopal por divulgar a finales de 2023 (en el polémico informe 'Para dar luz', un pastiche de la escondida auditoría encargada al bufete Cremades&Calvo Sotelo) los datos personales de 45 víctimas de abusos. 

Tal y como ha adelantado El País, este sábado, la AEPD dictaminó que "la CEE detectó la producción de la brecha de datos personales y adoptó con gran celeridad las medidas reactivas precisas, garantizando la retirada de la información expuesta, corrigiendo la citada brecha de datos personales” y que “no procede la imposición de una medida correctiva”.

La decisión supone una auténtica sorpresa, toda vez que muchas de las razones que aporta Protección de Datos para abandonar la investigación son, directamente falsas. Así, el documento sostiene que la Conferencia Episcopal actuó “por iniciativa propia, muchos meses antes de que se presentara ante la AEPD denuncia o reclamación alguna”. Sin embargo, lo cierto es que los obispos retiraron la información de su web después de que Cremades les advirtiera. Además, no lo hicieron bien, pues el rastro de los datos se pudo seguir, al menos, hasta mayo.

Ambas instituciones se echaron mutuamente las culpas del error, del que ahora, si nadie lo remedia, no tendrán que responder. En cuanto al 'Para dar luz', ha corrido la misma suerte que la auditoría de Cremades, y ha pasado a ser un documento de consulta interna, en un nuevo paso atrás en la transparencia prometida por los obispos a las víctimas.

En todo caso, lo que resulta extraño es que sea Protección de Datos la que acabe ahora con la investigación, toda vez que el pasado mes de agosto tuvo lugar un acto de conciliación al que estaban llamados el representante de las víctimas, el abogado Luis Felipe Gómez Ferrero, el despacho de Cremades y la Conferencia Episcopal. Los obispos fueron los únicos que no se presentaron.

La filtración de datos, investigada por la Agencia de Protección de Datos, y que podría haber supuesto sanciones que van desde los 300.000 euros a los 20 millones, fue llevada en su día a los tribunales, aunque se desestimó la parte penal, que implicaba, entre otros, tanto al bufete de abogados como a tres miembros de la CEE: el gerente, Fernando Giménez Barriocanal; el jefe de prensa (y responsable de Para dar luz, Josetxo Vera); y Alfredo Dagnino, actual director de Compliance de la Casa de la Iglesia, y que formó parte del equipo de investigación de Cremades hasta que fue despedido de la firma. Tras ello, se activó la parte civil, que ahora, tras el cierre en falso de la investigación, queda en el limbo. Las víctimas, con todo, tienen pensado recurrir este archivo.