A algunos se les ha olvidado, por inacción política y porque ningún Gobierno de España se lo ha tomado en serio, que el Ministerio de Asuntos Exteriores puede fijar directrices para que las comunidades autónomas, ayuntamientos y otros actores que participan de la acción exterior del Estado, como Cataluña, no perturben ni perjudiquen la política exterior nacional. 

No lo digo yo, lo dice, desde hace más de 20 años, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que recuerda que el Gobierno de España dirige la política exterior y tiene la competencia exclusiva en relaciones internacionales. Por tanto, le compete a Exteriores fijar las estrategias y directrices para que ningún actor perturbe a España en el ámbito internacional. Posteriormente, en la Ley de Acción Exterior se recoge igualmente esta realidad y ¡oh! ¡Gran sorpresa! Hasta el propio conseller de Acción Exterior de Cataluña nos reconoció por escrito en el Parlament esta realidad:

"corresponde al Ministerio de Exteriores emitir informes sobre «las directrices, finalidades y objetivos de la Política Exterior, Estrategia de Acción Exterior y, en particular, con el principio de unidad de acción en el exterior».

¿Cómo es que no se ha hecho nada hasta entonces?

Ha llegado el momento de actuar en el terreno político. Tanto los ministerios de Exteriores de Rajoy como de Sánchez elaboraron sendos informes en los que reconocían que las actividades del gobierno catalán en el exterior perjudicaban la política nacional. Luego, si lo reconocen los propios gobiernos, es hora de poner en marcha qué directrices se pueden emitir desde Exteriores para que ni Cataluña, ni otras comunidades autónomas, perturben una óptima política exterior.

Pero ¿qué directrices consideramos fundamentales que asuma el Ministerio de Exteriores dados los graves acontecimientos del 6 y 7 de septiembre del 2017 en el Parlament, que culminaron con una declaración unilateral de independencia y que el presidente de Cataluña sigue diciendo «Ho tornarem a fer» (lo volveremos a hacer)?

Aquí van.

No poner a fugados o imputados de la justicia en representación de una delegación de una comunidad autónoma de España en el extranjero.

Publicar las agendas de las delegaciones, y de los delegados en el exterior, con respecto a sus contactos y reuniones.

No atacar a las instituciones democráticas de España.

No utilizar dinero público para dañar a España a nivel internacional.

Desde las delegaciones de las comunidades autónomas en el exterior transmitir las notas de prensa o equivalentes que se envíen desde Exteriores, como la nota que explicaba que el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos avaló las actuaciones del Tribunal Constitucional ante la gravedad de lo que ocurrió en septiembre y octubre del 2017 en el Parlamento catalán.

Está claro que el Gobierno de España no puede eludir por más tiempo su responsabilidad de controlar toda la acción exterior del Estado.

Quienes estamos en Cataluña, como diputados, representando a toda la ciudadanía catalana, tenemos claro que el Gobierno catalán no puede seguir negando información a la oposición, diciendo barbaridades a nivel internacional ni derrochando dinero para perjudicar a todos los españoles, también, por supuesto, a los catalanes.

Susana Beltrán García es Profesora en Universitat Autònoma de Barcelona y Diputada de Ciudadanos en el Parlamento catalán.

Fuente:El separatismo y la (in)acción exterior de Sánchez, La Voz de Galicia, 02/08/2019 05:00 H