Exigen más información y agilidad en el desarrollo del proceso Las víctimas del Sodalicio celebran su disolución, pero lamentan la lentitud de la justicia

Víctimas del Sodalicio, entre ellas, los campesinos
Víctimas del Sodalicio, entre ellas, los campesinos RRSS

Tres meses después de la supresión formal de todas las ramas del Sodalicio, con sede en Perú, las víctimas celebran algunas victorias significativas, aunque también lamentan la lentitud de la justicia eclesial y la falta de comunicación institucional sobre el caso

“Es fundamental informar lo máximo posible sobre el proceso, los responsables, así como las acciones, plazos y procedimientos para lograr la atención que tanto el papa Francisco como su sucesor León XIV han prometido”, señalaron

(Crux).- El Sodalitium Christianae Vitae (SCV), un grupo laico con sede en Perú fundado por el laico Luis Fernando Figari y que consta de una rama de hombres consagrados, dos ramas de mujeres consagradas y un movimiento eclesial, fue suprimido por el Papa Francisco a principios de este año, poco antes de su muerte.

Francisco tomó la rara decisión de suprimir a toda la familia espiritual después de iniciar una investigación en profundidad en julio de 2023, dirigida por sus principales investigadores, el arzobispo maltés Charles Scicluna y el monseñor español Jordi Bertomeu, ambos funcionarios del Dicasterio para la Doctrina de la Fe del Vaticano.

Boletín gratuito de Religión Digital
QUIERO SUSCRIBIRME

Entre la serie de abusos descubiertos en cada una de las ramas estaban el abuso físico, psicológico, espiritual e incluso sexual de los miembros, incluidos algunos que fueron abusados cuando eran menores.

Varios miembros de alto rango también han sido acusados de delitos financieros y corrupción, así como de tráfico de tierras y de persecución a un grupo de campesinos de Catacaos, Piura, por parte de empresas propiedad de o administradas por miembros del SCV, quienes fueron acusadas de intentar expulsar a los campesinos de sus tierras mediante intimidación y acoso judicial.

Acusaciones inventadas contra campesinos

La comunidad agrícola de Catacaos lleva más de una década luchando contra lo que, según ellos, han sido intentos incansables por parte de múltiples empresas de SCV de expulsarlos de sus tierras, ya sea con acusaciones inventadas de terrorismo y usurpación o, en ocasiones, con el uso de la violencia.

Marcelino Ynga con Jordi Bertomeu y otros miembros de la comunidad de Catacaos
Marcelino Ynga con Jordi Bertomeu y otros miembros de la comunidad de Catacaos RD

Los miembros de la comunidad afirman que han enfrentado al menos 30 a 40 denuncias penales falsas de un puñado de empresas de SCV a lo largo de los años y han sido representados y apoyados legalmente por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) en Perú.

El miércoles 16 de junio, la comunidad de Catacaos, experimentó una importante victoria en su caso, cuando el Cuarto Juzgado Penal de Piura los absolvió de las acusaciones de usurpación de tierras por parte de la empresa Constructora Keheda, vinculada al SCV.

Despojarlos de sus tierras

Según la CNDDHH, la acusación se remonta a 2015, cuando la empresa pretendió despojar a los campesinos de Catacaos de sus tierras comunales ancestrales falsificando supuestamente actas de adquisición de tierras comunales, presentándolas en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) y luego vendiéndoles las tierras a empresas con fines de lucro que buscaban desarrollarlas con fines agroexportadores.

Sin embargo, el tribunal en su fallo reconoció que la comunidad campesina de Catacaos poseía títulos de propiedad que databan de la década de 1980 y que los testigos presentados por Constructora Keheda habían proporcionado testimonios indirectos y sin fundamento.

La comunidad agrícola ha afirmado que todas las tierras de la zona de Catacaos pertenecen a sus antepasados que datan de hace unos 400 años y que, por lo tanto, cualquier transferencia de propiedad debe ser aprobada por la mayoría de una asamblea.

