La visita de los obispos españoles al Papa comienza a dar sus frutos. Tras la petición de Benedicto XVI –anunciada por esta bitácora- de prudencia e inteligencia en sus relaciones con el Gobierno de Zapatero, el Ejecutivo socialista ya se ha mostrado dispuesto a negociar con el Partido Popular y con las instituciones eclesiásticas posibles modificaciones de los aspectos más polémicos de Educación para la Ciudadanía, incluyendo el debate sobre los contenidos.

Durante una comparecencia pública, la secretaria de Estado de Educación, Eva Almunia, manifestó su intención de "dejar de lado la confrontación política en temas educativos, en eso le tiendo la mano al PP”. A su vez, y según ha podido saber El Barón Rampante, durante el almuerzo posterior a la recepción que el Papa hizo al Comité Ejecutivo del Episcopado, el embajador de España ante la Santa Sede, Francisco Vázquez, confirmó al cardenal Rouco Varela que el Ejecutivo socialista podría “aceptar cambios” en los contenidos más polémicos y, sobre todo, respetar tanto la autonomía de los centros como el deseo de los padres. Siempre y cuando, claro está, la asignatura continúa siendo obligatoria y sin alternativa. Al parecer, la respuesta del Episcopado ha sido positiva pero cauta.

La cuestión, como llevamos indicando desde hace tiempo en esta bitácora, no debería estar en si la materia es necesaria o no –nosotros creemos que sí-, sino en algunos contenidos, especialmente los referidos a una supuesta “moral pública”, que han llevado a la Iglesia y al PP a oponerse con rotundidad a Educación para la Ciudadanía. Toda la Iglesia –incluida la FERE- se han mostrado en contra de algunos de los contenidos, y la diferencia básica ha estado en que, mientras los colegios concertados han anunciado que cumplirán la ley, pero que lo harán siguiendo el ideario católico de sus colegios –con lo cual, no hay posibilidad de que esa moral estatal se cuele de rondón-, buena parte de los obispos han apoyado, sin ambages, la que en su opinión parece ser la única opción frente a la materia: la objeción de conciencia.

Sin embargo, y como viene demostrando FERE desde hace meses, la negociación se puede demostrar mucho más efectiva que la oposición por sistema. Desde el Vaticano, además, se ha solicitado a los obispos españoles un “perfil bajo” en esta y otras materias, a cambio de que el Gobierno también modere su ofensiva laicista y preste oídos sordos a demandas de otros grupos parlamentarios. Este mismo martes, por ejemplo, se debate en el Congreso una proposición no de ley para acabar con la presencia de los símbolos religiosos en los actos públicos. Una propuesta que no saldrá adelante, pero que podría incluirse –veremos cuál es el matiz- en la futura reforma de la Ley de Libertad Religiosa.

En este sentido, cabe resaltar las declaraciones de Francisco Vázquez este miércoles en Lugo, en las que confirmó la “clara voluntad de diálogo” entre Iglesia y el nuevo Ejecutivo español para la “superación de cualquier posible situación de conflicto, tanto por parte del Gobierno como por parte de la Iglesia, tal y como ha explicitado, muy claramente, el presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio Rouco”. En cuanto a Ciudadanía, expresó su confianza en la “voluntad” de “llegar a un entendimiento con la Iglesia”, siempre respetando “el ideario del centro”.

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