La 'polémica' amnistía fue aprobada por el Parlamento contraviniendo la disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos Castillo y Barreto piden a los jueces peruanos no aplicar la amnistía para militares y policías

Los cardenales peruanos Carlos Castillo y Pedro Barreto, junto a otros altos cargos eclesiásticos, emitieron un comunicado en el que pidieron a los jueces del país andino no aplicar la recientemente aprobada ley de amnistía para militares, policías y civiles de comités de autodefensa que estén procesados o hayan sido condenados por delitos en el marco del conflicto armado interno (1980-2000), porque «genera impunidad».

La amnistía fue aprobada por el Parlamento a iniciativa de un conjunto de fuerzas conservadoras, la mayoría de derechas y con varios militares y policías retirados entre sus filas, y promulgada por la presidenta, Dina Boluarte, en contra de la disposición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que había solicitado suspender el trámite para su entrada en vigencia.

Boletín gratuito de Religión Digital
QUIERO SUSCRIBIRME

La norma está contemplada para aplicarse a cualquier miembro de las fuerzas de seguridad y comités de autodefensa que se encuentren procesados por delitos cometidos durante el combate a las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), y también para aquellos condenados que tengan más de 70 años de edad.

"La ley de amnistía niega la dignidad de la persona humana y su vida misma, y le resta gravedad a la muerte y los delitos que con ensañamiento se perpetraron en contra de seres humanos"

«La ley de amnistía niega la dignidad de la persona humana y su vida misma, y le resta gravedad a la muerte y los delitos que con ensañamiento se perpetraron en contra de seres humanos», señaló el documento que cuenta con las firmas de Castillo, Barreto y el arzobispo de Trujillo, Alfredo Vizcarra, entre otros.

Por este motivo, las autoridades eclesiales se suman a quienes piden a los magistrados del Poder Judicial, que tienen en sus manos la posibilidad de realizar un control de esta norma, «que en nombre de la Justicia inapliquen esta ley que genera impunidad frente a delitos de grave crueldad».

«No podemos aceptar la vulneración de los derechos humanos y el acceso a la verdadera justicia, y movidos por la fe y la esperanza, invitamos a los actores políticos y sociales a dejar de lado toda actitud de rivalidad e iniciar un camino de reconciliación, sobre la base de la justicia y la verdad, en aras de la paz duradera», agregaron.

Castillo, Barreto y el resto de firmantes considera que esta ley «es contraria a la justicia» pues fomenta la impunidad de los delitos de lesa humanidad, entre ellos, las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones sexuales y torturas.

Añadieron que estos delitos, que recibieron sentencia firme de tribunales nacionales, son también reconocidos como tales por convenciones y sistemas internacionales de protección de derechos humanos que el Estado Peruano suscribió en su momento.

«Debemos reiterar que la justicia es para todos, por eso los procesos judiciales que busquen genuinamente la verdad, no pueden tener una duración cruel e irrazonable (…) El Perú no puede -ni debe- contradecir ni apartarse de tratados internacionales de derechos humanos suscritos y ratificados en el ejercicio de su soberanía», indicaron.

También reafirmaron que la Iglesia valora y agradece lo que han hecho y hacen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, pero les preocupa seriamente que pudiéndose estudiar cada caso, se haya generalizado una amnistía que puede permitir la impunidad de aquellos que han caído en delitos, «violándose flagrantemente los derechos humanos».

El conflicto armado interno (1980-2000) fue una de las épocas más violentas de la historia de Perú que dejó unos 69.000 muertos, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), desatada por la organización maoísta Sendero Luminoso y el marxista MRTA.

"Las acciones terroristas de los grupos armados fueron respondidas por las fuerzas de seguridad con episodios de extrema crueldad hacia la población, donde se vulneraron derechos humanos con torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas"

Las acciones terroristas de los grupos armados fueron respondidas por las fuerzas de seguridad con episodios de extrema crueldad hacia la población, donde se vulneraron derechos humanos con torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), que ha acompañado y denunciado varios casos de violaciones durante el conflicto interno, sostiene que la amnistía «borra décadas de lucha por justicia y verdad» y apunta que más de 150 condenas y 600 procesos «están en riesgo».