Entre otras cosas, los agricultores afirmaron que han estado perdiendo tierras durante años y que cuando han intentado recuperar el control se han encontrado con violencia, incluidos disparos, y una mujer afirmó que su marido fue asesinado por una banda criminal contratada por una empresa dirigida por SCV, o han sido acusados penalmente con falsas acusaciones de terrorismo, usurpación e invasión de propiedad privada.

"Precedente contra la criminalización"

En un comunicado, la CNDDHH calificó el fallo del tribunal en el caso como “un precedente contra la criminalización que promueven las empresas que buscan despojar a las comunidades campesinas de sus tierras”. “Es una victoria para todos los que defienden su territorio contra los abusos”, dijeron.

Sin embargo, mientras los agricultores de Catacaos están celebrando un hito significativo y quizás indicativo en su caso, exmiembros de las ramas del SCV expresaron su frustración por el lento progreso en sus propios casos, así como por la falta de comunicación de las estructuras e individuos eclesiales.

El 16 de julio, la Asociación para la Verdad, la Justicia y las Reparaciones Justas (AVJR), que consiste de exmiembros de las cuatro ramas de la familia SCV, emitió una declaración lamentando el lento progreso del proceso de liquidación de SCV e instando al Papa León XIV a asegurar que las reparaciones sean rápidas.

“Nuestra Asociación considera necesario informar al público, en el marco de nuestro trabajo de representación de víctimas, sobrevivientes y otras personas comprometidas con nuestra misión, sobre el estado actual de nuestra coordinación con las autoridades de la Iglesia”, señalaron en el comunicado.

Los miembros señalaron que muchos de ellos habían presentado quejas a dos comisiones separadas dirigidas por el SCV que investigaron denuncias de abuso en 2016 y 2017, así como a la Misión Especial de 2023 enviada por el Papa Francisco, compuesta por Scicluna y Bertomeu.

Insistieron en su independencia de cualquier entidad eclesial, política o civil, y reiteraron su compromiso de transmitir la verdad y buscar justicia y una reparación justa para las víctimas de las cuatro ramas de la familia reprimida del SCV.

El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, con campesinos de Catacaos
El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, con campesinos de Catacaos RRSS

Los miembros de la asociación dijeron que han enviado varias comunicaciones a varias personas y entidades dentro de la Iglesia, incluido el Papa Francisco, el Dicasterio para los Religiosos y a Bertomeu en su calidad de comisionado papal que supervisa la liquidación de la familia SCV después de su supresión. En cada caso, dijeron, pidieron “que se nos informe sobre el proceso de atención a las víctimas, el cierre del proceso y que coordinemos acciones con la Iglesia Católica”. “Lamentablemente, hasta el momento no hemos recibido respuesta de ninguna de las autoridades antes mencionadas”, señalaron.

Reconocieron las complejidades de organizar y llevar adelante casos como el suyo en el contexto de la transición papal, tras la muerte del Papa Francisco y la elección del Papa León XIV. Sin embargo, los miembros dijeron que también deseaban transmitir “con profundo respeto que muchas personas han sufrido daños y diversas revictimizaciones, y que una de las experiencias más graves y dolorosas es la de ser invisibilizadas y no escuchadas”. “Muchos de ellos vienen a nosotros y nos preguntan qué pasos se deben dar y qué falta en este proceso”, señalaron.

La asociación afirmó que la supresión de la familia SCV fue justa y sirve como un ejemplo importante para la Iglesia, pero lamentó que “en la práctica, no demuestra ser una contribución significativa para sanar el daño causado”.

“Es fundamental informar lo máximo posible sobre el proceso, los responsables, así como las acciones, plazos y procedimientos para lograr la atención que tanto el papa Francisco como su sucesor León XIV han prometido”, señalaron.

Etiquetas

Volver arriba