El Partido Popular ha decidido sacar la artillería pesada en materia de inmigración para frenar la sangría de votos hacia Vox, y lo hace atacando de nuevo a los más débiles. La propuesta es clara: restringir el Ingreso Mínimo Vital (IMV) para inmigrantes, exigiendo que solo puedan acceder quienes hayan cotizado previamente y tengan permiso de residencia legal. Estar empadronado, según Feijóo, no basta. “Quien aporta, recibe”, repite con solemnidad, como si la pobreza fuese un pecado y los derechos sociales una recompensa reservada para unos pocos.

Se trata de un discurso que criminaliza la vulnerabilidad y alimenta un imaginario perverso en el que los inmigrantes viven de “paguitas” mientras los partidos que lo denuncian han mamado durante décadas de los chiringuitos públicos y de la política profesional. Recordemos las palabras de Jesús: “Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recogisteis” (Mateo 25:35). El PP hace exactamente lo contrario.

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No se trata de una idea improvisada. Feijóo ya dio muestras de este camino en Galicia, con la gestión de la RISGA (Renta de Integración Social de Galicia). Allí, bajo su mandato, se impusieron restricciones que terminaron dejando en la cuneta a miles de personas. La RISGA, que debía ser un salvavidas, se convirtió en una herramienta de humillación. Muchas familias vulnerables vieron condicionada su ayuda a que otros parientes directos pudieran hacerse cargo de ellas. Es decir, el Estado se lavaba las manos y empujaba a los más pobres a depender de la caridad de sus hermanos, de sus padres, de cualquier familiar dispuesto a sacrificarse.

¿Resultado? Gente sin nada, supeditada a la voluntad ajena, obligada a mendigar dentro de su propio hogar. Los trabajadores sociales pusieron el grito en el cielo: aquello no era un programa de integración, era un mecanismo de control y sometimiento. Se castigaba a los pobres por ser pobres y se les imponía la humillación de ser mantenidos por otros en lugar de garantizarles derechos propios. El Evangelio lo dice claro: “El obrero es digno de su salario” (Lucas 10:7). Lo que aplicó Feijóo fue lo contrario: negar lo básico a quien más lo necesitaba.

Hoy Feijóo repite la misma receta con el IMV. El argumento del “efecto llamada” es un espantajo, una mentira repetida hasta la saciedad. No existe prueba alguna de que las ayudas sociales atraigan inmigración irregular. Quienes migran lo hacen por hambre, por guerra, por persecución o porque las políticas neoliberales han destrozado sus países. Pero el PP, en su desesperación por no perder el electorado que se va a Vox, compra la retórica de Abascal de las “paguitas” y la viste de tecnocracia. Lo que realmente proponen es exclusión deliberada: marcar con fuego quién merece vivir con dignidad y quién no.

La experiencia gallega es un aviso de lo que significa esta estrategia. Desde la llegada del IMV, la RISGA ha perdido casi un 40 % de perceptores. Miles de familias se quedaron fuera. Galicia redujo millones en gasto social porque la política no estaba pensada para proteger a la gente, sino para cuadrar cuentas a costa de los pobres. El mensaje era brutal: si tienes familia, que te mantengan; si no, te quedas en la calle. Eso es lo que ahora se pretende llevar a nivel nacional. No se trata de repartir recursos con justicia, sino de señalar a unos colectivos como parásitos sociales mientras se ahorra dinero con los más débiles. Como dijo Jesús: “No podéis servir a Dios y a las riquezas” (Mateo 6:24). El PP ha escogido con claridad a quién servir.

El colmo de la hipocresía es escuchar a dirigentes del PP y a Abascal hablar de “paguitas”. ¿De qué han vivido ellos, si no, toda su vida? Sueldos públicos, dietas, cargos, sobresueldos, favores, consejos de administración. Ellos sí que han convertido la política en un medio de vida perpetuo. Hablan de mérito y esfuerzo, pero jamás han conocido la incertidumbre de no saber si podrás pagar la luz o el alquiler. Hablan de aportar, pero jamás han trabajado fuera de la burbuja de los presupuestos del Estado. Y mientras, ponen el foco en el inmigrante pobre, en la madre sola, en el trabajador irregular, como si fueran culpables de todos los males. Es obsceno que quienes más han vivido de la teta pública sean los que más criminalizan a los pobres. Frente a este cinismo, resuena la voz del Evangelio: “Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el Reino de Dios” (Lucas 6:20).

Decir que “quien aporta, recibe” es una mentira peligrosa. ¿Qué aportó un niño con discapacidad severa para merecer una prestación? ¿Qué aporta una mujer víctima de violencia de género que huye de su hogar? ¿Qué aporta un inmigrante que limpia mesas en negro porque no le dejan regularizarse? La dignidad humana no se mide en cotizaciones a la Seguridad Social. Se mide en el reconocimiento de que nadie debe ser abandonado. Pero para el PP y Vox, la pobreza se convierte en culpa personal, en un castigo justo. Y esa visión no solo deshumaniza, sino que destruye cualquier noción de cohesión social.

El PP juega con fuego. Alimenta discursos de odio, profundiza desigualdades, convierte derechos en privilegios y humilla a quienes ya están en el suelo. Lo hizo en Galicia con la RISGA, obligando a los pobres a depender de la caridad familiar, y lo quiere hacer ahora con el IMV, marcando con un sello quién es digno y quién no. Es la política del látigo envuelta en papel de regalo. Dicen que es justicia, pero es clasismo. Dicen que es sentido común, pero es miedo. Dicen que es orden, pero es un ataque frontal a los derechos básicos. Como advirtió el Evangelio: “Con la vara con que medís, seréis medidos” (Mateo 7:2). Hoy Feijóo mide con desprecio a los pobres, y mañana ese desprecio puede volverse contra todos.

En un país que se precie de democrático, las ayudas sociales no son dádivas, no son premios, no son favores. Son derechos. Negarlos a quienes más lo necesitan es condenarles a la indigencia, a la marginación y a la humillación. Lo que propone el PP es una declaración de guerra contra los pobres. Y lo peor: lo hacen sabiendo exactamente a quién perjudican, con toda la intención de ganarse los aplausos de los que necesitan un chivo expiatorio. Así, los verdaderos parásitos —los que llevan décadas viviendo del erario sin aportar más que miseria política— se presentan como guardianes de la justicia social. Pero la realidad es que, mientras ellos predican esfuerzo, los vulnerables son los únicos que pagan el precio. Y ese precio es su dignidad. “Lo que hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis” (Mateo 25:40). El PP y Vox deberían recordar que despreciar al pobre no es política: es pecado.