Un trabajo duro en una sociedad a la que poco le importa cómo se explotan los recursos y a las personas Trata en la Amazonía peruana, mercantilización de personas por quienes expolian la Casa Común

En la Amazonía, donde el expolio de los recursos se ha instalado como actitud dominante, la trata es algo que está íntimamente relacionado con estas prácticas

Es necesario que se tenga una visión diferente de las víctimas, a quienes muchas veces se las persigue y se las ve como acusadas

Este es un problema de estructura social, que el gobierno esconde, ha abandonado al pueblo, le ha dejado en vulnerabilidad

La visita del Papa Francisco visibilizó el flagelo de la trata y aparentemente logró tocar el corazón de algunas personas, pero no es algo que se sostiene

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El mercantilismo se ha instalado como cultura dominante, lo que lleva a ver las cosas, la naturaleza y las propias personas como algo de lo que aprovecharse en la medida en que puede reportar lucro. Eso ha llevado a una mercantilización del otro, como decía el Papa Francisco la semana pasada a los participantes en la Conferencia Internacional sobre Migración y Trata, celebrada en Roma de 8 a 11 de abril.

En su discurso, el obispo de Roma afirmaba que “la trata de seres humanos es una de las manifestaciones más dramáticas de esta mercantilización”. En la Amazonía, donde el expolio de los recursos se ha instalado como actitud dominante, la trata es algo que está íntimamente relacionado con estas prácticas. Esto se puso de manifiesto en la llamada “Operación Mercurio”, con la que el gobierno peruano pretendió acabar con la minería ilegal en la región de La Pampa, departamento de Madre de Dios, Amazonía peruana, de donde fueron expulsados unos treinta y cinco mil mineros en los primeros meses de 2019.

Uno de los problemas, como reconocen desde la Defensoría del Pueblo, es que muchas no se consideran víctimas, lo que dificulta el trabajo y demanda otras estrategias de acercamiento, de información, para que se identifiquen como víctimas. Eso también es confirmado desde el Ministerio de la Mujer, quienes afirman que en la “Operación Mercurio” todas quisieron irse, porque estaban presionadas, siguiendo la consigna de las líderes del grupo, que no admiten soplonas, lo que es una limitación en el trabajo de combate.

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De hecho, el trabajo es muy improvisado, sin articulación. Inclusive es necesario que se tenga una visión diferente de las víctimas, a quienes muchas veces se las persigue y se las ve como acusadas. Eso reclama nuevos protocolos de actuación, algo en lo que parece que se está trabajando, intentando aprobar un protocolo único de actuación para el rescate de víctimas.

En Perú existe el Programa de Asistencia a Víctimas y Testigos, que es llevado a cabo por la UDAVIT (Unidad Distrital de Víctimas y Testigos), donde las víctimas, una vez que las rescatan, pasan por una entrevista donde dan el consentimiento para hacer parte de ese programa de protección, pero muchas no quieren acogerse, pues no se consideran víctimas. De hecho, en la “Operación Mercurio” sólo dos se acogieron a la UDAVIT y al día siguiente se fueron, reconocen desde el Ministerio de la Mujer.

En ese sentido, desde el Ministerio se insiste en hay que separarlas, pues cuando están en grupo no dejan que ninguna se acoja al programa, protegiendo al explotador. Hay víctimas que sabiendo que lo son, no quieren denunciar, no quieren quedar mal con la “mano que les ha dado de comer”. Se puede decir que hay un “Síndrome de Estocolmo”.

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En muchos casos, las víctimas llegan desde localidades alto andinas, de la selva norte y de la costa norte, donde se vive con recursos precarios, de una manera muy paupérrima, que no dan para subsistir, con condiciones infrahumanas, sin agua, sin luz, sin nada. De hecho, mucha gente llega a la región de Madre de Dios para conseguir un poco de dinero, ganan un poco de plata y no se sienten explotados, se sienten más explotados cuando una arroba de papas, que son once kilos, les hacen un cambio por quince naranjas, o un poco de sal, o un poco de azúcar, afirman desde la Defensoría Pública. 

Ahí, algunos se hacen una pregunta que no deja de tener cierta lógica, ¿quiénes somos nosotros para decirles que eso está mal, que eso no debe ser, si no les hemos dado otras mejores opciones de vida? Este es un problema de estructura social, que el gobierno esconde, ha abandonado al pueblo, le ha dejado en vulnerabilidad, no dudan en afirmar desde la Defensoría, pues el estado tiene que estar en todas esas zonas de donde viene la gente y darles todas las alternativas para vivir. Hay que trabajar en las zonas de donde vienen. ¿Qué hacer para que cuando vuelvan a sus lugares de origen tengan mejores condiciones? Mucha gente no quiere volver, prefieren seguir y mandar un poco de dinero a su familia.

Existen ejemplos que nos muestran la forma de pensar y la magnitud del problema, como lo que pasó con una mamá que decía que no le querían devolver a su hijo, a quien había dejado en una panadería ayudando a trabajar y así poder estudiar en el colegio. El papá falleció y quería el hijo de vuelta, pues la mamá sola no podía cultivar la tierra. El niño, que no iba a la escuela y se levantaba a las tres de la mañana a hacer pan y pasaba toda la mañana repartiéndolo, durmiendo un poco por la tarde, no quería volver, “porque la señora es buena, me da desayuno, me da dos panes con café con azúcar, la sopa a veces me da con carne”. En la casa de su mamá, sólo conocían un poco de sal, comían todo el año cebada, no había más que comer. Para el chico comer esas cosas hacía que no se sintiese explotado.

