Las asociaciones hablan de cantidades "irrisorias" y piden al Gobierno que "cumpla nuestras expectativas" Los obispos han abonado 800.000 euros en indemnizaciones a 39 víctimas a través del plan PRIVA

Alrededor de 800.000 euros. Este es el cálculo aproximado de la cantidad que el plan PRIVA ha gastado en indemnizar a las 39 víctimas de abusos que cuentan con dictámenes definitivos de valoración por parte del organismos creado por la Conferencia Episcopal y al que se sumaron los religiosos para una "reparación integral" de los suprevivientes de la pederastia clerical.

Como informó la entidad en una nota de prensa esta semana, a lo largo de este año de trabajo se han recibido 89 peticiones de solicitudes de reparación integral (32 pertenecientes a abusos sucedidos en órganos diocesanos y 57 en congregaciones religiosas). Tres cuartas partes de ellos se iniciaron por iniciativa de las víctimas, y en casi todos los casos (al menos se han revelado dos excepciones) las indemnizaciones planteadas por el PRIVA fueron aceptadas por las víctimas, y abonadas por las instituciones responsables.

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No se ha dado ningún caso en el que los obispos o las congregaciones se hayan negado a indemnizar, una vez recibido el informe. Sin embargo, las indemnizaciones dejan mucho que desear. Según han informado a RD desde PRIVA, la horquilla de las reparaciones económicas van desde los 3.000 a los cien mil euros, aunque dichas cantidades no son significativas, pues solo se dio un caso de cada una de ellas. La máxima, pagada por la diócesis de Barcelona. 

Y es que, tal y como ha podido saber RD, una de cada cuatro reparaciones son superiores a los 50.000 euros, mientras que los demás casos estimados superan los 6.000 euros. Teniendo esto en cuenta, la cantidad entregada a las víctimas llegaría a los 800.000 euros. Una cifra considerable, pero muy lejos de las cantidades que se vienen abonando en otros países, y sobre todo una cantidad ínfima de indemnizados, comparados con las estimaciones llevadas a cabo por el informe del Defensor del Pueblo e, incluso, con los casos de abusos reconocidos por la propia Conferencia Episcopal.

Nada más conocerse el informe del plan PRIVA, los responsables de Infancia Robada lamentan que "cada vez que la Conferencia Episcopal abre la boca en los últimos tiempos, hace una ofensa más dentro de una larga lista". En su opinión, "la horquilla entre 3.000 y 100.000 euros nos parece ofensiva", y piden explicaciones. "¿Qué casos se merecen 3.000, cuáles 10.000, 15.000 o 25.000?".

"¿Bajo qué criterios piensan que una víctima de abusos sexuales en al infancia se puede ver reparada con una cantidad tan irrisoria?", se preguntan las víctimas, que acusa a la CEE de "ningunear e, incluso, negar la versimilitud de algunos de los caos que han ido tocando a su puerta".

"Condenamos la actitud de esta jerarquía de la Iglesia española, porque creemos que no están haciendo el trabajo como se debe hacer", señala Infancia Robada, que insiste en las reivindicaciones que presentaron a  tres presidentes de la CEE distintos (Blázquez, Omella y Argüello), y que "siguen sin ser cumplidas, ni tan siquiera observadas".

La mayor parte de las víctimas vinculadas a ANIR se han negado a participar en el plan PRIVA, quedan a la espera "de que el Gobierno haga su trabajo, y en breve podamos empezar a ver la luz siempre y cuando el Gobierno cumpla con nuestras expectativas". Respecto a la Iglesia, "ya hace tiempo que Anir cerró sus puertas a cualquier otro tipo de reunión, ni tan siquiera consideramos que se merezca una reunión después del paripé que están haciendo a través de esto que llaman Plan PRIVA" finaliza.