Editorial Desde la fe / SIAME. 29 de enero.- El 21 de diciembre pasado se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos Generales sobre la Defensa de las Audiencias a través de un Acuerdo del Instituto Federal de Telecomunicaciones a fin de poner a disposición general en documento para referenciar los derechos de las audiencias contenidos en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, producto de las reformas estructurales cuyos objetivos principales fueron la democratización de los medios de comunicación, promover el acceso a la cultura, la educación, la salud y el ejercicio pleno de los derechos humanos.

La reforma en telecomunicaciones quiso incentivar la competitividad y poner a México a la vanguardia del sector; se creó el al Instituto Federal de Telecomunicaciones como órgano autónomo con las facultades para facilitar a usuarios e interesados la explotación, de forma justa y eficiente, del espectro radioeléctrico propiedad de la nación. En esto también se contempla el respeto irrestricto de los derechos humanos para que, como afirman los Tratados internacionales de los que México es parte y que son ley para nuestro país, se garantice el derecho de las audiencias para que nadie sea molestado a causa de sus opiniones; investigar y recibir informaciones y difundirlas sin limitación por cualquier medio de expresión.

No obstante lo anterior, esta reforma estructural ha suscitado dudas en lo que parecen ser un ataque a la libertad de expresión, no sólo por la forma en la que se ofreció a los mexicanos usuarios en donde se prometió “bajar precios”; sin embargo, los objetivos de “democratización” parecen haber quedado sólo en buenos propósitos.

Y es que el Acuerdo del 21 de diciembre parece abrir más desacuerdos que consensos en cuanto a los derechos de las audiencias en relación a la libertad de expresión y el derecho a la información. De su lectura, y según la opinión de especialistas en materia de telecomunicaciones, los lineamientos son inequitativos cuando no se dan medios legales de defensa convirtiendo un acuerdo administrativo en instrumento de acoso y presión para los informadores y medios. El resultado es un Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) con facultades extralegales y cuasinquisitoriales obligando a distinguir entre opinión e información lo que deriva en fiscalizaciones informativas que coartan la libertad de expresión reconocida en nuestra Constitución.

A lo anterior se suma cómo el IFT se arroba en facultades más intromisivas que de regulación adecuada y justa de los medios de comunicación cuando obligará a la identificación de los bloque de publicidad, logotipos, marcas y nombres comerciales, además de la aprobación de los defensores de las audiencias y de investigaciones contra programas y contenidos motivadas por cualquier denuncia anónima.

El espíritu de las reformas quiso centrarse en mayores beneficios para los mexicanos a fin de diversificar el mercado en telecomunicaciones; sin embargo, de forma principal, las audiencias deben tener la adecuada protección de sus derechos a través de la legalidad, certidumbre y eficacia. México vive momentos muy difíciles debido a la implementación de reformas que trastocan la sensibilidad social por no haber tenido la visión de futuro y sin ponderación alguna de las consecuencias que impactan, sobre todo, a los más desposeídos.

Ahora se ve un fruto amargo de la reforma en telecomunicaciones y México afronta otra encrucijada en cuanto a los resultados de la misma. Bien vale recordar por qué el espectro radioeléctrico es propiedad de la nación y, por lo tanto, de todos los mexicanos porque la libertad de expresión no debería estar subordinada al protagonismo indiscriminado de un Instituto en manos de quienes se valen de argucias extralegales para manipular derechos y conciencias. “¿No se debería, más bien, hacer todo lo posible para que permanezcan al servicio de la persona y del bien común y favorezcan «la formación ética del hombre, el crecimiento del hombre interior?”(Benedicto XVI. XLII Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. 4 de mayo de 2008).