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El proceso de visibilización de la trata en el Perú tiene poco tiempo, desde 2011 en adelante. En cada departamento peruano estas leyes se han ido implementando poco a poco. Inclusive faltan datos actuales, pues los últimos se remiten a 2014, como señalan en el Ministerio de la Mujer. Según esos datos, Madre de Dios, con 205, tenía el mayor número de víctimas de todo el país. De hecho, hay muchas trabajadoras sexuales en torno a la minería, lo que no se determina como trata. Actualmente, en esa situación están muchas migrantes venezolanas. Se puede decir que el sistema es el mismo en la explotación sexual y en el trabajo en condiciones degradantes. En este aspecto, hay un nuevo concepto en la ley peruana que es trabajo forzoso, que se está analizando.

Tampoco se oculta que, en el Perú hay mucha tolerancia social a la violencia de género y a la violencia en la explotación laboral, es algo histórico. Desde el Ministerio de la Mujer, se dice que en los últimos nueve o diez años el estado está asumiendo la lucha frontal contra la trata, cada vez se invierte más recursos públicos en la prevención y combate a la trata, pero la sociedad todavía es muy tolerante, hasta el punto de que hay gente que dice que a las víctimas les gusta la plata fácil. Todo es consecuencia de un estado fallido, que no garantiza condiciones de trabajo dignas.

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Desde el propio Ministerio se afirma que la visita del Papa Francisco visibilizó el flagelo de la trata y aparentemente logró tocar el corazón de algunas personas, pero no es algo que se sostiene. En ese sentido, se reconoce que es importante el trabajo que viene haciendo el Vicariato de Puerto Maldonado a través de la oficina de Derechos Humanos, uno de los pocos que se hacen desde la sociedad civil. Es un trabajo duro en una sociedad a la que poco le importa cómo se van explotando los recursos y cómo se va explotando a las personas, como si fueran un recurso más. La Iglesia se ha esforzado en articular con la sociedad civil, a través de la veeduría ciudadana, sobre todo sensibilizando a la población, que es algo que ha acabado desapareciendo.

En los últimos años, la vida religiosa del Vicariato se ha sumado al trabajo de la Red Kawsay, con reuniones mensuales y participación en encuentros en diferentes lugares del país, así como trabajo en común con algunas ONG y organizaciones locales, inclusive con el propio Estado, a través de la Comisión Multisectorial contra la Trata de Personas, en la que están presentes 60 estamentos, la mayoría del Estado. En el Perú existe una ley que obliga a todas las instituciones del Estado a hacer un trabajo en relación a la trata, con campañas para sensibilizar a la sociedad desde diferentes ámbitos. En estas reuniones se invitó algunas veces a las instituciones del Estado relacionadas con la trata, que por ley tenían que hacer un trabajo, como la fiscalía, la unidad de atención de víctimas y testigos.

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Desde el propio Vicariato se reconoce que la Iglesia tiene que estar para poder decir al Estado aquello que no está haciendo bien, como un aporte a la sociedad. Para llevar a cabo este trabajo, a través de la Radio Madre de Dios, que pertenece al Vicariato de Puerto Maldonado, el programa llamado “Dialogando tus derechos”, ha intentado informar a la gente sobre a donde dirigirse, que este era un delito, que había que denunciar. También se han organizado un taller con los medios de comunicación, pues muchas veces se victimiza más que informar. El gran fallo es, y siempre ha sido, la falta de atención a las víctimas y la persecución. La Iglesia siempre ha estado dedicada más a la prevención y en algunos casos la atención a víctimas de trata, apoyando lo que estaba desarrollando el gobierno.

Desde la Iglesia también se ha tratado de acompañar a las familias, como la de una joven de 14 años que venía de Ayacucho. Desde 2017, después de conocer al padre de la víctima, la Iglesia se planteó cómo acompañar a las familias, que en cierta manera, a veces, no han abierto los ojos ante este delito y después necesitan o buscan justicia. Este señor, cuya hija desapareció en 2014, fue asesinada y nadie ha sido condenado, pues los acusados quedaron libres, aunque el padre exige justicia. Poder estar en contacto con esos papás, aunque es muy doloroso, muestra la otra cara de la trata y de la explotación sexual de menores.

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La Iglesia debe empoderar a las comunidades de donde proceden esas víctimas, trabajar con la gente para que, por lo menos, cuando tengan que salir de sus comunidades, tengan un contrato de trabajo, entiendan lo que eso significa, sepan quienes les contrata, digan a donde van, cuales son los peligros a los que están expuestos los jóvenes que salen. También acompañar en los lugares de destino, darles argumentos para que se convenzan que son víctimas, pues muchas veces no se identifican como tales, no quieren denunciar, regresan a lo mismo. No se trata simplemente de ofrecerles un albergue.

En la región de Madre de Dios, actualmente no hay estadísticas fiables, pero se ha llegado a hablar de tres mil víctimas, aunque no hay datos objetivos. Sea una, o cien víctimas, el tema es que el problema es grave, todavía más sabiendo que hay menores de edad. De hecho, en los últimos meses son varias las detenciones que se han llevado a cabo en la región acusados de explotación sexual de menores.

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